Por haber varias averiguaciones abiertas en contra de sacerdotes, es conveniente que la fiscalía solicite al obispado que no se cambie de parroquia a los sacerdotes imputados, para evitar que la aplicación de la justicia se obstruya, señalaron representantes del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG).
El lunes anterior, el vocero de la diócesis local, Carlos Alvarado, anunció que 50 sacerdotes de Aguascalientes serían cambiados de parroquia debido a que, dijo, habrá nuevos curas que necesitan los espacios.
En la rueda de prensa concedida en el obispado de Aguascalientes, Alvarado descartó que los movimientos tengan que ver con acusaciones y procesos en los que están involucrados al menos seis sacerdotes locales acusados de haber intervenido en el proceso electoral del año 2016.
Mariana Ávila, coordinadora del OVSG señaló que hay casos de investigaciones federales (delitos electorales) y del fuero común, relacionados con violencia sexual en las que sacerdotes de Aguascalientes están involucrados, por lo que solicitó que se prevenga que la diócesis local pretenda protegerlos.
“Hacemos un llamado para que el obispado: no mueva a los sacerdotes que estén en un proceso de investigación de índole electoral o sexual , que no se les reubique o se les traslade a otro estado para que se pueda continuar con los procesos, es decir que no se obstruyan las investigaciones para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas”, dijo en entrevista con Newsweek Aguascalientes.
Cuestionada al respecto, Paulina Díaz Guzmán, abogada del OVSG de Aguascalientes, advirtió que las investigaciones y en su caso los juicios podrían entorpecerse si el cambio se hace a otros estados, pues el dominio de la diócesis local tiene alcance más allá de las distintas fronteras estatales, llegando a una parte de Zacatecas y otras más de Jalisco.
“Se podrían dilatar las investigaciones y el que los cambien puede obstruir el acceso a la justicia, el acceso a la verdad, que es un derecho de las víctimas”.
Ávila señaló que los movimientos anunciados en la diócesis podrían tener por objetivo proteger a los sacerdotes con problemas legales.
“Preocupa cuando estamos hablando que son personas sujetas a un proceso de investigación que se pudiera comprobar que cometieron un delito o que puedan volver a cometer un delito arropadas en lo que podríamos llamar obstrucción e impunidad por parte de las autoridades eclesiásticas al saber que están en un proceso y darles la facilidad para no dificultar sean ubicadas”.