La doctora Rosario Valdez, directora del Centro de Investigación en Lesiones y Violencia del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), resaltó durante el Noveno Congreso Internacional de Investigación en el Posgrado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes la necesidad de contar con un órgano federal que coordine las estrategias y el trabajo entorno al suicidio, con el fin de implementar una política pública a lo largo del país.
Además de la creación de este órgano, mencionó que se debe contar con financiamientos federales dirigidos a las autoridades de salud mental en cada una de las entidades. Aunado a esto, presentó la necesidad de contar con una Ley de Salud Mental, así como con la activación de programas estatales que den seguimiento a las personas que han intentado realizar un acto suicida, quienes, de acuerdo con el INSP representan al 2.7% de la población mexicana.
La investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría, Catalina González Forteza, mencionó que a finales de los años 90 la población en la que se presentaba con mayor frecuencia esta problemática era en los adultos mayores, sin embargo, en los últimos años la tendencia se ha inclinado a los adolescentes, convirtiéndose en la segunda causa de muerte para este sector de la población a nivel nacional.
Por último, la presidenta de la Red Mundial de Suicidólogos, Ángela Martínez Gonzáles, destacó que esta problemática “requiere de una investigación del entorno en el que se desarrolla y la necesidad de involucrar a todos los actores de la población para su prevención y atención oportuna”.
