La planta tratadora de aguas residuales más grande de Latinoamérica, que se construye en Atotonilco de Tula y que permitirá mejorar la salud y vida productiva de 700 mil hidalguenses de forma directa, cumplió 113 días paralizada.
Sellos de clausura colocados por la presidencia municipal de ese lugar son el motivo que impide que los trabajos en su fase de prueba se puedan continuar, circunstancia que obligó al despido de decenas de empleados, vecinos de la región.
Esta obra realizada por el gobierno federal de manera conjunta con la iniciativa privada, se encuentra proyectada para limpiar cerca de 3 millones de metros cúbicos diarios, que más tarde serían repartidas en el Valle del Mezquital a través del Sistema de Riego 03.
De acuerdo con reportes internos de la Comisión Nacional del Agua, fue el 30 de noviembre cuando fueron colocados los sellos de clausura, justo cuando la planta se encontraba lista para iniciar su fase de pruebas de forma integral.
El presidente municipal Edgar Reyes Martínez, apoyado por el despacho jurídico Corporativa Global SA de CV, tomó la decisión de demandar el pago de la licencia de construcción que, asegura, no fue renovada y que acusa un adeudo por no haber liquidado lo que en derecho correspondía a la hacienda municipal.
Este hecho representa, en este momento, la exigencia de pago de 230 millones de pesos más recargos e intereses que podrían llegar hasta los 570 millones de pesos, según la petición de los abogados.
En 2010, la administración de la empresa Aguas Tratadoras del Valle de México (ATVM) encargada de la construcción y operación de la planta, entregó al ayuntamiento, entonces encabezado por Julio César Ángeles, la cantidad de 24 millones de pesos por la licencia de construcción, según los reportes financieros.
Conforme a los reportes de la ATVM, los daños son incuantificables, puesto que fueron puestos fuera de labores 780 trabajadores junto con maquinaria pesada y especializada, que representa un costo de un millón diario.
Junto a ellos, se suman los 50 millones mensuales que paga el gobierno federal a este consorcio operador y otros 14 millones por mantenimiento y operación, lo cual de forma global significa una pérdida superior a los 260 millones de pesos.
Y lejos de estas cifras millonarias, la limpieza de los ríos y canales del sistema 03 que permitiría rotar a cultivos limpios, tendrán que esperar por tiempo indefinido.