Unas 15,000 víctimas de violencia sexual, el 91 por ciento de ellas mujeres, deja más de medio siglo de conflicto armado en Colombia, una práctica que involucra por igual a los paramilitares y guerrillas, según un informe oficial.
“Ningún actor armado admite con franqueza haber violado, acosado o prostituido forzadamente a una víctima. Es mucho más fácil confesar el despojo, el desplazamiento forzado e incluso el asesinato”, reza el informe “La guerra inscrita en el cuerpo. Informe Nacional de Violencia Sexual en el Conflicto Armado”.
Desde la década de 1960 y hasta el 20 de septiembre de 2017 se registraron 15,076 víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual, señaló el CNMH, que se apoyó en testimonios y organizaciones de mujeres víctimas.
Los paramilitares han sido responsables de 4,837 casos (32.2 por ciento), y las guerrillas de 4,722 (31.5 por ciento).
“Las guerrillas han ejercido violencia sexual de manera constante, en relativa baja intensidad”, mientras los paramilitares, desmovilizados en 2006, la ejercieron “como una clara modalidad asociada a las estrategias para instaurar terror”, afirma el CNMH.
En casi 4,000 casos no se ha podido establecer el responsable, aunque agentes del Estado (206 casos) y grupos armados posteriores a la desmovilización de los paramilitares (950) también figuran entre los ejemplos documentados.
El 91.6 por ciento de las víctimas han sido niñas, adolescentes y mujeres adultas.
A modalidades como la violación, la esclavitud sexual y la prostitución forzada, se añaden otras que afectan los derechos sexuales o reproductivos, como la esterilización, el aborto y la planificación forzados.
FARC “aportará verdad”
Los paramilitares se desmovilizaron en 2006 tras un acuerdo con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe, mientras su sucesor, Juan Manuel Santos, firmó la paz hace un año con la ya desarmada guerrilla y ahora partido de la FARC y está en diálogos con los rebeldes del ELN.
El informe se conoce en momentos en que el Congreso está votando la reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema encargado de juzgar los delitos atroces, y que prevé penas alternativas a la cárcel a quienes confiesen sus delitos, reparen a las víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia.
En ese sentido, el CNMH pide a las FARC reconocer “los hechos de violencia sexual de los cuales son responsables, como parte de las medidas de reparación y voluntad de paz que el actual proceso demanda”.
El exjefe negociador de las FARC Iván Márquez señaló que esa organización está dispuesta a “aportar verdad” ante los tribunales especiales.
“No estoy desconociendo que en un largo conflicto no se hayan presentado problemas de esta índole (…) No vamos a prejuzgar, ni a pretender que se nos condene a ninguno de los involucrados en el conflicto hasta que no esclarezca su situación frente a la JEP”, afirmó a la cadena CNN en español.
La violencia sexual en el marco del conflicto se agudizó entre los años 2000 y 2005, cuando se presentaron el 45.7 por ciento de los casos, “en concordancia con la arremetida paramilitar, el despliegue de su proyecto armado y el fortalecimiento y recrudecimiento de las acciones de las guerrillas”, según el documento.
Cinco décadas de conflicto en Colombia dejan 7.5 millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.