La polémica Ley de Seguridad Interior avanza en el Congreso mexicano | Newsweek México


La polémica Ley de Seguridad Interior avanza en el Congreso mexicano



La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la polémica Ley de Seguridad Interior horas después de que el presidente Enrique Peña Nieto urgiera hacerlo y pese al rechazo que expresaron organizaciones internacionales.

El dictamen de la iniciativa fue aprobado con 18 votos a favor de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México y Nueva Alianza (PANAL); y 13 en contra del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y la mayoría de los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN).

La víspera, el presidente Peña Nieto manifestó la necesidad de que esta Ley avance. “Hace tiempo que la Ley de Seguridad Interior dejó de ser solamente una valiosa propuesta para convertirse en una imperiosa necesidad… Confío en que el Congreso de la Unión atenderá con la urgencia que hoy se requiere esta importante iniciativa que brindará mayor certidumbre a nuestras Fuerzas Armadas y a la sociedad mexicana”, dijo el mandatario mexicano.

Peña Nieto dijo que el marco legal con el que se busca dotar a las Fuerzas Armadas “debe ser acompañado de un proceso de fortalecimiento a las corporaciones de seguridad en los estados y municipios” a la par que indicó que su gobierno “seguirá apoyando a cada entidad y cada municipio que lo requiera para lograr el México de paz que todos queremos”.

Amnistía Internacional, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Open Society Justice Initiative (OSJI), el Robert F. Kennedy Human Rights y la Organización mundial contra la Tortura dijeron a su vez que esta normativa pretende normalizar la participación de las fuerzas armadas en labores policiales.

“Las organizaciones firmantes expresamos nuestra preocupación ante el avance de la LSI [Ley de Seguridad Interior] en México y/o de las reformas legales que tendrían un efecto de militarización similar al que plantea esta ley”, dice un posicionamiento dado a conocer el miércoles el cual urge al Congreso mexicano a rechazar “una ley que levanta serias y fundadas preocupaciones y a hacer valer a nivel interno el compromiso con los derechos humanos que México defiende férreamente ante la comunidad internacional”.

Los organismos civiles internacionales dijeron que aprobar esta Ley formalizar estrategias de seguridad militarizadas en el país “sentarían un precedente sumamente negativo en América Latina y, al mismo tiempo, pondrían en peligro las importantes reformas en materia de derechos humanos que han sido aprobadas en México”.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dijo a su vez la emisión de esta ley “en los términos que se plantea” contribuiría a mantener el estado actual de cosas, “al favorecer el uso discrecional de las Fuerzas Armadas como base de una estrategia para abatir la violencia e inseguridad que se enfrenta, dejando de lado la necesidad de emprender acciones coordinadas y efectivas, desde los distintos niveles y órdenes de gobierno, para fortalecer los recursos y capacidades de las policías civiles, instancias a las que corresponde de manera exclusiva llevar a cabo las tareas de Seguridad Pública”.

La CNDH dijo que la propuesta de ley no establece en forma expresa la forma como se conciliará la prevención, investigación y persecución de delitos “con el amplio espectro de conductas que se pretenden encuadrar como materia o riesgos a la Seguridad Interior, siendo en consecuencia previsible que su aplicación trasgreda, desde el origen, garantías procedimentales básicas y derechos humanos reconocidos en la Constitución, lo cual propiciará que los responsables de una conducta ilícita tengan una puerta abierta para eludir la acción de la justicia por la indebida actuación de las autoridades, una vez que sus acciones fueran puestas a consideración de un tribunal de derecho”, dijo.

La Comisión dijo que varios de los contenidos de la iniciativa son debatibles ya que aseguró que “una ley no puede hacer explícita la violación a los derechos humanos, promover la ilegalidad o contravenir la Constitución”.

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