El proceso de urbanización en México es creciente; de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), alrededor del 80% de la población nacional vive en localidades urbanas; y la concentración de personas en grandes urbes está creciendo aceleradamente: hoy viven más de 50 millones de personas en tan sólo 10 zonas metropolitanas, entre las cuales destacan por supuesto las de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, pero hay otras de un intenso dinamismo: Puebla, León, Veracruz, la región de la Laguna y Querétaro, sólo por citar algunos casos.

A pesar de ello y de los múltiples discursos que se han pronunciado desde el Gobierno, en todos sus órdenes y niveles, no hemos logrado construir como país un nuevo modelo de gobernanza que permita adecuar los procesos hacendarios, presupuestales, reglamentarios y administrativos a esta nueva y compleja realidad, y seguimos operando bajo la idea de municipios aislados entre sí, y con modelos donde las ideas de interdependencia, colaboración y coordinación brillan por su ausencia en lo que a su efectividad práctica se refiere.

Debe decirse que las ciudades no son solo espacios físicos; en realidad, se trata de entramados sociotecnológicos en los cuales se desarrollan, se resuelven o se complejizan las contradicciones que surgen de los múltiples procesos de interacción social.

Las ciudades son “entidades vivas” cuyos límites son tan artificiales como inútiles: comparten calles, tuberías, redes de cableado, redes de suministro; son interdependientes y lo que ocurra en una de ellas, en los ámbitos metropolitanos, afecta de manera inmediata y directa a lo que pasa en las otras de las que son vecinas.

Por eso es condenable el abandono que hubo en las últimas tres administraciones respecto de la urgente consolidación de un sistema urbano nacional, resiliente al cambio climático, volcado hacia la productividad y la competitividad, capaz de generar cadenas de valor; y todo ello desde una perspectiva integral de garantía y protección de los derechos humanos y sociales de la población.

Las ciudades han crecido sin tener en cuenta perspectivas como la de la competitividad territorial, es decir, la capacidad de un territorio para que sus habitantes, visitantes y usuarios tengan plena garantía de condiciones de habitabilidad.

El derecho a la ciudad, concepto acuñado por Henri Lefebvre en la década de los 70, nos es presentado ahora como una gran novedad, cuando su desarrollo ulterior exigiría mucho más que las tímidas referencias que se hicieron de él en la Constitución de la Ciudad de México; y ya no se hable del resto de las zonas metropolitanas donde numerosos alcaldes no han escuchado siquiera hablar del término.

Necesitamos de una nueva perspectiva urbana que nos lleve también a la redefinición de lo rural como espacio, no complementario, sino con su propia lógica de desarrollo, crecimiento y protección del capital cultural y natural que ahí se encuentra. Es decir, la aspiración no debería ser transitar universalmente hacia lo urbano, sino a la generación de una nueva dinámica de complementariedad y diálogo territorial, socioeconómico y ambiental entre ambas realidades.

Necesitamos construir ciudades que, centradas en la construcción de espacios territoriales apropiados para la niñez, permitan la convivencia y accesibilidad para todas las edades y para todas las condiciones o circunstancias; necesitamos generar ciudades incluyentes, tolerantes y con la vocación permanente de convertir a sus poblaciones en ciudadanías sociales plenas.

La nueva administración, que inicia en dos días, tiene el enorme reto de incorporar una perspectiva así en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024; con miras a cumplir por un lado los Objetivos del Desarrollo Sostenibles, en lo relativo a la reducción de las desigualdades y la construcción de ciudades resilientes; pero por el otro a convertir a nuestras ciudades y núcleos urbanos en auténticos agentes de transformación económica y social a fin de crecer con equidad.

La pobreza, la marginación, la desigualdad son derrotables; pero no con las estrategias e instrumentos de que disponemos ahora; por eso urge cambiar.