El gobierno mexicano busca hacer frente a los señalamientos que afirman que en los últimos 15 años el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en contubernio con OHL ha desviado alrededor de 90 mil millones de pesos para financiar campañas políticas y ha pedido a la empresa española un informe detallado que acredite la inexistencia de transferencias de recursos para fines electorales.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que el pasado 4 de mayo, a través de un oficio dirigido a OHL México, solicitó a la empresa un informe que acredite que no existen acciones que puedan afectar activos públicos.

Dijo que días antes, la empresa había emitido declaraciones publicadas en medios de comunicación, en las que informó la puesta en marcha de un proceso de auditoría para confirmar que no existe transferencia alguna de recursos para fines electorales ni ilícitos.

La Secretaria -que se ha visto envuelto en acusaciones de corrupción que involucran a OHL- dijo que esta empresa externó públicamente el pasado 5 de mayo que las transferencias bancarias que han sido identificadas por las autoridades españolas en las investigaciones que se desarrollan en ese país, no corresponden a OHL México.

“En razón de lo anterior, en escrito adicional la SCT solicita a OHL México que en un plazo no mayor a 3 días hábiles envíe un informe detallado que acredite que no existe transferencia de recursos de carácter ilícito que puedan afectar las concesiones públicas en las que participa”.

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Emilio Álvarez Icaza, exsecretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y actual promotor del movimiento independiente Ahora, dijo el día de ayer que OHL y el PRI han elaborado un esquema de corrupción con el cual han financiado campañas del partido tricolor, como es el caso de la Alfredo del Mazo Maza, candidato al gobierno del Estado de México.

“Usan el poder para enriquecerse. Y usan el dinero para mantenerse en el poder. Es un ciclo de corrupción desde el poder para mantener el poder. Y que puede llegar a representar un monto de casi 90 mil millones de pesos”, dijo Álvarez Icaza a la par que anunció que denunciará el supuesto fraude ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Procuraduría General de la República (PGR).

En respuesta, OHL rechazó las acusaciones y afirmó que será en los tribunales, donde tendrán que probar y demostrar sus cuestionamientos.

“OHL México abrirá el espacio a través de la acción legal correspondiente. Las acusaciones que se realizaron durante la conferencia de prensa han sido exhaustivamente investigadas por distintas autoridades, no son nuevas y son las mismas que han sido utilizadas como parte de la campaña de desprestigio encabezada por Paulo Diez y Pedro Topete, acusado de lavado de dinero y fraude”, apuntó OHL.

“Se pretende relacionar a OHL México con una estructura de financiamiento de campañas políticas, lo cual es completamente falso, las políticas internas de la empresa, así como su gobierno corporativo le impiden participar o financiar campañas políticas. OHL México exige prudencia y responsabilidad a personajes que buscan incidir en la vida pública del país. No es con base en descalificaciones y acusaciones sin sentido como se construye un discurso político”, agregó.