El Instituto de Educación de
Aguascalientes y el Instituto del Agua del Estado (INAGUA) son dos de las
dependencias que podrían resultar con mayores observaciones en el paquete de
auditorias realizadas por el Órgano Superior de Fiscalización (Osfags),
correspondientes al ejercicio fiscal 2016.
Así lo señaló Jaime González de
León, diputado presidente de la Comisión Legislativa de Vigilancia en el
Congreso del Estado. Los resultados finales de fiscalización serán presentados
a los diputados a más tardar el próximo 30 de septiembre.
“Todavía no tengo los resultados
finales, al parecer en el INAGUA y en el IEA hay irregularidades importantes,
pero en todas las dependencias se van a encontrar observaciones, eso sí lo
puedo asegurar”.
Entre los pendientes de Francisco
Chávez Rangel, exdirector del IEA en 2016 –durante la gestión de Carlos Lozano
de la Torre– se encuentra el convenio firmado con la Universidad del Carmen en
Campeche, a cambio de la dotación de equipos tecnológicos por el pago de más de
300 millones de pesos. El dinero se pagó pero no se entregó completo el equipo.
Mientras que Guillermo Saúl
Rivera, exdirector del INAGUA en el mismo sexenio, es un empresario endeudado
que tras ingresar al servicio público logró adquirir una casa de 7.9 millones
de dólares en Miami, según lo documentado por Newsweek Aguascalientes. Los recursos con los que realizó la compra
no han sido esclarecidos.
González de León aseguró que
desde el Congreso del Estado, no se firmarán compromisos para cubrir posibles
actos de corrupción en la pasada administración.
“Más que pasivos lo que se está
haciendo es tener amarrados bien los expedientes para que cuando se de el paso
de llevar a cabo las denuncias, sea contundente. El gobernador tiene la
intención de tocar a los funcionaros que hubieren cometido alguna falta”.
Sobre la demanda penal en contra
de Arturo Solano –exdirector del Osfags durante el mismo sexenio– por presuntas
irregularidades en la dependencia a su cargo, señaló que no cuenta con
información sobre el avance en las investigaciones de la Fiscalía General del
Estado y de la Contraloría Interna del Congreso.
“La última reunión que tuvimos
fue con el subfiscal en la ratificación de la denuncia hace tres meses y hubo
algunos cuestionamientos muy puntales a Raúl Escalante, director del Osfags, en
el sentido que de acuerdo en la legalidad, en cada una de las observaciones
cuáles podrían ser los puestos –no las personas– que tenían acceso al recurso y
pudieron haberlo utilizado de manera irregular. Nosotros como Comisión de Vigilancia
cumplimos con entregar los resultados de la auditoría a la Contraloría Interna
del Congreso y a la Fiscalía”.