El Juzgado Segundo de lo Penal dictó sentencia condenatoria de 6 años y 9 meses de prisión al ex gobernador Luis Armando Reynoso Femat por los delitos de peculado y ejercicio indebido de servicio público.
La sentencia definitiva del expediente 0065/2013 se publicó esta tarde en las Listas de Acuerdos del Poder Judicial, pero sin revelar el sentido. Sin embargo, la Fiscalía General informó mediante un comunicado que la juez segunda de lo penal Laura Elena Delgado de Luna consideró que existen evidencias suficientes del desvío de 13 millones 800,000 pesos del erario mediante la compra simulada de un tomógrafo.
El resolutivo se emite dos días después de que Reynoso fuera acusado de lavar dinero con ayuda del empresario Carlos Castillo Cervantes por fiscales del Distrito Sur de Texas.
Reynoso Femat ordenó en 2008, a través del entonces secretario de finanzas Raúl Cuadra (actualmente prófugo), que el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes (ISEA) documentara el pago de los 13.8 millones simulando la adquisición del aparato.
La supuesta compra la facturó la empresa Logística y Asesoría Comercial, S.A. de C.V. y el dinero se transfirió de la Secretaría de Finanzas al ISEA, pero el tomógrafo nunca fue comprado.
Además de la prisión, indicó la Fiscalía, el ex gobernador es condenado a reparar el daño entregando los 13.8 millones de pesos en efectivo al gobierno del estado. Sin embargo, no será detenido.
Abogados penalistas consultados explicaron que la sentencia no ha causado ejecutoria, pues aún admite medios de defensa como la apelación y/o el amparo. Mientras estén en trámite esos recursos, puede seguir gozando de la libertad provisional que obtuvo mediante un amparo y el pago de una fianza de 11 millones de pesos.
Si esta sentencia se confirmara en todas las instancias, Reynoso Femat no podría conmutar su pena porque el Código Penal solo lo permite en condenas menores a cuatro años. El ex gobernador tendría que pasar los 6 años 9 meses en el reclusorio.
El ex mandatario enfrenta en libertad este y otros tres procesos que se le siguen en juzgados locales, gracias a amparos y fianzas. En los otros tres expedientes se le acusa de peculado y uso indebido del servicio público por la compra de terrenos a sobreprecio con dinero del estado y la venta de predios propiedad del gobierno por debajo de su valor real.