A unos días de que
concluya el segundo periodo ordinario de sesiones de la 63 Legislatura, las
fracciones parlamentarias de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y
Verde Ecologista de México (PVEM) presentaron este jueves un proyecto de ley
insuficiente para que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) opere
eficazmente.
En el proyecto de Ley
General de Responsabilidades Administrativas presentado por los senadores Raúl
Cervantes, del PRI, y Pablo Escudero, del PVEM, se dejan a consideración de los
funcionarios públicos hacer públicos los datos correspondientes a sus
declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal.
En la propuesta de ley, se
lee en el artículo 29: “Los montos, valores, especificaciones, ubicaciones de
inmuebles y demás datos contenidos en la declaración patrimonial, sólo podrán
ser públicos con la autorización expresa del servidor público”.
El hacer pública la
totalidad de su declaración patrimonial y añadir la información de cónyuges y
dependientes económicos directos, también queda a discreción de cada
funcionario público.
Al dar libertad a los
funcionarios públicos de detallar o no su declaración patrimonial, se rasura la
sustancia de la iniciativa ciudadana “3de3” que exige elementos necesarios de
fiscalización y castigo para los funcionarios que pudieran incurrir en actos de
corrupción.
Diversas organizaciones de
la sociedad civil han formado parte de los diálogos para reformar las leyes
secundarias que doten de vida al Sistema Nacional Anticorrupción, y que deben
ser aprobadas por el Congreso de la Unión.
A inicios de abril,
recolectaron 634 143 firmas de la ciudadanía mexicana a favor de la #Ley3de3
contra la Corrupción, misma que fue propuesta por organismos como el Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO), Transparencia Mexicana, organismos
empresariales como la Coparmex y la Concanaco, así como diversas universidades,
organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos de a pie, cansados de la
corrupción e impunidad imperantes en México.
Clase política no quiere avanzar
Ayer, luego de
hacerse pública la iniciativa de los senadores que cercena la #Ley3de3, Juan E.
Pardinas, director del IMCO, aseguró que “a la clase política mexicana no le
interesa, no quiere presentar su declaración patrimonial, no quiere enseñar el
origen de su riqueza”.
Si bien reconoció que se
logró avanzar en algunos temas, como transparentar la declaración de intereses
en los tres niveles de gobierno, Pardinas reconoció que “la verdad es que no
quieren avanzar en el tema de la declaración patrimonial”.
En una entrevista
radiofónica con José Cárdenas, puntualizó que no se puede atribuir a las
organizaciones de la sociedad civil que la 3de3 no haya ido más lejos, pues no
cuentan con una curul en el Senado ni voto en el proceso, y que es a los
legisladores a quienes toca avanzar.
Pardinas lamentó que
México no avance como ya lo hacen otros países de América Latina en materia de
transparencia y rendición de cuentas. “La clase política no está preparada para
estas herramientas de modernidad democrática”. Y, por el momento, remató: los
ciudadanos “llegamos hasta donde pudimos llegar”.
Reformas penales, no deben excluirse
Las organizaciones
sociales y de la academia que han sido invitadas al parlamento abierto en torno
a la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción dirigieron una carta
dirigida a los senadores Raúl Cervantes y Pablo Escudero.
Eduardo Bohórquez, a
nombre de todos los que participaron en la revisión de los proyectos de
reforma, destaca que “aunque estamos de acuerdo con el contenido sustantivo de
los proyectos presentados, es nuestra opinión que el Poder Legislativo debe
completar esta tarea con las reformas faltantes en materia penal. Estimamos
imperativo que se reformen los tipos penales relativos a los delitos de
corrupción y que se hagan explícitas las competencias que tendrá la nueva
Fiscalía Especializada en Materia de Delitos de Corrupción”.
Destaca que “sin esos dos
cambios adicionales, el Sistema nacería incompleto y este esfuerzo sería
insuficiente”. Y les hace un llamado respetuoso “a evitar que las reformas
penales, que constituyen una pieza fundamental en el diseño del Sistema, queden
excluidas del debate legislativo en curso”.
Por último, el director de
Transparencia Mexicana, conmina a los legisladores a no descartar la posibilidad
de convocar a un periodo extraordinario de sesiones, ello “con el propósito
explícito de desahogar el proceso legislativo al que nos referimos, en las
mejores condiciones de deliberación abierta y franca entre todos los grupos
parlamentarios y las organizaciones de la sociedad civil que hemos sido
invitadas a este diálogo, siguiendo los principios del parlamento abierto. Como
ustedes saben, el plazo constitucional que está corriendo en la materia es
todavía suficiente para completar las siete reformas mencionadas, con los
mejores contenidos y el mayor consenso posibles”.