La migración en la frontera
de México y Estados Unidos es la causa de un contencioso debate en la política
estadounidense; y no obstante, rara vez se asocia con otro tema político espinoso:
China.
Por ello, la noticia de un
incremento en la cantidad de ciudadanos chinos que entran de contrabando por la
frontera en el sur de California fue recibida con sorpresa. En junio, la
Patrulla Fronteriza del sector de San Diego informó que, en los últimos meses,
había detenido a 663 migrantes de origen chino: un incremento de 1,281 por
ciento respecto del año anterior.
Una portavoz de la Patrulla
Fronteriza explicó que antes, “simplemente, no estábamos recibiendo [ciudadanos
chinos]”. Pero el hecho es que la inmigración no autorizada procedente de China
no es un fenómeno nuevo.
La diferencia es que ahora se
ha extendido a otros lugares, y está adquiriendo visos nuevos y más siniestros
a resultas de un estrechamiento de los vínculos entre los grupos criminales
chinos y latinoamericanos.
La inquietud del contrabando
humano de China hacia Estados Unidos –tanto por tierra como por mar- surgió
hace muchos años, y ha repuntado a menudo en las últimas cuatro décadas. Un
artículo publicado en Los Angeles Times,
en 1993, informó del arresto de más de 400 chinos que entraron de contrabando
en el área de San Diego, y señaló que “el auge de la inmigración ilegal por mar,
procedente de la provincia china de Fujian [origen de muchos migrantes ilegales
chinos en territorio estadounidense] ha prosperado, en buena medida, debido a
una alianza entre las redes de traficantes chinas y latinoamericanas”.
A pesar de los esfuerzos de
las agencias judiciales, dicho contrabando persistió y en 2010, la Patrulla
Fronteriza de Tucson, Arizona, anunció un incremento de un factor de 10 en la
cantidad de ciudadanos chinos detenidos que transitaban ilegalmente por el
Desierto de Sonora.
Las cifras son grandes, pero
solo representan una pequeña fracción del fenómeno general. El Instituto de
Políticas de Migración calculó que había 285,000 inmigrantes chinos no
autorizados radicados en Estados Unidos, la mayor cantidad en cualquier país fuera
del territorio latinoamericano.
En parte, este volumen
refleja la dificultad de inmigrar en Estados Unidos usando los canales
tradicionales. Si bien la mayoría de los inmigrantes no autorizados se limita a
exceder el periodo permitido por sus visas, las rutas comúnmente utilizadas por
los individuos introducidos de contrabando incluyen trayectos marítimos o
aéreos de diversas extensiones que les conducen a la Ciudad de México o la
Península de Yucatán, para de allí desplazarse al norte.
Contrabandear chinos a la
frontera sur de Estados Unidos es una operación atractiva para los traficantes,
ya que resulta más lucrativa que contrabandear individuos originarios de México
o América Central. Un viaje más largo conlleva el pago de una tarifa más alta,
y se cree que la cuota actual por persona oscila entre 50,000 y 70,000 dólares;
según cálculos, el valor total del tráfico de las mafias chinas implicadas asciende
a 750 millones de dólares.
El papel de las mafias chinas
(tríadas) para lograr que los migrantes crucen la frontera también ha
profundizado su exposición y sus vínculos con los carteles de narcóticos
latinoamericanos, tanto en el tráfico humano como en otros renglones.
Ya en 1993 se observó una “alianza
entre las redes de contrabando chinas y latinoamericanas”, pero hoy, el alcance
de esa “alianza” abarca no sólo el contrabando, sino también otras actividades
ilícitas como la venta materiales pirateados y de precursores de drogas procedentes
de Asia.
En México, el contacto entre
las tríadas y los carteles se produce en varias regiones, incluidas las que se
encuentran bajo el control del despiadado sindicato de Los Zetas, y los
cárteles del Golfo y de Juárez, dependiendo de las rutas utilizadas para
transportar a los migrantes. Se cree que las tríadas operan en el estado
mexicano de Chiapas y que la tríada llamada Dragón Rojo, que opera en Perú,
está implicada no solo en el contrabando humano, sino también en extorsión y tráfico
de drogas en todo el territorio latinoamericano. Las amplias actividades de los
grupos trasnacionales del crimen organizado crean inquietudes judiciales ulteriores
que van más allá de la seguridad fronteriza.
Para responder al desafío del
contrabando y el tráfico de chinos a través del territorio latinoamericano será
necesario que Estados Unidos, China y América Latina –particularmente, México-
trabajen en conjunto.
Estados Unidos y China ya están
operando elJoint Liaison Group on Law Enforcement Cooperation [Grupo de Enlace Conjunto para Cooperación en la Observancia
de la Ley], el cual fue establecido en 1997 para hacer frente a gran diversidad
de temas, incluidos “las drogas, y la repatriación de inmigrantes ilegales”.
Durante la visita del presidente Xi, en septiembre, el presidente Obama y el
mandatario chino reiteraron su compromiso de ampliar la colaboración en el
cumplimiento de la ley.
Por otra parte, en los
últimos años se han expandido los lazos económicos y otros intercambios entre
China y México. Por ello, la cooperación judicial trilateral en materia de
inmigración y drogas podría ser una extensión natural de las relaciones
existentes. De hecho, en 2013, R. Evan Ellis, del Centro para Estudios Hemisféricos
de Defensa, en la Universidad de Defensa Nacional, propuso la creación de un “equipo
multinacional anticrimen móvil para evaluación y entrenamiento”.
Semejante equipo podría
ayudar a compartir información, resolver problemas de idioma, y coordinar
estrategias específicas para cada país implicado. Aun cuando los medios suelen
representar las relaciones de China y Estados Unidos en América Latina como un
intercambio más competitivo que cooperativo, tal vez el debate a menudo ríspido
por la inmigración no autorizada pueda generar una nueva fuente de
colaboración.
Rachel Brown es una asociada de investigación para
Estudios Asiáticos en el Consejo de Relaciones Exteriores.
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Publicado en colaboración con Newsweek / Published in colaboration with Newsweek