IMAGINEMOS LO SIGUIENTE: kilómetros y kilómetros de nuevas cárceles de concreto extendiéndose a lo largo de los áridos horizontes de Texas, Nuevo México, Arizona y California, con millones de personas encarceladas vestidas con trajes de color naranja y a la espera su deportación.
Esta es la visión febril establecida en un segmento al que se ha prestado poca atención de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump sobre la seguridad fronteriza y la aplicación de las leyes migratorias. En la sección 5 de la orden se mandata al secretario de Seguridad Nacional que “asigne todos los recursos legalmente disponibles para construir, operar” y dotar de personal inmediatamente a instalaciones para “detener a los extranjeros en o cerca de la tierra fronteriza con México” y procesarlos para su deportación. Pero en otra orden, que se ha pasado por alto en gran medida y que fue firmada el mismo día, se establece de manera ominosa quiénes tendrán que irse.
Durante la campaña presidencial, Trump prometió que expulsaría o encarcelaría a entre dos y tres millones de inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales, una cifra que existe principalmente en su imaginación (solo alrededor de 820 000 inmigrantes indocumentados tienen actualmente un registro criminal, que comprende infracciones de tránsito y otras faltas leves, de acuerdo con el Instituto de Política de Inmigración, un grupo de analistas no partidista).
Aun así, el espectro de nuevas cárceles brotando por todas partes para albergar a miles de personas es una poderosa pesadilla para los liberales, así como un triunfo para Steve Bannon, el mentor del “Estados Unidos primero” del presidente y antiguo editor de Breitbart News. Sin embargo, con tantas restricciones fiscales y legales, también parece un acto más de fanfarroneo ideológico del arrugado jefe estratégico de la Casa Blanca. “Soy leninista”, proclamó con orgullo Bannon al escritor Ronald Radosh en una fiesta realizada en noviembre de 2013 en su casa de Capitol Hill. “Lenin —dijo acerca del revolucionario ruso— deseaba destruir el Estado, y ese también es mi objetivo. Deseo hacer que todo se desmorone y destruir todo el orden establecido de la actualidad”.
Evidentemente, este incluye la maquinaria legal que entorpece las solicitudes de asilo y las deportaciones, a juzgar por la orden complementaria a la prohibición de ingreso en Estados Unidos de personas provenientes de los siete países musulmanes, y en la cual se hace una lista de extranjeros cuya “deportación es prioritaria”. En ella se incluyen a las personas que “han cometido actos que constituyan una infracción criminal perseguible”, así como a los extranjeros que han “abusado de cualquier programa relacionado con la recepción de beneficios públicos”. En otras palabras, algunas personas podrán ser deportadas debido a que un agente del Departamento de Seguridad Nacional cree que han infringido una ley de cualquier tipo, “independientemente de si la persona ha sido acusada de haber cometido un delito”, en palabras de un analista. ¿Y qué significa “abusar” de un programa orientado al bienestar? Jueces y abogados podrían quedarse empantanados únicamente con este asunto durante años.
“Y si estos elementos no fueran ya lo suficientemente imprecisos”, señaló Walter Pincus, el venerado exreportero de seguridad nacional de The Washington Post, “la categoría final para que una persona sea detenida para ser deportada se encuentra ‘en el criterio de cualquier oficial de inmigración… [si los extranjeros] constituyen un riesgo para la seguridad pública o nacional’”.
“Si alguna categoría ha fomentado la creación de perfiles por motivos raciales es esta”, escribió Pincus para Cypher Brief, una publicación realizada por profesionales de la inteligencia y en la que se analizan problemas de seguridad nacional.
Posiblemente, Bannon, cuyo sitio noticioso Breitbart News ha ganado fama por seguirle el juego a los supremacistas blancos, estaría de acuerdo. “Si hay una explosión o un incendio en algún sitio”, dijo en 2015 Matthew Boyle, su editor político en Washington, “es probable que Steve esté por ahí cerca con algunos fósforos”.
El exbanquero de inversión de Goldman Sachs ha amasado una enorme influencia en la Casa Blanca. El presidente le concedió un lugar en el elitista “Comité de Directores” del Consejo de Seguridad Nacional, colocándolo, de hecho, a la par de jefes del gabinete, entre ellos, el secretario de Seguridad Nacional. Bannon y sus socios actuaron rápido para reemplazar a los remanentes de Obama con funcionarios que tienen un registro impresionante de arrestos y deportación de extranjeros.
Uno de ellos es Thomas Homan, a quien Trump acaba de ascender para dirigir la oficina de aplicación de las leyes de Inmigración y Aduanas del Departamento de Seguridad Nacional. “La Casa Blanca mencionó su éxito al expandir los espacios de arresto y detención para la oleada actual de niños y familias que huyen de la violencia en América Central”, informó el diario The Washington Post.
El principal obstáculo para la promesa del gobierno de arrestar y deportar millones de inmigrantes es el Congreso, no tanto por el disgusto de la mayoría republicana por el programa, sino porque es necesario pagarlo. Al solicitar 10 000 oficiales de inmigración adicionales, así como de 5000 oficiales de la Patrulla Fronteriza, “[Trump] ha pedido la contratación de más empleados gubernamentales que su altamente publicitada salvación de empleos de fabricación en Carrier y Ford”, señaló Pincus. En la orden de la Casa Blanca también se instruyó al Departamento de Seguridad Nacional a tener dinero disponible para “asignar inmediatamente a los oficiales de asilo a las instalaciones de detención de inmigración con el propósito de aceptar recomendaciones de asilo”. Al Departamento de Justicia se le ha ordenado que siga las reglas, como aconsejó Sean Spicer, el vocero de la Casa Blanca, a los funcionarios descontentos del servicio extranjero, y que lo haga rápido. La orden ejecutiva ordena “asignar de inmediato jueces de inmigración en las instalaciones de detención de inmigrantes”.
Toda esta agitación recuerda el chapucero despliegue de la prohibición de entrada a ciudadanos de varios países musulmanes realizada por el gobierno, pero con una importante diferencia. Lo único que se requirió para desatar el caos en los aeropuertos fue una orden y algunos cientos de confundidos y abrumados agentes y funcionarios de la Administración de Seguridad en el Transporte. En contraste, las órdenes de detención y deportación requerirán principalmente muchas más construcciones físicas y un flujo inmenso de nuevos agentes federales, todo ello sujeto, podría uno pensar, a una “investigación extrema”, teniendo en cuenta el reciente aumento en la corrupción en el servicio de la Patrulla Fronteriza.
Pincus señaló que Mark Sandy, director en funciones de la Oficina de Gestión y Presupuesto, emitió apresuradamente una declaración en la que decía que la Casa Blanca “anticipaba… un aumento en los costos”, no solo en el presupuesto actual, sino en los futuros, por “los pasos relacionados con la aplicación de las leyes de inmigración”, así como por “la construcción de un muro a lo largo de la frontera sur”. Es de esperarse que el Departamento de Seguridad Nacional comience a anunciar licitaciones para contratistas privados, entre ellos, los operadores de prisiones privadas, una industria muy vilipendiada que estaba a punto de colapsar en los últimos años del gobierno de Obama. Dos de los más grandes, GEO Group Inc. y CoreCivic Inc., ya comienzan a ver beneficios inesperados derivados de su segunda oportunidad en la vida: los precios de sus acciones casi se han duplicado desde la elección.
Todo lo cual recuerda otra de las ideas leninistas que Bannon quizá haya olvidado: las prisiones son las universidades de la revolución.
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Publicado en cooperación con Newsweek/ Published in cooperation with Newsweek