La ejecución del mexicano Rubén Ramírez Cárdenas en Texas, programada para este miércoles, se pospuso hasta que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos emitiera un fallo.
Aunque su estaba programada para las 18:00, el Departamento de Justicia Criminal del estado se encuentra a la espera de la determinación, luego de que la defensa presentara una apelación, de acuerdo con la agencia de noticias Notimex.
Está programado que el mexicano Rubén Ramírez Cárdenas reciba este día la inyección letal por el asesinato en febrero de 1997 de Mayra Laguna en el Valle de Río Grande, en el sur de Texas, su prima.
Mayra Laguna era una estudiante de secundaria. Fue secuestrada de su dormitorio en el apartamento de la familia en McAllen y su cadáver fue hallado en un canal cerca de un lago.
Ramírez confesó a las autoridades que él y un amigo se llevaron a Laguna en el auto de su madre, que él abusó sexualmente de ella y la mató a golpes cuando ella peleó con él luego que la desató para dejarla ir.
“Yo no planeé hacer eso, pero estaba drogado con cocaína”, les dijo a las autoridades. Declaró que después que él la golpeó en el cuello, la muchacha comenzó a toser sangre y tener problemas para respirar. Dijo que tras no conseguir resucitarla, la ató y “la dejó rodar a un canal”.
Su abogado Greg Kuykendall dijo a la AFP que introducirán varios
recursos legales con el objetivo de obtener un indulto de último minuto.
El gobierno de México, donde la pena de muerte se abolió oficialmente en 2005, alegó que Cárdenas, de 47 años, fue privado de sus derechos a un abogado y a la asistencia consular prevista en la Convención de Viena.
“Para el gobierno de México no se trata de culpabilidad o inocencia, sino de respeto a los derechos humanos y al debido proceso”, escribió en una columna el cónsul mexicano en Austin, Carlos González Gutiérrez. “Desde el inicio del caso”, continuó, “se le negó el derecho al debido proceso”.
La defensa insiste en que hay irregularidades del interrogatorio y la
declaración de culpa, e inconsistencias del testimonio con las pruebas.
“Si se lleva a cabo la ejecución del señor Cárdenas, el gobierno de Estados Unidos estaría implementando la pena capital sin cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos”, advirtieron Agnès Callamard y Elina Steinerte, expertas de derechos humanos de la ONU.
En un comunicado, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) destacó que Cárdenas “no tuvo acceso a un abogado en los primeros 11 días de su detención” y que “algunas de las declaraciones que hizo en ese período fueron usadas por los fiscales durante el juicio”.
“Si se lleva a cabo la ejecución del señor Cárdenas, el gobierno de
Estados Unidos estaría implementando la pena capital sin cumplir con los
estándares internacionales de derechos humanos”, indicaron dos expertas
del organismo, Agnès Callamard y Elina Steinerte, citadas en un
comunicado.
México llevó el caso de Cárdenas y otros mexicanos sentenciados a muerte en su país vecino a la Corte Internacional de Justicia. Esta instancia dijo en 2004, según señaló González, que “Estados Unidos había incumplido sus obligaciones bajo leyes internacionales por no notificar a las autoridades mexicanas del arresto de 51 de sus ciudadanos”.
Sin abogado 11 días
ACNUDH destacó que Cárdenas “no tuvo acceso a un abogado en los primeros 11 días de su detención” y que “algunas de las declaraciones que hizo en ese período fueron usadas por los fiscales durante el juicio”.
El caso se celebra en un momento de tensiones entre México y Estados Unidos, con el presidente Donald Trump proponiendo construir un muro para impedir el paso de indocumentados y un fuerte discurso anti-mexicano: les ha llamado violadores, narcotraficantes y ladrones.
En la actualidad hay 75 ciudadanos mexicanos en procesos penales que podrían acabar con la pena de muerte. Otros 54 ya fueron condenados.
En 2000, el gobierno estableció un programa de asistencia legal para los presos que enfrentan la condena capital en Estados Unidos, llamado MCLAP.
México presentó una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia en 2003 sobre 51 de estos condenados, incluido Cárdenas.
La instancia determinó que “Estados Unidos había violado el derecho a la notificación y acceso consular establecido en la Convención de Viena, y ordenó que “las cortes estatales de ese país tendrían que revisar los casos de 51 mexicanos sentenciados a pena de muerte”.
De esos 51, 13 ya no enfrentan una sentencia capital, uno falleció de cáncer y cuatro fueron ejecutados.
ADN
La cancillería insiste en que la principal falla fue precisamente no haber avisado al consulado.
“De haber recibido asistencia consular, el Sr. Cárdenas Ramírez hubiera conservado sus derechos bajo la cláusula Miranda y hubiera accedido a un abogado durante su interrogatorio. Esto hubiera evitado que realizara una confesión incriminatoria”, subrayó.
“Si bien el Consulado intervino una vez que tuvo conocimiento del caso, a través de los medios de comunicación, el daño era irreparable”.
Cárdenas insiste en su defensa y sus abogados consideran que una nueva prueba de ADN podría probarlo.
“Existen cuestionamientos en relación a la confiabilidad de las pruebas de ADN realizadas”, que determinaron que una muestra de sangre hallada en el automóvil del condenado “era de un tipo de ADN compartido por la víctima”, el equiparable a uno de cada dieciocho hispanos, subrayó la cancillería en una nota enviada a la AFP.
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(Con información de AFP)