La justicia sueca anunció el lunes la reapertura del caso de 2010 por presunta violación contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, con la esperanza de que comparezca en un tribunal antes de la prescripción de los hechos en 2020, si no es extraditado a Estados Unidos.
Este anuncio de la fiscalía de Estocolmo vuelve a hacer emerger una novela judicial que dura desde hace casi una década, durante la cual Julian Assange y quienes lo apoyan no dejaron de denunciar una maniobra para hacer extraditar al australiano a Estados Unidos para responder por la publicación de Wikileaks de documentos secretos estadounidenses.
Según la versión oficial, fue para evitar esta extradición que Julian Assange, hoy de 47 años, se refugió en 2012 en la embajada de Ecuador en Londres.
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Ante su ausencia, y la incapacidad de hacer avanzar la investigación, la justicia sueca había abandonado el caso en mayo de 2017.
Pero su espectacular detención el 11 de abril por la policía británica en la embajada de Ecuador avivó las esperanzas de la querellante y de su abogada de que Assange fuera entregado a Suecia, antes de que prescribieran los hechos en agosto de 2020.
Euroorden
“Hoy he decidido reabrir la investigación” anunció este lunes Eva-Marie Persson, fiscal adjunta.
“Como Assange ha salido de la embajada ecuatoriana, están reunidas las circunstancias para pedir su entrega (a Suecia) en virtud de una euroorden europea, lo cual no podía ser el caso antes del 11 de abril”, explicó.
La querellante, que tenía unos 30 años en el momento de los hechos, había conocido a Assange durante una conferencia de Wikileaks en Estocolmo.
Lo acusa de haberle impuesto una relación sexual la noche del 16 de agosto, mientras ella dormía y sin preservativo, pese a haber rechazado previamente cualquier relación no protegida.
Julian Assange siempre ha afirmado que la mujer consintió la relación y aceptó que en ella no se usara preservativo.
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El australiano también fue interrogado por otra supuesta agresión sexual tras una querella interpuesta por otra mujer por presuntos hechos ocurridos el 13 de agosto de 2010. Pero estos hechos prescribieron en 2015.
Otra mujer lo acusó de violación, un hecho por el que Assange fue interrogado en la embajada ecuatoriana en noviembre de 2016 por un fiscal de ese país en presencia de una juez de instrucción sueca.
“Soy totalmente inocente” escribió luego Assange en un mensaje, con la transcripción de sus declaraciones al fiscal ecuatoriano.
Su abogado sueco, Per E Samuelson, opinó este lunes que Suecia se “ridiculizaba” al reabrir casos “viejos de 10 años”. “No tengo la menor preocupación en lo que respecta a la cuestión de la culpabilidad”, dijo a la televisión.
En cambio, la abogada de la querellante afirmó que la decisión de la justicia sueca “envía una fuerte señal”. “Nadie está por encima de la ley, ni siquiera cuando uno se llama Julian Assange”, aseguró Elisabeth Massi Fritz a la prensa en Estocolmo.
Limpiar su nombre
Tras el anuncio de la justicia sueca, Wikileaks afirmó que ello permitirá a Julian Assange “limpiar su nombre”.
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El periodista islandés Kristinn Hrafnsson, jefe de redacción de esa plataforma de filtraciones, afirmó asimismo en un comunicado que hubo “presión política” en Suecia para que se reabriese el caso.
Julian Assange está acusado por la justicia de Estados Unidos de Asociación de malhechores con vistas a cometer un “pirateo informático”, por haber ayudado al exanalista de inteligencia norteamericano Chelsea Manning a obtener una contraseña para acceder a miles de documentos considerados ultrasecretos.
Assange se niega a ser extraditado a Estados Unidos donde, según el representante de la justicia de este país, puede ser condenado a una pena máxima de cinco años de prisión.
El análisis del procedimiento de demanda de extradición a Estados Unidos sigue su curso.
Sin embargo, según la fiscalía sueca, en caso de “concurrencia entre una orden de detención europea (euroorden) y una demanda de extradición estadounidense, son las autoridades británicas las que fijan la prioridad”.
De momento, Assange ha sido condenado en Reino Unido a 50 semanas de prisión por violar sus condiciones de libertad provisional.
