Miles de independentistas catalanes se manifestaron este lunes y paralizaron parcialmente el aeropuerto de Barcelona, en protesta por la condena de nueve de sus líderes a penas de hasta 13 años de prisión por su implicación en el fracasado intento de secesión de 2017.
Según constató la AFP, los agentes cargaron en repetidas ocasiones contra los manifestantes que, lanzando piedras y papeleras, intentaban romper el cordón policial en la entrada del aeropuerto de la capital catalana, el segundo más grande de España.
La tensión se incrementó por la noche, con los manifestantes lanzando a la policía piedras, extintores, palos, latas y petardos, aunque la protesta se disolvió sobre las diez de la noche (hora local).
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La protesta fue convocada por la plataforma separatista ‘Tsunami Democrático’, e incluyó el cierre de carreteras y vías férreas de acceso al aeropuerto, lo que obligó a muchos pasajeros a llegar a pie con su equipaje hasta el terminal.
Según los servicios de urgencia, 53 personas tuvieron que recibir asistencia sanitaria en el aeropuerto. Al menos 108 vuelos fueron anulados, según el administrador del aeropuerto Aena.
El objetivo era mostrar repudio a la sentencia que condenó al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras a 13 años de prisión por sedición y malversación, la más dura de las penas contra los doce separatistas procesados de febrero a junio por el Tribunal Supremo en Madrid.
Además de él, fueron condenados la ex presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell (11 años y medio), el expresidente y presidente de las influyentes asociaciones independentistas ANC y Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart (9 años), y cinco antiguos ministros regionales (entre 10,5 y 12 años).
Otros tres ex ministros regionales, que estaban en libertad condicional, deberán pagar una multa de 60,000 euros por el delito de desobediencia.
“No es justicia, es una venganza”, denunciaron en un comunicado común los nueve independentistas condenados a penas de cárcel.
En otros lugares de Cataluña también hubo cortes de carreteras y vías ferroviarias, según las autoridades locales. Y en el centro de Barcelona hubo momentos tensos esta noche cuando miles de manifestantes se congregaron ante la jefatura de policía nacional, guardada por agentes antidisturbios que cargaron con sus porras en respuesta a los lanzamientos de objetos.
“Creo que esto va a ser muy lento, pero se trata de hacer daño al Estado, bloqueando aeropuertos y carreteras”, dijo en esa manifestación el geólogo Eduard Bernadich, quien cree que “la respuesta tiene que venir de la calle, y no tanto del gobierno” catalán.
El movimiento independentista había llamado a la “desobediencia civil pacífica” en caso de condena, ante la cual muchos manifestantes mostraban su irritación.
“Siempre hemos buscado vías pacíficas pero nadie nos hace caso (…) Por eso hacemos esto, para causar la máxima molestia posible, que afecte a todo el mundo, a ver si se dan cuenta”, indicó a la AFP cerca del aeropuerto Carles Navarro, un consultor de software de 49 años.
“Volveremos”
“Volveremos, y volveremos más fuertes (…) no tengáis ninguna duda, volveremos y ganaremos”, indicó en una carta Junqueras, líder del partido Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), principal acusado en este juicio histórico en ausencia de Carles Puigdemont, expresidente catalán huido en Bélgica.
Contra este último el Tribunal Supremo emitió una nueva orden internacional de detención por sedición y malversación.
Más allá de la reacción en esta región de 7,5 millones de habitantes fuertemente divididos en cuanto a la independencia, la sentencia devolvió la cuestión catalana al centro del debate político, a escasas semanas de las elecciones legislativas del 10 de noviembre.
“Si dejamos de lado los extremismos podemos iniciar una etapa nueva en la que la vuelta a la concordia sea uno de los principales pilares de Cataluña”, afirmó el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, quien dijo abogar por el “diálogo” para salir de esta larga crisis política.
Sánchez ha avisado de que en caso de ser necesario adoptará medidas extraordinarias para garantizar la seguridad en Cataluña, incluso suspender su autonomía regional, como ocurrió en 2017.
