A finales del año pasado la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes (CDHEA) emitió la recomendación general 2/2018 en la que se indica que las policías municipales de Aguascalientes deben tener intervención mínima en el tratamiento de menores que incurren en conductas infractoras de normas de carácter administrativo, reduciendo al mínimo la posibilidad de que sean detenidos.
En este sentido, las corporaciones policíacas de los municipios han comenzado a tener complicaciones para acatar la recomendación, ya que se deben crear nuevas políticas públicas e infraestructura para la atención de los menores infractores, según comenta el presidente municipal de Pabellón de Arteaga, Cuauhtémoc Escobedo Tejada, en entrevista para Newsweek Aguascalientes.
“Llegó una recomendación, que es general para todas las policías municipales, en términos de que no se les puede detener a los menores de edad y ese va a a ser un reto porque la mayoría de los detenidos son adolescentes”.
En Pabellón de Arteaga son menores de 18 años de edad alrededor del 80 por ciento de las personas detenidas por faltas administrativas o la comisión de algún delito, principalmente por los delitos de robo, narcomenudeo y posesión de drogas.
De ellos, hay una cantidad importante de jóvenes reincidentes, añadió Escobedo Tejada.
“Tenemos una base de datos de más de 60 chicos que tenemos perfectamente ubicados de cómo operan, dónde andan, cuál es la incidencia delictiva; hay jóvenes que son detenidos al menos una vez a la semana”, destacó.
En caso de infracciones de policía y gobierno, en ningún caso se aplicarán sanciones como si se tratara de personas adultas, por lo que los menores de edad no podrán ser detenidos, ni sancionados como mayores de 18 años.
En la recomendación también se señala que se deberá evitar el uso deliberado de la fuerza así como de actos de violencia o tortura en contra de los menores de edad.
Por lo anterior, el primer edil destaca la necesidad de establecer nuevos protocolos de tratamiento para los menores de edad, capacitar a los elementos policíacos y ampliar la atención de las áreas de trabajo social y prevención del delito.
“Para atender la recomendación hay que establecer un protocolo distinto porque ya no podrán estar en las celdas, se tendrá que hacer un área más social, con psicólogos y trabajadores sociales, quizá involucrar más a los papás, pero no podremos meterlos a la celda”, aseveró.
Asimismo, los ayuntamientos deberán incrementar los programas educativos, culturales y deportivos para evitar que los niños y adolescentes incurran en la comisión de alguna falta administrativa o en conductas delictivas.
Por otra parte, se deberán atender las problemáticas de las familias para recomponer el tejido social.
“Es muy difícil porque la mayoría de los papás trabajan y otros están metidos en una crisis familiar, hay familias disfuncionales, no les ponen atención y a veces sí nos dan las horas esperando que vayan los padres a recoger a los hijos, pero los padres no llegan”.
