Si una persona resulta víctima de un accidente, de un atraco violento o de cualquier siniestro donde peligre su vida, las probabilidades de que termine atendido en un hospital general, son altas. Y las probabilidades que salga infectado del hospital, también.

Cientos de personas acuden todos los días con distintas afecciones. En 2016 el Hospital General de Tijuana (HGT) otorgó 54 mil 50 atenciones médicas solo en el servicio de Urgencias Adultos.

Por ello, en los hospitales generales conviven tantas personas como patógenos, aquellos microorganismos que dañan la salud.

Y aunque los centros médicos existen para curar a enfermos, ante un cóctel de hongos y bacterias, el riesgo de pescar otro padecimiento existe. A estas se les llama enfermedades nosocomiales, o intrahospitalarias.

En octubre del año pasado Rosa Torres dio luz a una bebé en el Hospital General de Tijuana, que luego de contraer una infección intrahospitalaria, falleció.

Junto a ella, 10 niños más se infectaron por un brote que la Secretaría de Salud en el estado consideró como “normal”.

Varios especialistas dicen que el contagio de los menores podría haberse evitado a partir de exámenes periódicos para detectar microorganismos contaminantes, y medidas básicas de salubridad.

Pero el hospital no realiza cultivos ambientales constantemente.

Por ley, solo están obligados a tomar muestras de pacientes que ya presentan síntomas de una infección. Se atiende el problema, pero no se previene. Y las decenas de miles de pacientes que acuden anualmente a revisarse o internarse, corren el riesgo de repetir esta historia.

Tras la muerte de su bebé, Torres presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por el delito de responsabilidad profesional y técnica, donde se exige la sanción correspondiente a quienes resulten culpables.

Rosa sabe que este proceso no le devolverá a su hija, pero sabe también que de otro modo, las cosas nunca van a cambiar.

De 11 familias afectadas por un brote del hongo cándida albicans, Rosa fue la única que decidió alzar la voz.

Intentó organizarse con otros papás, y algunos accedieron al inicio, pero desistieron por miedo a represalias.

Otro niño falleció a causa del brote, reconoció el propio Hospital General a través de un boletín. Dos menores se recuperaron. Para este reportaje se habló con los tres padres de familia y aunque todos respaldaron la versión de Rosa, ninguno quiso hablar.

El brote ocurrió entre septiembre y noviembre de 2016.

Durante esos meses, la vida de 11 bebés prematuros peligró en el Hospital General de Tijuana, porque de acuerdo a familias afectadas, los trabajadores de la salud no siguieron protocolos de salubridad.

Médicos y enfermeras han denunciado una falta de recursos constante para realizar su labor. Guantes, por citar un ejemplo básico.

Si las condiciones del hospital no cambian, un brote de infección puede repetirse.

Rosita, la hija de Rosa, nació prematura el cuatro de octubre del año pasado. La pequeña nació con 30 semanas de gestación y por su condición fue internada en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal (UCIN), en el quinto piso del hospital.

Tenía problemas respiratorios, pero estando interna se contagió de cándida, y su salud se complicó.

Para combatir la infección le recetaron anfotericina, útil como antibiótico y antifúngico. Es decir, para el tratamiento de bacterias, y para eliminar hongos también.

El valor de este medicamento ronda entre los 5 mil y 6 mil pesos, y cada bebé infectado, —eran once— requería de una dosis diaria durante 21 días. El hospital no tenía el medicamento.

La cándida es un hongo relativamente común e inofensivo. Suele aparecer en la boca de los bebés. Popularmente se le conoce como algodoncillo. Aunque este brote en particular se presentó con fuerza inusual.

“Teníamos un hongo mucho más agresivo porque tenía la capacidad de pasarse al torrente sanguíneo y dar otro tipo de problemas”, dijo el doctor Fernando Peñúñuri Yépiz, quien dirigía el Hospital General de Tijuana cuando ocurrió el brote.

Peñúñuri estuvo a cargo del hospital durante ese periodo, aunque meses después presentó su renuncia.

El 30 de enero de este año, el médico geriatra y jefe de enseñanza del hospital, Clemente Humberto Zúñiga Gil, asumió la dirección.

Rosa Torres, mamá de Rosita, quiso contactar a otros padres de familia para conseguir la anfotericina a un menor costo.

Los médicos le habían dicho que una sola ampolleta alcanzaba para varios bebés. Una vez abierta, la medicina tenía que usarse totalmente o desechar el sobrante, explica Rosa.

Torres pidió ayuda a una doctora del Hospital General de Tijuana, pero dice que esta se negó.

Ese mismo día la doctora le arrebató la receta de las manos. Le dijo que ya habían encontrado el medicamento y el tema no se volvió a tocar, recuerda Rosa.

Dice que la bebé sí mejoró de salud, aunque no se curó del hongo. Incluso, al ver mejorías, la cambiaron de piso dos veces. En una ocasión, el personal olvidó conectar su respirador. Así lo plantea Rosa en la denuncia que presentó en contra del hospital.

Ese día una pareja informó a las enfermeras en turno que la bebé se estaba asfixiando. Rosa declaró ante la Procuraduría que el personal “no los tomó en cuenta por estar en el teléfono”, y que incluso protestaron: “ni es su hija”. Que no tenían motivos para quejarse.

Momentos después llegó Rosa. Llamó a una doctora y fue ella quien la estabilizó.

Al siguiente día Rosita estaba de vuelta en el UCIN, entubada e hinchada.

“Un médico me dijo que mi hija estaba muy grave por el hongo”, dice Rosa.

La cándida es un hongo oportunista que se aprovecha de un paciente cuando está en una situación débil o inmunodeprimida.

Es una complicación secundaria a otra enfermedad. Aunque la cándida no es capaz de matar por sí misma, puede agravar los padecimientos que ya se tienen. Y entonces sí, causar la muerte.

Eso fue lo que sucedió con Rosita, según los doctores.

Resistió 41 días. El catorce de noviembre de 2016 falleció a las doce y media de la noche.

Según su acta de defunción, las causas fueron fungemia por “cándida no albicans”, choque séptico, hiperkalemia severa, acidosis metabólica persistente y síndrome de distrés respiratorio.

La cándida no albicans, a diferencia de la cándida albicans, es más resistente a los medicamentos y tiene mayor prevalencia, explica un artículo de la revista científica Microbiology, Immunology and Infection.

El mismo artículo dice que en casos de cándida no albicans, su detección temprana puede hacer la diferencia.

El Dr. Jorge Varela Beltrán, presidente del Colegio de Pediatría de Baja California, dice que para estos casos, deben tomarse cultivos de las distintas áreas de un hospital de forma rutinaria.

“Se toman cultivos de un mueble, de la puerta, de diferentes partes, tienen protocolos para eso, para estar detectando gérmenes hospitalarios y la posibilidad de que haya un problema así. Con todo y eso, algunas veces sucede”.

El Dr. Marco Antonio Durán Padilla, jefe del Servicio de Patología del Hospital General de México y miembro de la Asociación Mexicana de Patólogos, coincide con Varela Beltrán.

Dice que los hospitales deben tener un comité epidemiológico, que periódicamente realice cultivos a la unidad y determine cuál es el germen que prevalece.

“Es una condición que solicitan a los hospitales certificados por la Secretaría de Salud”, agrega. Y el Hospital General de Tijuana lo tiene. El comité siempre es presidido por el director del hospital. Es decir que se supervisan a sí mismos.

Y aunque el ex director del HGT dice que los cultivos sí se realizan, a pesar de varias solicitudes de información, nunca se entregaron a esta reportera.

“La realidad es que nosotros como hospital sí tenemos la responsabilidad de tomar cultivos. Los hospitales con más recursos llegan más allá. Aparte de tomar cultivos llevan un monitoreo de todos los medicamentos que utilizan para saber cómo se modifica o no la respuesta bacteriana. Nosotros no estamos tan bien en ese sentido, sin embargo sí tomamos cultivos de las áreas que consideramos críticas”, dijo Peñúñuri cuando aún era director del hospital.

Entre estas áreas, él asegura incluir a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

Pero según la Secretaría de Salud, esto no se hace de forma periódica.

A través del recurso de Transparencia, se solicitó la versión pública de los estudios o cultivos que se hubieran realizado en las instalaciones del Hospital General de Tijuana para detectar sus propios niveles de contaminación por virus o bacterias, durante 2016.

El Jefe del Departamento de Epidemiología de ISESALUD, Néstor Saúl Hernández Milán, no entregó los resultados y respondió lo siguiente:

El Hospital General de Tijuana forma parte de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica (Rhove), y que de acuerdo a esta, los cultivos ambientales no se realizan de forma rutinaria, a menos que la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria en conjunto con el Codecin (Comité de Detección y Control de Infecciones Nosocomiales) establezcan la necesidad de realizarlos.

Si el Comité no lo ordena, los cultivos no se hacen, y recordemos que el comité es presidido por el director del Hospital.

La Rhove es un sistema de vigilancia centinela responsable de unificar los criterios para la recopilación de información epidemiológica.

Según el manual de procedimientos estandarizados para la vigilancia epidemiológica de la Rhove, los cultivos y su seguimiento se realizan únicamente a pacientes con infecciones ya detectadas. No a la estancia, no a los aparatos.

Expertos consultados para este reportaje coinciden en que es obligación de los hospitales vigilar no solo a pacientes, sino espacios en común, para evitar que las enfermedades se esparzan.

El asunto con el brote de cándida es que al ser un hongo común no se alertaron.

No pudieron anticipar la agresividad con que se iba a presentar.

Al respecto, Peñúñuri reconoció que necesitan un laboratorio de biología molecular. Este tipo de laboratorios son útiles para detectar cambios genéticos en bacterias y hongos.

Pero actualmente no cuentan con los recursos para armarlo.

Y porque el laboratorio no existe, tampoco hay reporte para explicar la agresividad de este brote.

El 2 de diciembre del 2016, el Hospital General de Tijuana reconoció a través de un comunicado las muertes de al menos dos menores por complicaciones a causa del hongo, y describieron las condiciones en las cuales se dio el brote.

“Cándida albicans es un germen que puede afectar a los pacientes hospitalizados con un sistema inmunológico deficiente, como son los recién nacidos prematuros (menores de 37 semanas de gestación)” dice el comunicado.

Este boletín fue el mismo comunicado que el HGT envió a la Secretaría de Salud como resultado de la presunta investigación que se abrió internamente sobre el brote.

“Cabe destacar que el Hospital General de Tijuana cuenta con los medicamentos e insumos para tratar estos casos”, se lee en el mismo boletín.

Pero los testimonios de los familiares de los bebés afectados no dicen lo mismo.

El señor García, quien pidió no utilizar su nombre, reveló en la edición número 04 de Newsweek en Español Baja California, que su bebé prematuro necesitaba anfotericina y que el hospital no lo tenía. Contó que más tarde el hospital lo consiguió, pero este volvió a terminarse. Su niño falleció el nueve de noviembre del año pasado por complicaciones con el riñón.

Aunque se le buscó para este reportaje, y accedió a declarar, poco después dejó de responder el teléfono.

Un día contestó que ya no deseaba involucrarse.

“Yo batallé mucho para unirlos [a los padres de familia] a hacer la denuncia”, dice Rosa. “Muchos no quieren hablar porque tienen miedo a represalias contra ellos, a que sea como una mafia. Porque te niegan que hay muertos y te niegan que sea por el hongo, cuando a mí me consta que sí. El acta de defunción de mi hija lo dice”.

“Tenían miedo a que se vengaran con sus bebés por andar hablando. A que se los desconectaran como pasó con la mía. A la mía me la desconectaron, me la dejaron sin oxígeno y murió”, dice Rosa.

De acuerdo a ella, su bebé fue desconectada posteriormente a las complicaciones de la infección, siendo este un factor que debilitó aún más su salud.

Según el doctor Varela Beltrán, los bebés prematuros no tienen bien desarrollados sus pulmones, y por ello requieren de respiradores artificiales. De uno dependía la vida de Rosita.

Lo más grave es que este brote de cándida, podría no ser el primero que se lleva las vidas de niños en el HGT.

Cuando la señora Cota Castañeda leyó la noticia del brote de cándida ocurrido en 2016, sintió una combinación de rabia y tristeza.

Su bebé acababa de cumplir ocho años de fallecida.

Ella asegura que su hija murió en un contexto similar. Dice que en noviembre de 2008, su hija contrajo la cándida estando interna en el Hospital General de Tijuana.

“Le empezaron a afectar sus demás órganos y ya no sobrevivió a eso”, cuenta Castañeda.

Al igual que ocurrió con el bebé del señor García, la hija de Cota falleció por complicación en los riñones.

Nunca lo denunció formalmente.

Y aunque la falta de un monitoreo epidemiológico es una de las causas, la problemática va más allá. Las familias afectadas denuncian que en el hospital no se siguen los protocolos de salubridad que exige la Rhove.

Rosa dice haber visto enfermeras que ingerían alimentos entre los cuneros y utilizaban sus celulares para después tocar a los bebés sin guantes o cubrebocas.

Cota Castañeda recuerda una experiencia similar en 2008. Dice que algunos enfermeros no usaban cubrebocas, que algunos tenían gripe, y que así atendían a los niños.

Al solicitar información sobre este caso y los señalamientos de Rosa, el área de comunicación del Hospital General de Tijuana se negó a responder las acusaciones.

Se informó que al ser un caso médico-legal, no tienen permitido dar entrevistas sobre el tema para no afectar el resultado de las investigaciones en curso.

Este tipo de reclamos tampoco son nuevos. Y no se limitan al área neonatal.

Heriberto García García, quien fue titular de la entonces Procuraduría de los Derechos Humanos en Baja California, recuerda violaciones al derecho a la protección de la salud entre 2009 y 2012.

“Logramos documentar en algunos casos que sí hubo mala práctica o negligencias por parte de algunos médicos”, dice el ex ombudsman.

Incluso recuerda que ante la lluvia de quejas que recibían, intentó instalar un módulo de atención a usuarios, aunque la Secretaría de Salud no les permitió el acceso al hospital en Tijuana.

Entonces la PDH optó por instalar su módulo para recibir quejas en la banqueta frente al hospital.

Hoy la situación no es del todo distinta.

En 2016 la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recibió 83 quejas sobre el sector salud, de las cuales, más de la mitad se presentaron en Tijuana.

Entre las más recurrentes, se enlistan omisiones al proporcionar atención médica, faltas a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones.

Actualmente la CEDH indaga si hubo o no violaciones a los derechos humanos durante el brote de cándida en el expediente de investigación 1095/16/4VG.

Pero el sector salud en Baja California responsabiliza al gobierno del estado. Señala que en ocasiones se han visto obligados a trabajar en condiciones precarias, sin medicinas, material o instrumental para desempeñar sus tareas.

Una mañana en el HGT, una pareja con dos niños se acerca al módulo de atención para pedir información y la trabajadora les recomienda no ingresar con ellos. Explica que si entran se exponen a infecciones y hongos. Es una advertencia que la empleada califica de rutina.

Dice que los menores de 14 años no tienen suficientes anticuerpos y por ello se les recomienda no entrar. No se refiere específicamente al área neonatal.

La exposición a bacterias y virus es normal.

El Secretario de Salud dice que los brotes son “el pan de todos los días”.

Y Peñúñuri ha reconocido que no son novedad.

Todavía como director del hospital, contó que llegaron a tener brotes de meningococo y una epidemia de influenza.

Dijo también que son situaciones habituales y ve normal que los microorganismos se vuelvan cada vez más fuertes.

“Pueden ir desde Yucatán hasta acá y si cultivan, van a encontrar ese tipo de bacterias intrahospitalarias”, dijo.

Sin embargo, mientras el HGT intenta normalizar y minimizar el problema, hay niños que mueren por infecciones adquiridas en el hospital.

Irónicamente, esto sucede en un estado que ha logrado posicionarse como líder en turismo médico.

Los servicios privados de salud son solicitados por extranjeros que no cuentan con seguro en su país. A este sector pertenecen también muchos profesionales de la salud que laboran en el sector público, así como en clínicas privadas.

“Nosotros los médicos vivimos del turismo médico”, dice el jefe de un departamento en el Hospital General de Tijuana, quien solicitó permanecer anónimo. Acusa que los sueldos a trabajadores de la salud en el sector público son bajos para el trabajo y la responsabilidad que conllevan.

Las poblaciones y el turismo médico crecen aceleradamente, pero los fondos para el sector público no.

“Pagan una miseria. A una enfermera le pagan 300 pesos diarios”, denuncia.

El presupuesto es insuficiente y no solo no aumenta, sino que a veces no llega.

En octubre de 2016, un grupo de trabajadores del Hospital General denunció que estaban trabajando “en el suelo y sin suero”. Las intervenciones quirúrgicas de urgencia tuvieron que posponerse por falta de material, pero también de espacios.

Entonces el Secretario de Salud, Guillermo Trejo Dozal, prometió que resolvería el problema antes de finalizar el año, aunque no se logró.

En enero de 2017, continuaron las denuncias por falta de materiales básicos. Jeringas, guantes y agujas. La necesidad es permanente y las opciones son pocas.

“Seguirá muriéndose la gente con nosotros o sin nosotros, pero nunca por no atenderlos. Nos critiquen o no nos critiquen. Hacemos lo posible con lo que tenemos”, dice el mismo médico que pidió el anonimato.

El día en que tomó protesta el nuevo director del Hospital General, dos médicos interrumpieron para anunciar su apoyo al ex director, Fernando Peñúñuri.

Uno de ellos acusó directamente al Secretario de Salud, Trejo Dozal, de no priorizar la salud. Sugirió que la salida de Peñúñuri se daba como resultado de la negativa del gobierno para proveer los recursos que este les exigía. Insinuó también que su renuncia era en realidad un despido. Y avisó que si el Dr. Peñúñuri se iba, él también renunciaría a su jefatura en el hospital.

Elia Cabañas Aparicio, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, también interrumpió el acto. En su caso, para defender al nuevo director.

Lo que ha pedido el sector salud es garantía de un abastecimiento permanente, porque el servicio no se detiene.

La ciudad crece y la demanda de atención médica también. Pero no crece el número de trabajadores para atender a esa población en aumento.

El Hospital General de Tijuana no ha incrementado su número de plazas, que son 1,159 desde que fue creado en 1982.

En 2007, el gobierno del estado implementó como estrategia de salud al Seguro Popular como una alternativa para aquellos que no contaban con seguro del IMSS o Issstecali, el servicio de salud para empleados del gobierno del estado.

El Seguro Popular es gratuito pero no cuenta con una unidad para recibir a sus afiliados. Los atiende el mismo HGT.

Elia Cabañas, líder sindical con afiliación al PRI, denunció en diciembre del año pasado que el sector presentaba un déficit de 300 médicos y 400 enfermeros.

Cabañas, quien fue diputada por el partido tricolor, dice que la demanda de la población ya sobrepasó la capacidad del Hospital General.

Pero Trejo Dozal no promete aumentar el número de empleados en el hospital. Argumenta que el gobierno del estado no cuenta con los recursos para ello.

Trejo forma parte la administración estatal de origen panista.

“Yo sé que hay necesidades pero no hay recursos”, justifica. “La cuestión económica está difícil, es la información que tenemos y abrir cada plaza cuesta dinero”.

Cabañas ha rechazado esta versión. En una manifestación frente al HGT, en diciembre del 2016, reclamó que la escasez presupuestal no se debía a una falta recursos, sino de voluntad por parte del gobierno del estado.

“El rubro de la salud está olvidado por el gobierno. Pienso que es falta de sensibilidad, de conocimiento. Los ciudadanos que acuden diariamente a los servicios de salud se desahogan poquito insultándonos y nosotros apechugamos porque sabemos que tienen razón, pero lo único en lo que no tienen razón, es en culparnos a los trabajadores. El responsable directo de la salud de los bajacalifornianos es el señor gobernador”, dijo Cabañas durante la protesta.

De acuerdo a la Ley de Ingresos de la Federación 2017, este año, la Secretaría de Salud sufrirá una reducción de 1,800 millones de pesos, y aunque Baja California conservará el mismo presupuesto que tuvo en 2016, este ya no alcanza para cubrir la demanda de servicios. La secretaría de salud terminó 2016 con un déficit de 300 millones de pesos, según Trejo Dozal.

“Si siguiéramos en estas condiciones necesitaríamos agregárselos al presupuesto”, dice.

Aun así, la prioridad de su secretaría para 2017, será echar a andar al Hospital Materno Infantil (HMI), un proyecto que lleva estancado desde 2012.

Ese año las autoridades concluyeron su construcción y compraron generadores de electricidad, así como refrigeradores para conservar los medicamentos.

Ante la falta de un presupuesto para pagar nóminas en el HMI, este se desmanteló, y el equipo fue distribuido a otras unidades de salud pública. De modo que el hospital nunca terminó de equiparse, aunque la obra ya estaba lista.

Este año, 150 millones de pesos fueron aprobados con este fin.

Y es que de acuerdo al titular de la Secretaría de Salud, el 60% de la ocupación en el HGT, son casos de ginecobstetricia.

Al mes nacen 350 bebés en cada Hospital General del estado, —11 por día— de los cuales 10% son prematuros.

De modo que el HMI sería clave para desahogar el volumen de trabajo que actualmente registra el Hospital General de Tijuana.

Este requerirá de 600 trabajadores nuevos. Hay dinero para la infraestructura, pero no para contratar al personal.

Actualmente el proyecto se encuentra en proceso de concurso para ser financiado a través de una Asociación Público Privada.

Aunque no se le ha fijado un monto por contraprestación mensual del servicio, en la edición número 10 de Newsweek en Español Baja California se publicó que el contrato durará hasta 14 años.

Sin dar una fecha concreta para su inauguración, Trejo Dozal espera que este empiece a brindar servicios a finales de 2017.

Actualmente la única opción para aquellos sin seguro ni posibilidades de recurrir a un particular, no es de gobierno.

Es la Cruz Roja, una “institución no lucrativa, de interés social y voluntaria”.

El Dr. Andrés Smith Favela, Presidente del Consejo de Cruz Roja Tijuana (CRT), dice que en este hospital los servicios más solicitados son consultas para tratar enfermedades cardiovasculares, diabetes y pediátricas.

“Tenemos hospitalización para pacientes pediátricos y cuidados intensivos pediátricos”, dice Smith Favela. “Lo hicimos con el enfoque de atender esa necesidad en la ciudad y lo que hemos hecho con el tiempo es enfocarnos en la parte del trauma pediátrico”.

Pero la gente en ocasiones no va por desconocimiento. Piensan que se les va a cobrar, que hay un pago obligatorio, cuando realmente es una cuota de cooperación voluntaria.

A la gente se le atiende primero con o sin dinero, dice Smith. “Ya después se les pide una cuota de recuperación, pero el servicio es completamente gratuito”.

El tema es que se trata de un hospital pequeño. Si el HGT cuenta con 300 camas, la CRT tiene 35, y tampoco es suficiente para cubrir la demanda.

Además, es obligación del Estado proteger la salud de los mexicanos. Así lo dicta la Ley General de Salud.

Si bien el presupuesto es un tema pendiente, también se necesita eficiencia para que esta rueda siga girando, según Robert Schooley, titular de la División de Enfermedades Infecciosas en la Universidad de San Diego.

En Estados Unidos existe una red de monitoreo para la prevención de epidemias, que parte de lo local a lo federal para cuidar que los protocolos de salud se cumplan rigurosamente.

Los hospitales llevan un registro que se monitorea pasando por todos los niveles, hasta llegar a autoridades de salud pública nacional, como los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.

Pero el académico no cree que la solución para prevenir brotes deba recaer en entidades externas. En cambio, cree que los hospitales deben ser más efectivos. Mantener sus propios registros de infección de manera continua y no ocasional.

Las entidades externas deben ser apoyo y no una solución.

“Lo contrario significaría una inversión de recursos que rebasaría por mucho la capacidad de cualquier entidad gubernamental”, dice Schooley.

En cuanto a mejoras en la calidad y eficacia, retroalimentar es clave.

“¿Volvería a tratarse ahí?”, se le pregunta a Rosa Torres.

“Si yo necesitara, o alguno de mis hijos, soy capaz de vender la casa, vender todo, para atenderme en un particular”, contesta.

Pero sabe que no toda la población puede hacer eso.

Lo mejor que una persona puede hacer, dice Rosa, es levantar la voz y exigir un servicio de calidad.

“Yo sé que mucha gente va por necesidad. Lo que yo les recomendaría que no se dejen, que hagan algo”. Quejarse y exigir lo que les toca.

El Hospital General de Tijuana generó una respuesta a este reportaje mediante una Carta Aclaratoria.