GUATEMALA, GT.— Cuando Virgilio López llegó a visitar a su hija, en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, el 5 de marzo, jamás imaginó que sería la última vez que la vería con vida.

Dos días antes, Keila había cumplido 17 años. Su pequeña celebración en la sala de visitas fue modesta: pizza y un pedazo de pastel.

La chica, consciente de que había niños que nadie visitaba, compartió la comida con los más pequeños. “No era una niña que se quedara todo para ella”, afirma su hermano Aldrin, de 15 años.

En las fotos que muestran sus familiares en el celular y que prefieren no publicar por temor a represalias por parte de los cuidadores del albergue, Keila luce sonriente, modelando un vestido azul. Por su tez clara y delicadas facciones la conocían en el hogar como “la muñequita”.

Virgilio López admite que fue su esposa, de quien se encuentra separado y vive en Puerto Barrios —un municipio ubicado en la costa del Atlántico a cinco horas de la ciudad capital—, quien llevó a Keila al Hogar Virgen de la Asunción cinco meses antes del incendio en el que murió calcinada. “La mamá la fue a meter ahí por rebelde. Lo hizo sin avisarme, cuando yo andaba trabajando”, relata López, de 41 años, quien trabaja como chofer de transporte pesado.

Una prima de Keila cuenta otra historia. Asegura que su madre la golpeaba, motivo por el cual la relación entre la chica y su mamá era distante.

Tras una corta estancia en el refugio, López la llevó a vivir a casa de su hermano, pero después de un altercado con su prima, su cuñada interpuso una denuncia penal en contra de la adolescente. Poco tiempo después, Keila y un primo no llegaron a la casa a dormir, y cuando aparecieron, el día siguiente, la menor y su padre tuvieron que comparecer ante una juez, ya que la denuncia en su contra presentada por la tía nunca fue retirada. “Yo le lloré a la juez y le supliqué que me la dejaran, pero ella dijo que en el albergue estaría mejor”, recuerda López.

Erica Valenzuela, de 26 años, amiga de la familia López, albergó a Keila en su casa durante una temporada y asegura que la chica no tenía problemas de conducta. “Era muy tranquila y me ayudaba en la casa. Nunca me dijo una malcriadez. Yo no la describiría como rebelde, sino como una niña que necesitaba amor”, dice. “Su sueño era estudiar y trabajar. Decía que no quería que su papá se juntara con nadie más y que quería cuidarlo de viejito. Le decía Pitufo”.

Describe a Keila como una chica estudiosa que tenía muchos amigos en el colegio y jugaba futbol en los equipos de La Alameda y del Paraíso, en la zona 18 de la ciudad capital.

En el hogar de Valenzuela, Keila encontró la estabilidad y el cariño que no había recibido en su propio hogar. “Hablaba mucho con mis tres hijos. Al de siete años le enseñaba los colores y los números como si fuera su maestra”, relata Valenzuela. El sábado, cuando Keila fue sepultada en el cementerio Los Caracoles, el niño no se desprendía del féretro.

Pero la estancia de Keila en el hogar de Valenzuela fue corta, ya que la jueza insistió en que ella debía vivir con familiares o regresar al albergue.

Keila esperaba con ilusión las visitas dominicales de su padre, que eran como un rayo de luz entre las tinieblas. Nunca lloró durante las visitas ni narró muchos de los vejámenes a los que las chicas eran sometidas, pero lo poco que contó fue suficiente para preocupar a su padre. “Dijo que un policía le pegó una patada en el estómago porque trató de aprovecharse de ella y que les daban comidashuca(descompuesta) con gusanos”, cuenta su hermano Aldrin.

La siguiente audiencia con la jueza, programada para el 17 de marzo, López estaba decidido a insistir para que le permitieran sacar a su hija del albergue y llevarla a casa. Pero la audiencia jamás se llevaría a cabo.

Estudiantes de la Universidad de San Carlos cargan ataúdes simbólicos para protestar por la trágica muerte de las menores guatemaltecas. Foto: Johan Ordóñez/AFP 

UNA TRAGEDIA ANUNCIADA

Un reportaje publicado en 2013 por la revista guatemalteca Plaza Pública narra que, al Hogar Seguro Virgen de la Asunción, inaugurado en 2010, llegaron todos los niños y adolescentes que anteriormente estaban repartidos entre cuatro hogares estatales, divididos por sexo y edad. La concentración de todos los menores en un solo recinto contravenía los estándares internacionales en la materia, los cuales recomiendan lugares pequeños que le ocasionen el menor impacto emocional posible a menores que han sido obligados a prostituirse, han sufrido abandono o violencia doméstica, o son huérfanos. El reportaje ya advertía que el número de menores albergados duplicaba la capacidad máxima del recinto (350) y que los menores vivían hacinados, sin agua suficiente y con muchos de ellos obligados a dormir de dos en dos en colchonetas de esponja, altamente inflamables, distribuidas en el suelo.

Huérfanos y menores que fueron abandonados por sus padres porque tenían capacidades especiales y no podían pagar su tratamiento; niñas que habían sido rescatadas de cantinas donde fueron obligadas a prostituirse, y víctimas de violencia intrafamiliar vivían mezclados con una minoría de adolescentes en conflicto con la ley penal que fueron enviados al hogar por falta de recintos especiales para albergarlos.

El ambiente en el refugio era tenso. Como si se tratara de una premonición de la tragedia ocurrida la semana pasada, el 20 de agosto de 2013 varias menores quemaron colchones en un intento de fuga, pero el incendio fue reducido antes de que llegaran los bomberos sin que hubiera víctimas. Dos meses después una niña de 14 años fue ahorcada con una bufanda por dos compañeras, lo cual provocó la destitución de la entonces directora, Sonia Álvarez Guevara.

Un segundo reportaje, publicado en 2016, detalla una serie de denuncias interpuestas cuatro años atrás por abuso sexual. “Ustedes no salen de aquí hasta que me hagan sexo oral”, ordenó el maestro Edgar Rolando Diéguez Ispache a niños de 12 y 13 años, según las denuncias presentadas ante la Fiscalía del Ministerio Público en Santa Catarina Pinula. Diéguez Ispache fue arrestado en 2013 y guarda prisión preventiva mientras se ordena un juicio en su contra.

Otras denuncias indicaban la existencia de una red de trata en el interior del albergue dirigida por el subdirector, quien golpeaba y violaba a las niñas y las sacaba del recinto para prostituirlas.

Un niño de ocho años fue violado dentro de las instalaciones en 2014. La entonces directora amenazó con despedir a los trabajadores del albergue si se atrevían a hablar. La denuncia jamás fue investigada.

Después de la tragedia, varios de los menores que se encontraban recluidos en el albergue y sus familiares han narrado otros escabrosos pormenores.

El testimonio de la madre de una chica de 17 años apunta a que se permitía el ingreso a personas ajenas a la institución para que pudieran explotar sexualmente a las menores. “Mi hija fue violada en ese centro por un hombre americano”, dijo al sitio web PlayGround bajo condiciones de anonimato. “Allí se cometen malos tratos continuos, principalmente a los niños con discapacidad mental. A las niñas las clasifican según su físico y a las más agraciadas las ponen en un módulo especial para prostituirlas”.

Después del incendio, nueve adolescentes entre 15 y 17 años que se encontraban recluidas en el Hogar estaban embarazadas y fueron trasladadas a otro albergue, en el departamento de Quetzaltenango, donde se reciben a niñas y adolescentes con bebés o en estado de gestación, apuntalando los señalamientos de que las adolescentes eran sistemáticamente violadas en el interior del albergue.

Un grupo de personas exige justicia en la Plaza de la Constitución de la capital. Que cuarenta menores hayan muerto calcinadas mientras el mundo conmemoraba el Día Internacional de la Mujer causó indignación a escala mundial. Foto: Johan Ordóñez/AFP 

UNA BOMBA DE TIEMPO

En julio de 2016, Verónica Galicia, una de las juezas a cargo del Juzgado de Menores en Conflicto con la Ley, visitó el Hogar Seguro Virgen de la Asunción y quedó tan impactada por las condiciones de insalubridad en que vivían infantes y adolescentes que ordenó su clausura antes de que finalizara el año. La orden jamás fue acatada.

En diciembre del mismo año, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) solicitó seis medidas cautelares a favor de los menores albergados ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), entre ellas la clasificación y separación inmediata de los menores y la asignación de un presupuesto adecuado para garantizar condiciones dignas en el establecimiento.

Ocho meses después de la orden de clausura que nunca se acató, la bomba de tiempo que era el Hogar Seguro Virgen de la Asunción estalló la noche del pasado 7 de marzo, cuando 104 chicas se amotinaron y lograron escapar del albergue. “Un día antes del incendio todos los niños y niñas se reunieron para hacer un bochinche porque ya no queríamos estar ahí porque nos trataban mal. Luego empezaron a quebrar vidrios, a quebrar todo. Nos escapamos y nos fuimos para el bosque”, narró una de las sobrevivientes de la tragedia a la revista electrónica Nómada.

La menor cuenta que la policía la encontró junto con otras niñas que, como ella, fueron golpeadas: “No quise subirme a la patrulla y me empezaron a pegar, jalaron mi pelo, me llevaron arrastrada y me subieron a la patrulla”. Veinticinco adolescentes nunca fueron ubicadas por la policía y permanecen desaparecidas.

Las adolescentes halladas por la policía en su intento de fuga fueron encerradas en un salón donde les aventaron unas colchonetas para dormir. Al día siguiente, los agentes rehusaron dejarlas salir para ir al baño.

“Dijeron que nos pudriéramos. Luego mis compañeras, con las mismas colchonetas, hicieron una minicasita ahí, y ahí hicieron sus necesidades. Y luego una compañera les encendió fuego a las colchonetas”, rememora la menor.

El fuego se propagó en cuestión de segundos, prosigue: “Entre todas empezamos a gritarles a los policías que nos abrieran, que nos estábamos quemando, y los policías nos dijeron que a ellos qué les importaba, que así como fuimos buenas para fugarnos, que fuéramos buenas para aguantar el fuego y nos decían que nos pudriéramos (…) Una compañera se estaba quemando, estaba ardiendo en llamas y me pidió ayuda… y fue cuando yo me desmayé”.

Cuando los bomberos llegaron, cuarenta minutos después, se encontraron una montaña de cuerpos calcinados en el salón. Diecinueve estaban muertas y otras 21 murieron durante los siguientes días, elevando el número total de víctimas a un total de cuarenta. La mayoría tenía quemaduras de segundo y tercer grado. Siete de las sobrevivientes fueron trasladadas a Texas y Boston para recibir tratamiento en los hospitales de la asociación Shriners.

Virgilio López narra la historia de su hija con la mirada ausente y la voz monótona de quien carga un dolor profundo, como una espina atravesada en lo más hondo del corazón. Me muestra fotos de Keila, entubada, mientras yace agonizante en una cama en el Hospital San Juan de Dios. Sus quemaduras eran tan graves que la habían dejado irreconocible y había ingresado en el nosocomio como “XX”. “Mire: ahí no tiene pellejo”, dice señalando las manos de Keila completamente quemadas. “Cuando la toqué se aceleró su corazoncito”. El día siguiente, Keila murió.

Muñecas que representan a las víctimas del incendio en el refugio. Fueron puestas en medio de trozos de carbón como parte de la manifestación “Guatemala no es un lugar seguro”. Foto: Johan Ordóñez/AFP

¿QUIÉN FALLÓ?

El hecho de que cuarenta menores guatemaltecas hayan muerto calcinadas mientras el mundo conmemoraba el Día Internacional de la Mujer causó indignación a escala mundial y ha suscitado manifestaciones de repudio en Guatemala y en el exterior.

El 11 de marzo, manifestantes en el Parque Central de la Ciudad de Guatemala tiñeron de rojo el agua de la fuente ubicada en medio de la plaza y colocaron muñecas con los rostros quemados sobre pedazos de carbón frente al Palacio Nacional. Pronunciaron en voz alta los nombres de las víctimas para que no quedaran en el olvido y exigieron el esclarecimiento inmediato de los hechos.

Se viralizó la consigna #FueElEstado, que responsabiliza directamente al presidente Jimmy Morales, quien ordenó que el albergue fuera custodiado por cien agentes de la policía tras el intento de fuga, así como a las instituciones encargadas por velar por la niñez y la adolescencia en condiciones de vulnerabilidad.

El país no había visto una movilización ciudadana semejante desde que miles de guatemaltecos salieron a las calles en 2015 para exigir la renuncia del expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti por cargos de corrupción. La remoción de Pérez Molina y Baldetti generó la expectativa de que un cambio era posible. Montado en esa ola de euforia, ganó las elecciones un candidato inesperado: el comediante Jimmy Morales, quien carecía de experiencia política y ni siquiera figuraba en las encuestas los meses previos. Morales, sin embargo, supo venderse al electorado como el único candidato limpio, con su eslogan “Ni corrupto ni ladrón”.

A poco más de un año de su toma de posesión, el hijo y el hermano de Morales enfrentan un proceso penal por fraude, y en la misma plaza donde cientos de voces exigieron la dimisión de Pérez Molina, ahora exigían la suya por su respuesta torpe y tardía a la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

En solidaridad con las niñas de Guatemala se han llevado a cabo manifestaciones en Nicaragua, México, Chile, España y Reino Unido, entre otros países. En un video grabado en la Alameda Central, en la Ciudad de México, Omar García Velásquez, uno de los sobrevivientes de la desaparición forzada y asesinato de 43 estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero, dirigió el siguiente mensaje a los familiares de las víctimas, vía internet: “Las familias de Ayotzinapa se solidarizan con las familias de las niñas de Guatemala que fueron asesinadas por la negligencia del Estado. Sabemos lo que va a pasar; les advertimos a las familias que tienen nuestra solidaridad porque las van a criminalizar”.

Desde que ocurrió la tragedia, han arreciado las críticas al presidente Morales. El 9 de marzo, por ejemplo, fue duramente cuestionado por el periodista Fernando del Rincón en el programa Conclusiones, de CNN en Español, y tuvo que admitir que las menores que murieron quemadas en el albergue se encontraban bajo llave “porque muchas de ellas tenían conflicto con la ley”.

Morales trató de evadir preguntas sobre la evidente inoperancia de las instituciones encargadas de velar por la niñez y la adolescencia y afirmó que Del Rincón desconocía la institucionalidad del país, pero cuando el periodista le preguntó: “Acepta usted que no sirve el actual sistema de protección a la niñez, ¿correcto? ¿Sí o no?”, Morales no tuvo más remedio que responder: “Tiene toda la razón, pero es el sistema que tenemos”.

Si desde 2012 existían 45 denuncias de violaciones, golpizas y otros vejámenes perpetrados contra infantes y adolescentes que se encontraban recluidos en el Hogar Seguro, ¿por qué permanecía abierto? ¿Por qué la orden de cerrar el albergue, emitida por la jueza Galicia ocho meses antes de la tragedia, no fue acatada?

El sistema de protección de la niñez en Guatemala funciona así: la Procuraduría General de la Nación (PGN) es el ente encargado de representar los intereses del Estado y velar por la población que por sus características es vulnerable a la violación de sus derechos.

Como parte de la PGN, opera la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia que se encarga de ejercer la representación legal de niños, niñas y adolescentes que carecen de ella, investigar de oficio o a petición de un juez casos de maltrato o abandono de un menor, presentar denuncias penales ante el Ministerio Público en casos de maltrato o violencia, y coordinar la búsqueda de menores desaparecidos.

En el caso de Keila Rebeca López Salguero, por ejemplo, la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia era la encargada de investigar cuál era su situación familiar y proporcionarle al juzgado de niñez y adolescencia las pruebas necesarias para establecer qué medidas debían ser tomadas para garantizar su protección.

Existen dos tipos de juzgados que conocen temas relacionados con niños y jóvenes: los juzgados de niñez y adolescencia, como el que conoció el caso de Keila y determinó que debía ingresar en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, y los juzgados de menores en conflicto con la ley. Estos últimos fueron los que enviaron a una veintena de chicos que se habían visto involucrados en delitos como la extorsión y el sicariato, ya que los recintos diseñados para albergar a jovencitos en conflicto con la ley habían rebasado su capacidad.

Virgilio López, padre de Keila, asegura que su hija jamás debió terminar en un hogar estatal. “Mi niña sí tenía dónde ir a dar”, insiste López.

Una jueza de primera instancia con 12 años de experiencia en juzgados de familia y de niñez que pidió reserva de su nombre, ya que la ley le prohíbe a un juez dar declaraciones a los medios de comunicación, recalca que “enviar a un niño a un hogar es una última opción” a la que un juez debe recurrir únicamente cuando no hay familiares que puedan hacerse cargo del menor o cuando el estudio realizado por la PGN demuestra que los familiares son incapaces de garantizarle una vida digna y segura al menor; por ejemplo, cuando viven en condiciones de pobreza y hacinamiento extremas.

Pero Carolina Escobar Sarti, directora de la Asociación La Alianza, un hogar privado para menores desamparados, afirma que “el juez muchas veces institucionaliza niños que podrían estar en casa y devuelve a hogares en donde no hay condiciones a niños que regresan (a los albergues) revictimizados y con violencia sexual”.

Universitarios de Guatemala se manifiestan ante lo que consideran una irresponsabilidad del Estado. Foto: Johan Ordóñez/AFP

Una vez que un juzgado decide enviar a un menor a un albergue estatal, pasa a ser responsabilidad de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBSP), una dependencia que también tiene a su cargo un abanico de programas a favor de la mujer y de la familia. Las secretarías operan bajo la sombrilla institucional de la presidencia y tienen menor rango y presupuesto que un ministerio.

En esta cadena institucional, ¿cuáles fueron los eslabones que fallaron de manera que las denuncias contra el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, interpuestas desde el 2012, no fueran investigadas y nadie le pusiera un alto a los vejámenes cometidos contra los menores que eran enviados a dicha institución?

El 13 de marzo, Carlos Antonio Rodas Mejía y Anahí Keller Zavala, exsecretario y exsubsecretaria de Bienestar Social de la Presidencia, la dependencia a cargo de los albergues estatales para menores en condiciones de vulnerabilidad, así como Santos Torres Ramírez, quien fungía como director del Hogar Seguro Virgen de la Asunción desde enero de este año, fueron detenidos por homicidio culposo, maltrato contra menores de edad e incumplimiento de deberes.

A raíz de su detención abundan los cuestionamientos sobre su idoneidad para el cargo. Keller, por ejemplo, es comunicadora social y fue la productora del programa cómico Moralejas, transmitido por la cadena Albavisión, que lanzó a la fama al presidente Jimmy Morales y a su hermano Samuel, lo cual ha dado pie a señalamientos de que fue nombrada por compadrazgo.

Ramón Cadena, presidente de la Asociación Internacional de Juristas, afirma que de no lograrse la persecución penal de los funcionarios que hicieron caso omiso a las denuncias contra el Hogar, el Estado de Guatemala podría ser sujeto a una acción legal en un tribunal internacional por violar el Convenio Internacional Sobre los Derechos del Niño y la Niña, ratificado por el país en 1990, sobre todo porque existían informes de relatores internacionales sobre las violaciones cometidas contra menores que se encontraban en el albergue, y también medidas cautelares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que no fueron acatadas.

Más allá de la responsabilidad individual de los funcionarios detenidos, expertos en niñez y adolescencia señalan enormes fallas en el sistema. “La figura de la Secretaría se desgastó mucho. Es un monstruo porque tiene muchas más responsabilidades que los hogares y se dejó a cargo de personas que no sabían nada sobre el tema de la niñez. Se ha manejado como una caridad a cargo de señoras que piensan que es cuestión de cantarles cancioncitas a los niños y llevarles refacciones (meriendas)”, critica Escobar Sarti.

En 2003, el Congreso aprobó la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, la cual, según expertos en la materia, delimita adecuadamente las responsabilidades de cada una de las instituciones encargadas de velar por el bienestar de niñas, niños y jóvenes guatemaltecos. Pero el trabajo se quedó a medias, ya que 14 años después de la aprobación de la ley no se ha creado el reglamento que permite su implementación.

Actualmente, diputados y organizaciones de la sociedad civil discuten reformas a la ley y la creación del reglamento que se requiere para que deje de ser letra muerta y se traduzca en acciones. Entre los puntos que se debaten se encuentra la necesidad de reformar la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia versus la creación de un Ministerio de la Niñez, con mayor presupuesto y capacidad.

Guatemala busca respuestas y en ese proceso de autoexaminación no han faltado, también, quienes culpan a los padres de los menores que se encontraban en el Hogar por no haberles brindado un entorno adecuado.

“Los familiares nunca van a admitir que no le han dado a un niño un lugar seguro o que han sido negligentes. Si un juez toma esa decisión es porque no hay nadie que quiera hacerse cargo de los chicos, por ejemplo, si la madre o el padre hizo su vida con otra persona y la nueva pareja no los quiere con los hijos”, afirma la juez de familia.

Sin embargo, la jueza matiza estas afirmaciones al reconocer que, en Guatemala, el cuarto país con mayor desigualdad de América Latina según el Banco Mundial, muchos hogares en extrema pobreza están condenados a la desintegración.

El Estado solo invierte diariamente 34 centavos de dólar (0.34 USD) en el desarrollo de una juventud que representa el 30 por ciento de su población. Esta invisibilidad económica se traduce en una juventud hambrienta (Guatemala ocupa el quinto lugar de desnutrición infantil a escala mundial) y analfabeta (en 2015 la deserción escolar aumentó en un 38.3 por ciento). En este contexto, al cual se suma un conservadurismo religioso que impide la implementación efectiva de políticas de educación sexual y planificación familiar, no es de sorprender que Guatemala ocupe el quinto lugar de fecundidad adolescente a escala latinoamericana. “Tenemos niños criando niños. ¿Qué responsabilidad podemos pedirle como madre a una criatura de 14 años?”, pregunta la jueza de familia.

Entre esos niños que crían niños es importante recordar a las nueve adolescentes embarazadas que se encontraban en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, cuyos hijos nacerán en albergues que parecen cárceles.

“¿Qué Estado es este en el que solo se le pone atención a la niñez y la adolescencia cuando ocurre un hecho aberrante como este o cuando cometen un delito?”, pregunta Escobar Sarti, quien afirma que, si Guatemala se toma en serio la tragedia del Hogar, el caso podría ser un parte aguas que se traduzca en políticas efectivas que le garanticen a su niñez y juventud una vida digna.

Sean cuales sean las medidas que se tomen, llegarán demasiado tarde para Keila Rebeca López Salguero y las otras 39 adolescentes guatemaltecas que ingresaron en el albergue con sueños y ansias de vivir, y que salieron calcinadas, sus cuerpos amontonados en la palangana de una pick up.

“Descansen en paz, chicos y chicas. Tenían que ser mártires para que el sistema despertara y mejoren las condiciones para los demás”, dijo la jueza Galicia en un mensaje publicado en Facebook después del incendio, en el que expresa su frustración porque la orden de cierre que giró jamás se cumplió.