Probablemente uno de los sistemas más intrincados que ha creado la humanidad es el sistema financiero. La lógica del funcionamiento de sus herramientas individuales y del sistema en su conjunto, escapa a una explicación sencilla debido a la multitud de elementos interrelacionados y la complejidad de los mismos.
Este funcionamiento también influye en la fragilidad de un sistema que basa su dinámica en las percepciones de sus usuarios. El valor de los bienes o servicios, —que en muchos casos son intangibles— son finalmente un acuerdo entre las partes que participan de las transacciones y, en los periodos de percepción negativa, las crisis financieras han afectado economías enteras de diversos países.
Estas crisis, —la última a nivel global fue en 2008— tienen un impacto real en los bolsillos de los ciudadanos que no necesariamente están directamente involucrados en el uso de estos instrumentos financieros globales, por lo que, aunque no sepamos del tema o no nos interese, no podemos escapar a sus consecuencias.
Sin embargo, es innegable la innovación en esta industria, la capacidad de crear instrumentos financieros y monetarios parece no tener límite. La creación del dinero electrónico a partir de plataformas digitales gracias al desarrollo del Internet y las tecnologías de la información, ha abierto un nuevo horizonte que apenas está en exploración. La moneda electrónica más popular sin duda es el Bitcoin, pero es solo una de las muchas alternativas que actualmente existen.
Un tema que surge recurrentemente al hablar de criptomonedas es la falta de regulación. Las transacciones se realizan entre personas y sin intermediarios, por lo que las entidades externas, —llámense agencias gubernamentales, bancos centrales o entidades dedicadas a las transacciones financieras— juegan un rol marginal en este tipo de intercambios, tanto en regulación como en las comisiones que se cobran por transacción.
Si a esto sumamos las posibilidad del anonimato de quienes participan en estas operaciones electrónicas, es evidente que existen riesgos asociados a ser un canal financiero para industrias ilegales mediante el lavado de dinero y también un riesgo para los usuarios frente a fraudes. Pero una realidad es que estas acciones negativas también ocurren en los sectores financieros tradicionales, es decir las características de Bitcoin no están diseñadas para favorecer de modo inherente a las operaciones ilegales. Si así fuera, sus usuarios perderían la confianza y se abandonaría su uso.
El tratamiento en los diferentes países al tema de la moneda electrónica es muy diverso. Hay países que las desincentivan a través de sus bancos centrales, y China es uno de estos casos. Algunos las consideran una propiedad sobre la que se debe pagar impuestos, y otros más han optado por emitir regulaciones concretas en relación a su uso, mientras que la mayoría no han emitido algún tipo de regulación específica.
Un ejemplo concreto de que nos puede ilustrar los alcances en relación a esta falta de regulación, lo podemos ilustrar en las declaraciones del presidente Donald Trump relacionadas a la posibilidad de aplicar un impuesto a las remesas de los migrantes mexicanos que envían a través del sistema financiero tradicional. Seguramente la respuesta a este tipo de acciones será buscar una alternativa mediante sistemas que no sean susceptibles de impuestos fiscales, como es el caso de las criptomonedas. Otro ejemplo es la comunidad de migrantes provenientes de Haití en Tijuana, quienes ya hacen uso de Bitcoin para el envío de remesas ante la disponibilidad de infraestructura, es decir, un cajero automático que entrega moneda local.
A medida que sean más evidentes las ventajas de estos mecanismos financieros, su uso será más generalizado. Dependerá del gobierno y sus capacidades, el rol que quieran jugar frente a una tendencia que llegó para quedarse.