Organizaciones de la sociedad civil mexicana denunciaron este lunes a oficiales de migración por ser responsables de la desaparición forzada de ciudadanos mexicanos acusados de ser migrantes indocumentados provenientes de Centroamérica.
La denuncia se sustenta en el caso de Maximiliano Gordillo Martínez, un mexicano originario de Chiapas, quien fue detenido el 7 de mayo pasado en un puesto migratorio y retenido, a pesar de mostrar sus documentos de identidad; después de ello no se le volvió a ver.
“Hay testigos de que el Instituto de Migración bajó a esta persona, Maximiliano, junto con seis personas más”, explicó en conferencia de prensa Pedro Faro Navarro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, uno de los más importantes del país.
Las organizaciones denunciaron que la detención de Maximiliano se basó en criterios racistas y sin ningún sustento. “Lo señalan de ser guatemalteco en situación irregular en el país, cuando él mismo les acreditaba su origen mexicano con su acta de nacimiento y CURP”.
“Funcionarios (de migración) bajan a estas personas por cuestión de racismo”, explicó a su vez Faro Navarro, quien denuncia junto con la asociación Voces de Mesoamérica que los agentes de migración en México realizan sistemáticamente violaciones de derechos humanos, tales como tortura y desaparición forzada.
A decir de las asociaciones civiles existe una militarización de calles, pueblos y carreteras, y el uso de alta tecnología para vigilar y perseguir a las personas que migran de sus países y ciudades.
La ONGs denunciaron la “sofisticación y violencia con que se detiene, denigra, humilla y deporta a las personas día tras día, incluso a mexicanos mismos, por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), el cual funciona cada vez más como una instancia de corte militar, estrictamente jerárquico, violento y sobretodo, impune”.
“A este endurecimiento se suma la criminalidad de los grupos de la delincuencia organizada que roban, extorsionan, cometen crímenes sexuales y secuestran a las y los migrantes. También se han documentado casos de trata para trabajo sexual así como casos de jóvenes que son obligados a trabajar para el propio crimen organizado”, precisaron.
Explicaron que estas dificultades se enfrentan no sólo los migrantes de Centroamérica, sino la de ciudadanos mexicanos que como Maximiliano viajan a otras partes del país para desempeñarse como obreros o jornaleros “en inhumanas condiciones laborales, constituyendo nuevas formas de esclavitud moderna”.
En el municipio de Socoltenango, de donde es originaria la familia de Maximiliano, constantemente los jóvenes de las comunidades migran hacia Veracruz y Yucatán para laborar en plantíos de caña y otras fuentes de empleos temporales, alejándose cada vez más de sus familias y sus tierras.
Dijeron que es precisamente este contexto el que rodea la historia de la desaparición forzada de Maximiliano Gordillo Martínez, cometida por Agentes de Migración y la policía estatal de Tabasco, cuando se dirigía a Playas del Carmen para trabajar, en conjunto con un amigo suyo.
El abogado de las organizaciones que han dado seguimiento a lo ocurrido, Enrique Vidal, afirmó este día que las investigaciones sobre el caso por parte de las autoridades han sido “lentas, insuficientes y superfluas”, además de encubrir a los responsables de la desaparición de Gordillo.
A pesar de haberlo solicitado “no hemos tenido acceso a las cámaras de seguridad, no hemos tenido acceso a la lista de personas aseguradas, detenidas, ese día en Chablé Tabasco; tampoco lo tiene la PGR (Procuraduría General de la República) ni la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos)”, aseguró el abogado Vidal Olascoaga.
A decir de ambos activistas se han documentado la desaparición de al menos 150 ciudadanos chiapanecos que se encontraban en tránsito por el país, algunos con fines migratorios hacia Estados Unidos.
Miembros de la familia Gordillo Martínez anunciaron que colocarán carteles en 60 municipios de Chiapas para exigir la aparición del joven campesino que ayer 21 de agosto cumpliría 19 años.
A la campaña de presentación con vida de Maximiliano también se sumarán las 54 parroquias de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, informó en la conferencia de prensa María Reyes Arias, misionera de la diócesis.