Democracia Participativa.
Recientemente fue aprobada una nueva Ley de Participación Ciudadana para Aguascalientes, con lo que se busca garantizar y consolidar la democracia participativa de la sociedad. La democracia no es solo votar en día de elecciones, como regularmente nos lo han hecho creer; la democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo, lo que durante años no se ha cumplido a través de autoridades que sólo han buscado su beneficio personal.
Así, esta nueva ley busca que la ciudadanía sea escuchada sobre temas de importancia en donde estén en juego su vida social (plebiscito, consulta ciudadana, etc.); que tenga el poder de avalar o rechazar acciones de la autoridad (referéndum), e incluso pueda quitarle el poder a aquellos que no cumplen con su función de servir al pueblo que representan (revocación de mandato); también que proponga temas de importancia para legislar, que regularmente quedan en el olvido por intereses de partidos. Es decir, esta Ley quiere recordarles a las autoridades que son servidores públicos, empleados del pueblo, y deben servirlo a ellos, no a sus propios fines.
Si bien esta Ley es trascendental, de avanzada y un logro para esta democracia participativa, algunos de sus contenidos pueden seguir limitando la participación de la ciudadanía, y provocar que siga quedando en papel, como la mayoría de los derechos en México. Me explico: de acuerdo a la ley, el plebiscito, referéndum y la revocación de mandato pueden rechazarse si no son trascendentes para el orden público e interés social; mi pregunta es ¿cómo determinará el Instituto Electoral qué es de orden público e interés social? ¿Recordamos que estos conceptos vienen del sistema nazi, donde el interés del Estado era más importante que el interés del ciudadano? (y vimos los resultados). También de acuerdo a la Ley, estas solicitudes podrán rechazarse si la motivación o argumentación no tiene relación con el acto o sus razones, o cuando no cumpla con las formalidades de la Ley; es decir, nuevamente los derechos de las personas estarán limitados por tecnicismos y legalismos que impedirán su acceso a la tutela de sus derechos, a pesar de que Constitucionalmente no debe rechazarse una petición por formalidades. Es decir, seguirá monopolizándose por expertos el derecho de personas no expertas. Y recordamos a Foucault cuando decía que el sistema jurídico era así, para que los abogados adquirieran el monopolio y no la ciudadanía.
Por último, la iniciativa ciudadana, que no es más que el poder presentar iniciativas de Ley, quedó estructurada de tal manera que podrá mermar, operativamente, el ejercicio de este derecho, ya que se requiere un uno por ciento del padrón Estatal para presentar la iniciativa, sin que se explique por qué esta restricción, o cual es la diferencia con un legislador que puede presentar iniciativas sin formar parte de un porcentaje de legisladores, e incluso representando a personas que no votaron por él; además, el ciudadano no podrá presentar iniciativas en materia electoral, fiscal, administrativa, penal, derechos humanos, etc., pero un legislador si puede. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un ciudadano que quiere proponer una ley y un legislador que hace lo mismo? Se entiende que se pretendan restringir temas delicados, pero se trata sólo de una propuesta, no de que se vaya a aprobar la iniciativa, o ¿por qué al legislador sí se le permite presentar iniciativas inconstitucionales, discriminatorias, ilegales o que incentivan conciencias populares incorrectas?; también la ley exige requisitos para presentar estas iniciativas, so pena de ser rechazadas, ¿y cuando se les piden requisitos a los legisladores para ello?; y si a esto le agregamos que la iniciativa se tiene que presentar ante el Instituto Electoral, y no ante el Congreso, a pesar de que cuando la reciba el Congreso la podrá rechazar, le agregamos otros tiempos burocráticos que podrán inhibir el ejercicio de estos derechos.
Pero bueno, primero que se aplique, y luego vemos como la adecuamos. Por lo menos que se aplique y que se cumpla.
Fiscalía General del Estado.
Ha sido nombrado un nuevo titular de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes. El Maestro Jesús Figueroa Ortega, comenzará su cargo el próximo 1 de marzo. Con una amplia experiencia en materia penal, abogado egresado de las Licenciatura y Maestría de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, académico, catedrático de la UAA y otras universidades locales y nacionales; con carrera Judicial y varios años como Juez, y buena relación con los operadores del sistema penal, es el mejor perfil para una Institución que debe seguir avanzando en la consolidación de la confianza social, la investigación del delito y el respeto a los derechos humanos. El Fiscal René Urrutia de la Vega, ha realizado un excelente trabajo en el tiempo que ha dirigido a la Institución del Ministerio Público, y confío en que el Mtro. Figueroa superará esas actividades, seguirá consolidando la Autonomía Constitucional del Ministerio Público, y la Fiscalía continuará por buen camino. En verdad tengo mucha esperanza de que vienen buenos tiempos para la procuración de justicia en Aguascalientes. ¡Enhorabuena Chuy!
Otras cosas: ¿exámenes robados y vendidos?.
Hace unas semanas, el Consejo de la Judicatura Federal informó que dejaba sin efecto su reciente Concurso para la Designación de Jueces de Distrito, ya que tenía indicios de que el examen de conocimientos había sido robado y vendido a algunos aspirantes. Desconozco si esta información del robo es real, o si por otros motivos el examen fue anulado. Lo que sí sabemos, por denuncias de varios aspirantes de todo el país, es que el día del examen se trató inhumanamente a una mayoría de personas que acudieron a presentarlo, ya que los citaron a temprana hora, y a un pequeño grupo lo ubicaron en un lugar no especificado, y a muchos en un estacionamiento improvisado como aula, con sillas incómodas, sin tener lugar para apoyarse, y estuvieron casi cuatro horas sin hacer nada, y sin alimento, ya que el examen comenzó a la 1:30 p.m., teniendo también muy poco tiempo para contestarlo. Qué bueno que el Consejo de la Judicatura tomó esta decisión, y confiamos en que, en la próxima convocatoria, se realice algún convenio con universidades para que, en aulas adecuadas, con servicios adecuados, se aplique el examen en condiciones psicológicas, físicas y emocionales de calidad para todos los aspirantes. Ellos son quienes en la actualidad dejan parte de su vida por ampararnos y protegernos, así que también merecen ese amparo y protección al ejercer sus aspiraciones a un cargo superior.
