Por qué el nuevo gobierno de Colombia va contra la amnistía al secuestro y narcotráfico


Por qué el nuevo gobierno de Colombia va contra la amnistía al secuestro y narcotráfico

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Iván Duque asumió la presidencia de Colombia mientras el país atraviesa por la reconciliación con las ahora extintas FARC. El político, un crítico al proceso de paz que el país puso en marcha en 2016, expresó sus intenciones por retocar el acuerdo al tiempo que su gobierno anunció un proyecto de ley para impedir que el secuestro y el narcotráfico obtengan amnistía en el futuro.

La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, dijo que impulsarán la reforma para que “el narcotráfico y el secuestro no sean considerados delitos conexos con los delitos políticos”, como la rebelión, asonada o sedición.

La propuesta no afectará los compromisos asumidos con las Fuerzas Armadas en el pacto de paz de 2016, la iniciativa que irá al Congreso –donde el partido en el poder tiene mayorías– podría suponer un obstáculo en el proceso con los rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Es una talanquera, la idea es continuar con la negociación con el ELN, pero que sean conscientes que eso (el secuestro y el narcotráfico) no va a ser amnistiable”, afirmó Borrero al medio.

Convertida ahora en partido político, la exguerrilla FARC y el gobierno del expresidente Santos pactaron un sistema especial de justicia que prevé penas alternativas a la cárcel para quienes confiesen sus crímenes, incluido el secuestro, reparen a las víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia.

Duramente cuestionado por el Centro Democrático, partido al que pertenece Duque, el acuerdo de paz establece que los magistrados de paz determinarán, caso por caso, cuando un guerrillero empleó el narcotráfico como un medio para financiar la rebelión contra el Estado o una fuente de enriquecimiento personal.

Las partes acordaron igualmente amnistía para los rebeldes que no estén implicados en delitos graves de guerra o de lesa humanidad, incluido el rapto de personas.

Durante su discurso de posesión del martes, Duque anticipó correctivos a lo pactado con la otrora guerrilla comunista, así como una revisión a los diálogos en curso con el ELN en Cuba, que incluirán nuevas y duras condiciones como el cese unilateral de “acciones criminales, con estricta supervisión internacional”.

“Ha llegado el momento de evitar que los grupos armados ilegales que secuestran y trafican drogas pretendan ganar beneficios mimetizando sus delitos con causas ideológicas”, sostuvo Duque.

Los grupos rebeldes han admitido que se financian con secuestros y aunque rechazan estar implicados directamente en el narcotráfico reconocen que cobran “impuestos” en las zonas con narcocultivos bajo su influencia.

Según el estatal Centro de Memoria Histórica, en más de medio siglo conflicto, se han documentado 37,094 casos de secuestro, uno de los crímenes más repudiados por los colombianos.

Tras décadas de lucha contra el narcotráfico, Colombia es el mayor proveedor mundial de la cocaína que llega a Estados Unidos, el principal consumidor de esa droga.

Con información de AFP

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