México no está formalmente inmerso en una guerra, aún cuando el Ejército y la Marina hayan asumido en algunas zonas del país las tareas policiacas, pese a ello el Congreso mexicano está en ruta de aprobar una Ley centrada en una lógica marcial y no de seguridad pública, han denunciado organizaciones sociales y legisladores opositores.
Los niveles de violencia que ha arrojado una década de combate a los cárteles de la droga han equiparado a la nación con países como Siria e Irak. Frente a esto el Ejército mexicano ha señalado el desgaste y descrédito de sus tropas, y abogado por un marco legal que permita su actuación en las calles.
Esta petición ha sido atendida desde el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que presentó una de las cuatro propuestas en materia de Seguridad Interior. La medida ha recibido el apoyo de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, en particular del Partido Acción Nacional (PAN), y se prevé sea discutida en los próximos días.
No obstante, la propuesta de Ley de Seguridad Interna ha alarmado a distintos sectores que temen la regularización de conductas represivas y violatorias de derechos humanos sobre todo ante la ambigüedad que regula la presencia del Ejército, Marina y Fuerza Aérea para salvaguardar la continuidad de las instituciones del Estado mexicano “y la gobernabilidad democrática en todo el territorio”.
“Estamos totalmente en desacuerdo porque es una ley permisiva y es retrógrada. Ha habido un avance internacional sobre los derechos civiles, la libre manifestación y para que los mandos policiales estén en manos civiles como para que ahora México dé un retroceso”, opinó el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Cuitláhuac García, en entrevista con Newsweek en Español.
García consideró que la propuesta deja abierta la posibilidad de que la seguridad pública quede en manos de los militares ya que se ha recurrido a palabras y definiciones generales que permitan que esto suceda.
En su artículo tercero la iniciativa define como acciones de seguridad interior aquellas que realicen “autoridades federales, incluyendo a las Fuerzas Armadas” para recuperar el “orden interno institucional” en un área o zona geográfica del país. Para ello, se contempla la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, la cual es decidida por el presidente de la República por medio de la Secretaría de Gobernación y con previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional.
En este apartado se dispone además el uso legítimo de la fuerza, consistente en la “utilización de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos que realiza el personal de las fuerzas armadas y federales, para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave”.
Para el legislador de Morena, esto implicaría que el Ejército pueda intervenir en cualquier momento. “Estos actos de resistencia no agresiva son las manifestaciones pacíficas y con esa definición que hacen el Ejército puede ir a repeler ese tipo de movilizaciones”.
En ese sentido también se han expresado este martes organizaciones civiles como el Centro Prodh y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ( CMDPDH) quienes consideran a la iniciativa un riesgo para la población que poco hará para lograr la reducción de la violencia desencadenada desde la implementación de la estrategia de seguridad contra el narcotráfico en 2006.
“Legislar en materia de seguridad interior es inconstitucional y contraria al derecho internacional de los derechos humanos. Ninguna ley puede militarizar la seguridad pública ni restringir o suspender ningún derecho para garantizar la seguridad de la ciudadanía salvo que se trate de decretos emitidos en el marco del artículo 29 constitucional”, explicaron las organizaciones.
Al respecto, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Francisco Martínez Neri, explicó en entrevista con Newsweek en Español que la propuesta contraviene el artículo 73 de la Constitución el cual no establece estas facultades para el Congreso de legislar en materia de seguridad nacional y de involucrar desde luego a las fuerzas armadas en esa actividad.
“En estas circunstancias nosotros veríamos con muchas limitaciones y con un grave riesgo del tipo legal el hecho de que el Congreso se pronuncie por una legislación que no le está siendo dable en el marco constitucional”, indicó el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso.
Martínez Neri dijo que la seguridad pública tiene que velada por las instituciones de carácter civil y no por las fuerzas armadas ya que no es conveniente que el Ejército esté en las calles, “sino que al contrario debe profesionalizarse a las policías y en todo caso debe marcarse una salida de las calles de manera paulatina, pero al mismo tiempo reforzando a las fuerzas policiacas”.
“Bajo la tesitura de que en estos 10 años que el Ejército ha estado en las calles no ha generado absolutamente una posibilidad de cambio. Antes bien ha habido procesos de debilitamiento de las fuerzas armadas por el hecho de que no al ser parte de su actividad ordinaria pues comúnmente se incurre en el problema de violación a los derechos humanos”, indicó.
Cuitláhuac García refirió a su vez que la mayoría de las acciones de control interno corresponden a las policías. “No hay que olvidar lo dispuesto en el artículo 129 que evita que el Ejército se haga cargo de esto en tiempos de paz y en el artículo 21 dice que la policía está a cargo de la seguridad pública”.
Las más de 10 organizaciones que este martes suscribieron una posicionamiento en contra de esta Ley dijeron que sin un estudio basado en evidencia empírica que constate que la actuación militar es la vía adecuada para garantizar la prevención, investigación y sanción de delitos, el Congreso de la Unión debe detener la aprobación de la Ley.
“Toda Ley o estrategia aprobada en materia de seguridad debe disponer de bases constitucionales que permitan una efectiva rendición de cuentas, protección de los derechos fundamentales y la creación de recursos efectivos en caso de que se presenten abusos y violaciones”, consideraron.
Para García, el Congreso debe hacer caso a las voces especializadas y de la sociedad civil de lo contrario dijo que los legisladores estarían dando un cobertura legal para que el Ejército siga en las calles. “Esa es una lógica totalmente equivocada. Es una ley de represión interior”, comentó.