Didalco Bolívar, portavozde la coalición chavista, informó este martes que el oficialismo venezolano estudia pedir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la disolución del Parlamento, de mayoría opositora, por “usurpar funciones”.
Además del cargo de usurpación, los partidos que respaldan a Maduro plantean elevar su solicitud al tribunal por abuso de autoridad en política exterior, traición a la patria, violación de la Constitución por parte de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Igualmente, “pedimos que la abolición sea acompañada por la convocatoria a elecciones parlamentarias para que sea el pueblo el que diga si esta Asamblea obstruccionista y violatoria de la Constitución es la que debe ejercer o, en lo contrario, el pueblo decida qué tipo de Asamblea (…) debe darse”, sostuvo Bolívar.
Las discusiones en torno a esa solicitud comenzaron este martes y una decisión será anunciada la próxima semana, dijo el vocero.
“El Gran Polo Patriótico (GPP) ha iniciado una discusión para solicitar una consulta a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia” (TSJ) con el fin de pedir “la abolición de esta Asamblea Nacional”, señaló Bolívar en rueda de prensa.
A mediados de junio, el TSJ admitió una demanda del presidente Nicolás Maduro contra el Parlamento, también por usurpación de funciones.
Con ese dictamen, la corte invalidó dos decisiones del Legislativo, enfrascado en una lucha de poderes con el gobierno desde que la oposición asumió el control parlamentario en enero pasado con una amplia mayoría.
Las decisiones legislativas anuladas por el TSJ fueron un exhorto a esa corte y al Poder Electoral para no bloquear el referendo revocatorio que impulsa la MUD contra Maduro, por un lado, y un apoyo a organismos internacionales que piden una solución política a la crisis.
Ofensiva contra referendo
El oficialismo en Venezuela arreciará su ofensiva legal para impedir que la oposición active este año un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.
El mandatario afirmó la noche del lunes que hay denuncias sobre “un gigantesco fraude de carácter electoral” que tendrá “impactos de carácter jurídico” y político.
Durante un acto con periodistas, Maduro se hizo eco de los señalamientos sobre el proceso revocatorio en torno a irregularidades en la recolección de firmas de apoyo a la consulta.
El gobierno cree que estas acciones deberían desembocar en la suspensión de la iniciativa contra Maduro, al tiempo que impulsa una querella con el mismo objetivo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado por la oposición de ser el brazo jurídico del mandatario.
La autoridad electoral abrió este lunes la etapa de revisión de las rúbricas que fueron validadas la semana pasada. El proceso se extenderá hasta el 26 de julio, cuando el organismo determinará si dará paso al llamado a las urnas.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) “constatará firmas validadas en lapso de 20 días hábiles”, informó en Twitter Tania D’Amelio, rectora del organismo.
De su lado, los adversarios del jefe de Estado, agrupados en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), creen que se están cocinando “un par de sentencias” para suspender la activación del referendo, según Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional.
El gobierno “no puede negarse al referéndum después de que se validan las firmas, y después de que la gente expresa su voluntad, y después de que se han superado todos los obstáculos, las trampas”, señaló Allup al canal Globovisión.
Si lo hace, “este es un golpe de Estado”, remarcó.