TORREÓN, COAH.— La miró y sintió enojo, rabia. La tarde del 15 de enero, Daniel Carrillo, 30 años, tomó un juguete y empezó a golpear la cabeza de su hija Esmeralda, de apenas dos meses de nacida. La bebé quedó inconsciente. Daniel la recostó en la cama, le echó una cobija y le cubrió la cabeza con un gorrito. La miró y volvió a sentir enojo, rabia, porque su hija había nacido con síndrome de Down.
Esa tarde Daniel se quedó apenas unos minutos solo con su hija. Adriana, la esposa y madre de 22 años, había salido con una vecina a la tienda. Al volver pensó que la bebé estaba dormida. La cargó y la llevó con otros vecinos de la colonia María Ortiz, un caserío miserable anclado en los cerros al norte de Saltillo, Coahuila.
Luego de dos horas, a Adriana le extrañó que su hija no despertara para comer. Entonces la revisó: le quitó el gorro que el papá le había puesto sobre el rostro y vio el golpe en la cabeza. La llevó a la Cruz Roja primero y después al Hospital del Niño, donde finalmente le confirmaron que había muerto debido a una fractura de cráneo.
Al principio Daniel se excusó echándole la culpa a su esposa: “A lo mejor por un descuido se le cayó de la cama”, dijo en un primer interrogatorio. Pero lo estudios eran claros: la lesión de la criatura fue causada con un objeto contundente.
Daniel fue detenido y actualmente se le sigue proceso por el delito de filicidio calificado, cometido con ventaja y traición.
Es posible que el homicidio de la recién nacida a manos de su padre haya sido el primero de su tipo en 2017. Pero no es el único. La lista, de hecho, puede ser inquietante.
En junio, Mireya, una madre de 38 años, decidió envenenar a su hijo de nueve años y a sus gemelas de seis años, luego de perder la custodia de sus hijos contra un padre que presuntamente violentó y abusó sexualmente de sus hijos. Mireya y los abuelos de los pequeños decidieron suicidarse, de acuerdo con la versión oficial. La abuela fue la única sobreviviente.
Días antes, en la misma Ciudad de México, Joana, una madre de 21 años, asfixió a su hijo de seis años, envolvió el cadáver en un cobertor y luego lo acomodó debajo de una cama hasta que fue hallado por la abuela materna. Y en abril, Adriana, de 33 años, asfixió con bolsas de plástico a sus hijos de dos y siete años y luego se ahorcó dentro de la casa en que vivían, en Cancún.
Son historias de padres o madres que decidieron quitar la vida a quien, en teoría, era lo más preciado que tenían. La pregunta es por qué, y con cuánta frecuencia ocurre en el país.
FOTO: ESPECIAL.
CIFRAS EN ASCENSO
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) contabiliza desde 2012 las defunciones por homicidio bajo la variable “con parentesco” del presunto agresor. Para 2016 suman 1,143 en el país. Sin embargo no precisa en cuántos casos el presunto agresor fue uno de los progenitores y la víctima su hijo o hija.
Mediante solicitudes de información en las procuradurías y fiscalías de los estados,Newsweek en Español investigó cuántos casos por homicidio de hijos se han registrado, y encontró que desde 2010 suman 188 averiguaciones o carpetas de investigación tan solo en 22 estados que entregaron las cifras clasificadas. El dato representa un promedio nacional de dos casos por mes durante los últimos siete años, sin contar 10 estados.
La curva de expedientes abiertos por el delito había ido en ascenso de 2010 a 2014: 11 casos en 2010, 19 en 2011, 26 en 2012, 30 en 2013 y 43 en 2014. Se trata de los años en los que la violencia atribuida al narco embargó buena parte del territorio nacional. Para 2015 y 2016 el número de averiguaciones abiertas fue de 28 y 22. Hasta abril de este año sumaban nueve.
A la cabeza de entidades con mayor número de casos se encuentra Hidalgo, con 45 averiguaciones abiertas desde 2010. Le siguen Nuevo León, con 27, y Sonora con 17. Coahuila, Guanajuato y Michoacán tienen al menos 10 casos cada uno. El resto de los estados contabilizan menos de 10 expedientes.
Solo Querétaro y Quintana Roo aseguran no tener registro de averiguaciones abiertas por el delito.
En términos generales, Baja California suma 91 averiguaciones por razón de parentesco consanguíneo o no consanguíneo, sin especificarse cuántos homicidios se cometieron en contra de hijas e hijos.
Bajo ese contexto, Jalisco alcanza 105 averiguaciones por parricidio, pero en el Código Penal de Jalisco el parricidio es el asesinato de un cónyuge o cualquier ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta o colateral hasta en cuarto grado: hermano, concubina, concubinario, adoptante o adoptado.
San Luis Potosí cuenta a su vez 41 averiguaciones por el homicidio de un familiar, pero únicamente se detalla que uno corresponde al homicidio de una hija a manos de la madre. El resto no se precisa.
Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Sinaloa, Tabasco y Veracruz carecen de información clasificada, detallada o procesada. No entregaron cifras.
Pero a final de cuentas son eso, cifras, números que esconden el rostro de homicidas de su propia sangre; el rostro de inocentes que fueron envenenados, asfixiados, apuñalados, ahogados, asesinados a balazos por alguno de sus progenitores. Casos que inevitablemente estremecen.
En Monterrey, María del Carmen, de 42 años, prendió fuego contra su hijo de tres años. La madre fue hallada en la azotea de la casa, sentada en una mecedora y cargando a su hijo envuelto en una sábana.
El listado se nutre desde distintas regiones.
En 2015, en Xico, Veracruz, un padre mató de una golpiza a su hija de dos años y 11 meses por “portarse mal”, según declaró ante los tribunales.
Ese mismo año, en San Luis Potosí, Hilario Israel y Alba Angélica decidieron separarse y acordaron matar a sus tres hijas para que nadie disfrutara de la custodia. Antes de proceder, Hilario abusó sexualmente de su hija mayor de siete años y la lanzó a un aljibe. Lo mismo hizo con la segunda hija de seis años y pretendió repetirlo con la más pequeña, cuando la madre reaccionó y lo impidió. Trató de rescatar a las otras dos hijas pero solo pudo salvar a Nohemí, de seis años.
Lo mismo una averiguación previa o carpeta de investigación puede abarcar más de una víctima. Es el caso ocurrido en 2015 en Sabinas, Coahuila. Raquel, una madre de 23 años que padecía ataques epilépticos, tomó un revólver y disparó a sus cuatro hijos. Luego se suicidó. Los niños tenían tres, cinco, siete y ocho años.
Este año, en Querétaro, Guadalupe, de 32 años, degolló a sus hijos de 14 y seis años y luego supuestamente mandó las fotos a su esposo que vivía en Estados Unidos, de acuerdo con reportes de la prensa local.
FOTO: ESPECIAL.
PERFIL DEL FILICIDA
Los filicidas suelen ser pacientes delirantes, enfermos mentales graves con ideas fijas en hacer daño a los hijos por alguna razón fuera de la lógica, explica basa en su experiencia Osiris Pazarán Galicia, psiquiatra y directora del Centro de Integral de Salud Mental (CISAME) de Torreón.
Un trastorno delirante, explica, es aquel que se sale de la realidad. En el caso de los filicidas —sobre todo en varones— creen que sus hijos son gente dañina y que por eso tienen que morir.
“Dicen cosas fuera de la lógica, como que el hijo es hijo del diablo, que es el anticristo”, dice.
Recuerda que en alguna ocasión atendió a un padre que aventó a su hijo de un edificio alto porque decía que era el anticristo. Era un recién nacido. El padre fue diagnosticado como esquizofrénico.
Osiris trabajó en un penal de Morelos y allí le tocó atender a una mujer esquizofrénica que había decidido matar a todos sus hijos porque creía que su marido era el diablo, y por consecuencia sus hijos eran hijos del diablo.
Dominada por la idea, ahorcó a sus hijos, comenzando con el recién nacido. La hija mayor vio todo y huyó. Fue la única sobreviviente.
“La señora ya iba a cumplir su condena de 25 años, no había más agravante. La hija que sobrevivió no la abandonó, la procuraba y ella pedía que no la dejaran salir así nomás porque contaba que cuando veía a la mamá, ésta le decía: ‘acuérdate que no hemos terminado. Cuando yo salga tengo que terminar’. La madre inclusive trataba de convencer a la hija que era hija del diablo y que por eso tenía que morir. Era una paciente esquizofrénica con una idea delirante”.
Por su experiencia de 25 años, la especialista dice que en el caso de las madres se acentúa una depresión, un factor que quizá sea determinante para que ellas se suiciden en mayor grado que los padres, luego de asesinar a los hijos.
“Tienen la ideación de que van a matar a sus hijos porque no consideran que alguien sea digno, o por alguna razón se quieren morir con ellos. Tienen esta ideación de matarlos y de salvarlos de las cosas terribles que ellas pueden pensar que les pasa. Nadie más los puede cuidar”, explica.
Algunos especialistas han acuñado el término “filicidio altruista” para referirse a casos cometidos por madres bajo la creencia de que él o sus hijos ya no sufrirán, y que con la muerte estarán en un “lugar mejor”.
Una especie de compasión, como la que quizá sintió Martha, una madre y maestra de Michoacán que en 2016 mató a sus hijas de tres, cinco y siete años, a quienes golpeó con un martillo y luego asfixió con una bufanda. Al confesar el crimen, dijo que lo hizo “para que no sufrieran cuando fueran grandes”.
O como Juanita, de 34 años, que en 2015 asfixió a su hijo de dos años para luego suicidarse porque estaba endeudada y pensó que su marido no habría podido cuidar al niño. Eso en Tabasco.
Osiris Pazarán menciona inclusive los casos de padres que han asesinado a los hijos porque no paraban de llorar, refleja que los mecanismos de defensa ya no existen, ya están anulados, y por ende están fuera de la lógica y la realidad.
En 2014, en San Luis Potosí, Luis, padre de 22 años, asesinó a su hija de un año y 10 meses porque no lo dejaba dormir. La niña lloraba cuando el papá se despertó y comenzó a patearla hasta dejarla sin vida.
En 2016, en el municipio de Umán, Yucatán, Nadia de 23 años, asfixió a su bebé de siete meses porque lloraba mucho y luego intentó suicidarse cortándose la garganta con un filo. Este año, en Tlaquepaque, Jalisco, José de 45 años, mató a su hijo recién nacido al propinarle dos codazos y luego azotarlo contra el piso porque no dejaba de llorar.
ORIGEN Y CONTEXTO
Normalmente los pacientes filicidas pueden tener una disposición biológica o pueden haber vivido circunstancias psicológicas como violencia, abandono, maltrato, abuso, violación.
Son varias las etapas de violencia por las que regularmente atraviesan, que de otra manera sería imposible comprender las causas por las que deciden terminar con la vida de sus hijos, dice Abigaíl Mendoza, psicóloga de la Unidad de Atención a Víctimas de la Procuraduría General de Justicia de Coahuila.
En su experiencia, se trata de individuos que no tienen ni sienten culpa; que no sienten responsabilidad. “Están fuera de la realidad, su juicio está distorsionado”.
Pero también existen otras explicaciones. Beatriz Kalinsky, antropóloga argentina que ha profundizado sobre el tema, plantea que la muerte de un hijo a manos de una madre reafirma principalmente un tema de maternidad rechazada.
Kalinsky menciona que no se trata solo de un estado transitorio como la psicosis o depresión, o un sustrato latente de disturbio emocional.
“La libre decisión de tener o no hijos no parece haber estado a su alcance, convirtiéndose la muerte en una expresión de su no deseo: el impulso por deshacerse de algo no querido la lleva a desubicarse/equivocarse moralmente en referencia a los valores sociales, comunitarios y familiares”, escribió en un artículo académico titulado “El filicidio: Algunos recaudos conceptuales”.
Juan Martín Pérez García, director de la Red por los derechos de la infancia en México (REDIM), opina que los homicidios de hijos detonan parte de nuestra cultura patriarcal, donde los hijos e hijas son propiedad de las familias, de los padres. “Es como una justificación social, tomar la vida de los hijos como en la antigua cultura romana”.
Sostiene que es necesario romper con estas visiones normalizadas y que se reconozca que los niños no son propiedad de una familia, como una mujer no es propiedad de un marido. “Un niño tiene derecho a una familia pero eso no lo hace propiedad de la familia, hay que romper con esos paradigmas y orientar a las familias porque ninguna violencia es justificable, ni la de un padre a un hijo”.
Inclusive expone que el caso de Mireya, la madre que envenenó a sus tres hijos, pese a la revictimización por parte del estado al no proporcionarle la patria potestad de los menores, da cuenta que al menos la decisión discursiva de matarlos refiere que son sus hijos, de su propiedad, y que considera que matarlos es lo mejor para ellos.
“Queda una especie de velo, de justificación a ese ‘sacrificio’”, reflexiona el especialista.
Además, Juan Martín Pérez sostiene que la decisión de terminar con la vida de un hijo “por su bien”, se refleja desde los maltratos para “corregir” al hijo bajo un contexto y cultura aceptada socialmente, y que se crece hasta el homicidio.
Abigaíl Mendoza, la funcionaria de la procuraduría, expone que en el caso de hijos sobrevivientes quedan consecuencias emocionales muy graves, como el estrés postraumático, depresión, ansiedad y, en algunos casos, marcados patrones de una conducta que se repite.
INEXISTENCIA DEL DELITO
Tal realidad no existe, sin embargo, como materia punible. Tan solo Nayarit, Coahuila y Tamaulipas tienen en sus códigos penales el término “filicidio”, específicamente para el homicidio de “un descendiente consanguíneo en línea recta o un hijo adoptado”.
La mayoría de las entidades engloban homicidios “en razón de parentesco” o “relación familiar”, o simplemente señalan un agravante cuando se priva de la vida a cualquier “ascendiente o descendiente o colateral; a su cónyuge, concubino, concubinario, adoptante o adoptado, o un menor bajo su custodia o un hermano”.
Jalisco y Chiapas enmarcan los homicidios por parentesco, incluidos los homicidios de hijos, en el delito de “parricidio”, como también sucede en España. Sin embargo, en Nuevo León, Oaxaca y Zacatecas el parricidio es únicamente cuando se priva de la vida a un padre o una madre.
En Baja California Sur, Coahuila, Jalisco, Oaxaca y Zacatecas existe el delito de “infanticidio”, entendida como la muerte causada a un infante por su madre (en Coahuila se incluye también por el padre), dentro de las 72 horas siguientes de su nacimiento. En Nuevo León no existe como tal el delito de infanticidio pero sí es un adicionado al delito de homicidio.
El Código Penal de Oaxaca, en su artículo 310, establece que para que se considere cometido el infanticidio deben concurrir las siguientes circunstancias: “Que la madre no tenga mala fama; que haya ocultado el embarazo; que el nacimiento del infante haya sido oculto y no se hubiere inscrito en el Registro Civil; y que el infante no sea legítimo”.
Mientras que el artículo 313 BIS del Código Penal de Nuevo León establece que deben concurrir las siguientes circunstancias: “Que su embarazo no sea producto de una unión matrimonial o concubinato; que haya ocultado su embarazo; que el nacimiento del infante haya sido oculto; que existan razones de carácter psicosocial que hagan explicable la necesidad de la madre abandonada de ocultar su deshonra”.
La psiquiatra Osiris Pazarán explica que en el caso de las mujeres que tienen depresión grave post parto, matan a los bebés porque están desesperadas y acarrean una depresión psicótica tras el embarazo. “Todas son situaciones de enfermedad y necesitan un psiquiatra y medicina”, asegura.
En otros países el infanticidio abarca hasta el primero o hasta el quinto año de vida y en algunos otros existe el neonaticidio, entendido como el asesinato de un bebé en las primeras 24 horas de nacido.
Para Juan Martín Pérez de REDIM, la noción de propiedad privada de los hijos, la noción que se castiga o maltrata por su bien o para educarlos, se refleja también en los sistemas normativos, donde existe una carencia de una tipificación específica, lo que, critica,da cuenta de la fragilidad del estado mexicano para reconocer a niños y adolescentes como ciudadanos en igualdad de condiciones.
“Los niños son considerados inferiores y no tienen la misma equivalencia humana y en consecuencia una equivalencia igualitaria a la de un adulto”, dice García Pérez. Por lo tanto, la violencia y los golpes hacia un niño están normalizados, pero si esto lo mismo ocurre entre adultos, implicará cárcel por lesiones. “Conel niño a lo mucho se habla de violencia familiar. Hay tolerancia.
“Significa que los niños no son ciudadanos en pleno derecho, además de que jurídicamente su voz no vale, y para que su voz sea escuchada tiene que estar acompañado del adulto o del tutor, que posiblemente sea su maltratador”, agrega.
CONDENAS POR ENTIDAD
En Coahuila, Nayarit y Tamaulipas, únicos estados donde el filicidio está tipificado como delito, la pena se castiga con prisión de siete a 30 años, 20 a 50 años y 30 a 50 años, respectivamente.
En promedio, los rangos de las penas por asesinar a un familiar –incluido un hijo- van de los 20 a los 40 o 50 años. Las entidades que castigan con más años el homicidio de un familiar son el Estado de México y Veracruz, donde las penas alcanzan hasta los 70 años de prisión (aunque en Veracruz va desde los 10 años).
Asimismo, el Código Penal de Veracruz menciona que podrá ser de 30 años a prisión vitalicia cuando se cumplan al menos 4 de las agravantes que lo configuran como homicidio calificado: “premeditación, alevosía, ventaja o traición; por retribución dada o prometida; dolosamente mediante inundación, incendio, minas, bombas, explosivos, radiación o liberación de sustancias nocivas o gases; con saña, crueldad o por depravación; por asfixia, envenenamiento o empleo de cualquier sustancia nociva para la salud; o por contagio intencional de una enfermedad incurable”.
En el caso de las entidades donde existe el infanticidio, las penas son mucho más bajas que cualquier otro tipo de homicidio.
En esta lista, quien posee el menor grado de condena es Baja California Sur, con un castigo de uno a cinco años de prisión, y el de mayor es Zacatecas con una pena de seis a 12 años. Penalidades parecidas al abigeato en esos estados.
Para el director de REDIM existe una especie de “permiso o tolerancia social” con el caso de los hijos, tema que se traduce en una “tolerancia institucional”, es decir, impunidad.
“Salvo casos que adquieren un rol mediático, en general los casos pasan desapercibidos o se esconden en que se cayó de la escalera o se aventó de la venta. Hay una cifra negra parecida al feminicidio. La impunidad es un estímulo para que se repitan este tipo de homicidios”, afirma.
De 2010 a abril de 2017, según las solicitudes de acceso a la información, hubo 172 padres o madres consignadas por el homicidio de un hijo. Hidalgo, que en ese lapso tiene 45 expedientes abiertos, registra 64 consignaciones por el delito. Baja California Sur, Campeche, Puebla y Tamaulipas cuentan con más consignaciones que averiguaciones abiertas, lo que podría explicarse que en algunos casos participaron padre y madre. Un concierto criminal todavía peor. ***