Venezuela, Bolivia y Honduras están en los últimos lugares de América Latina en el índice del Estado de Derecho elaborado por el World Justice Project (WJP), de reciente difusión, y en el cual los tres primeros puestos a nivel mundial los ocupan Dinamarca, Noruega y Finlandia.
William H. Neukom, fundador y CEO del WJP explicó durante la presentación del estudio, a finales de octubre, que el Estado de Derecho es la base para que las comunidades gocen de paz, igualdad y oportunidades.
“El índice del Estado de Derecho del WJP es un primer paso para establecer puntos de referencia, informar y encaminar reformas, y enfatizar la importancia fundamental del estado de derecho”, refirió.
De acuerdo con el índice, Latinoamérica y el Caribe tuvieron como el mejor ubicado a Uruguay, en la posición 20 de 113 países, seguido por Costa Rica y Chile.
Los mismos datos indican que Argentina fue la nación que más cambió de la región, aumentando 12 puestos hasta la posición 51 en el mundo.
Por el otro lado, El Salvador cayó 8 ubicaciones. México, en tanto, se ubicó entre los peores evaluados al situarse en el lugar número 88 a nivel mundial y en el puesto 24 de los 30 que conforman la región.
De acuerdo con el estudio del World Justice Project, un Estado de derecho efectivo “reduce la corrupción, combate la pobreza y las enfermedades y protege a las personas de injusticias tanto pequeñas como mayores”.
El estudio analiza cómo se experimenta el Estado de derecho por los habitantes de 113 países alrededor del mundo al utilizar más de 110 mil encuestas en hogares y 2700 realizadas a expertos.
El desempeño de los países es evaluado a través de ocho factores: limitaciones a los poderes del gobierno, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, ejecución regulatoria, justicia civil y justicia criminal.
El índice califica del 0 al 1, siendo el número más alto el que indica mayor confianza. En ese sentido, Dinamarca tiene un puntaje de 0.89, mientras que Venezuela apenas llega a 0.28.
En limitaciones de los poderes gubernamentales, en justicia criminal y en la regulación de las fuerzas armadas, Venezuela ocupa los últimos lugares a nivel mundial y en cuanto a la región se sitúa en el sótano en todos los indicadores.
Bolivia a su vez, es la segunda nación peor evaluada en todo el mundo en justicia criminal, un lugar por encima de Honduras.