Ella había entrado y salido de China docenas de veces con
el paso de los años. Había dirigido poderosas delegaciones comerciales
provenientes de su ciudad, Houston, hacia Shenzhen, el equivalente chino de
Silicon Valley. Por ello, nada parecía extraño aquel 19 del marzo de 2015,
cuando Sandy Phan-Gillis organizó otro exitoso viaje de negocios a China con un
numeroso grupo que incluía al alcalde temporal de Houston, Ed Gonzalez.
Esa noche, durante la cena, la empresaria de 55 años se
disculpó para reunirse con un amigo. Al día siguiente, mientras estaba en la
fila con su grupo para cruzar la frontera hacia Macao, los demás repentinamente
se dieron cuenta de que había desaparecido. El grupo siguió su camino sin ella.
Horas después llamó por teléfono a uno de ellos en Macao. También llamó a su
esposo, Jeff Gillis, director de servicios de petróleo y gas de Houston. Le
dijo que se quedaría en China unos días más. Pasaron otros dos días antes de
que Gillis recibiera otra llamada de su esposa. De nueva cuenta, ella le dijo
que se quedaría en China para concluir algunos negocios. Pero esta vez su voz
parecía forzada, declaró él más tarde a la prensa.
Pasó una semana más sin noticias. Desesperado, Gillis
llamó al consulado estadounidense en Guangzhou y presentó una denuncia por la
desaparición de su esposa. Veinte minutos después un funcionario le devolvió la
llamada. Sólo entonces, el 1 de abril, Gillis se enteró de que su esposa,
naturalizada estadounidense y originaría de Vietnam, se encontraba bajo la
custodia de la seguridad estatal de China. Pero tuvieron que pasar seis meses
más antes de que Pekín explicara finalmente por qué: Phan-Gillis era
“sospechosa de participar en actividades que habían perjudicado la seguridad
nacional de China”, anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores. Añadió que
“se le respetaron todos sus derechos… goza de buena salud y está cooperando
en la investigación”.
¿Pero en la investigación de qué? El Ministerio no dio
mayores detalles. “Nos dijeron que está acusada de robar secretos de Estado”,
señaló Katherine, la hija de Phan-Gillis, después de la declaración del
Ministerio de Relaciones Exteriores, emitida el 22 de septiembre, con lo que
rompió el silencio que la familia mantuvo durante seis meses acerca del caso.
Pero en el año que ha pasado desde que fue detenida en la frontera, los
funcionarios chinos no han presentado ninguna prueba de que ella hubiera
realizado alguna actividad ilegal. Y un año después de su arresto sigue estando
prisionera en la antigua ciudad de Nanning, 590 kilómetros al oeste de Hong
Kong, sometida a constantes interrogatorios. No hay cargos, y mucho menos una
acusación pública y un juicio a la vista.
“Pensé que debía tratarse de un gran error”, dijo su
esposo tras la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores. “Mi esposa
no es una espía, no es una ladrona. Es una empresaria trabajadora que dedica
mucho tiempo a realizar actividades sin fines de lucro que benefician las
relaciones entre Houston y China”.
Desde septiembre pasado, la familia se ha mantenido en
silencio. Temiendo represalias por parte de China, Gillis indicó que no podía
hablar con Newsweeksobre la
situación de su esposa. “Los familiares que tienen a un ser querido en un
centro de detención en China enfrentan un dilema”, afirma John Kamm, empresario
de San Francisco que dirige una fundación que promueve los derechos humanos en
ese país. “¿Deben hacer público su caso o permanecer en silencio? Muchas
personas temen que si lo hacen público, su familiar sufrirá”. Pero, “a final de
cuentas —señala Kamm—, hablar ha demostrado ser la decisión correcta, aunque
sigue siendo la decisión más difícil y angustiante”.
La familia de Phan-Gillis ha luchado con ese dilema.
Después de que China publicó sus acusaciones en septiembre pasado, la familia
habló y abrió un sitio web para informar sobre su situación. Pero en pocos
días, lo cerraron y dejaron de dar entrevistas; el abogado de la familia dijo
que “habían llegado a un punto en el que es mejor dejar que el Departamento de
Estado y la Casa Blanca negociaran por Sandy, y ahora estoy desactivando la
campaña en los medios de comunicación”.
El Departamento de Estado afirma que está siguiendo de
cerca su caso. Funcionarios estadounidenses de alto rango, entre ellos el
subsecretario Tony Blinken, “han sacado a colación el caso de la señora
Phan-Gillis con funcionarios del gobierno chino en múltiples ocasiones”,
declaró a NewsweekAnna Richey-Allen,
vocera del Departamento. Cuando se le preguntó si el secretario de Estado John
Kerry mencionó el caso de Phan-Gillis en su vista a Pekín en enero, otro
funcionario del Departamento sólo indicó, bajo condición de anonimato, que
“puedo asegurar que el tema de los derechos humanos en China ciertamente fue
mencionado”. Mientras tanto, de acuerdo con Richey-Allen, funcionarios
consulares de Estados Unidos en Guangzhou, que se encuentra a tres horas y
media en tren bala de Nanning, han visitado a Phan-Gillis periódicamente
durante el último año, 11 veces en total.
“Pienso que el Estado está manejando esto en forma
discreta y diligente”, señala Joseph DeTrani, antiguo experto en China de la
CIA y el Departamento de Estado. Hacer un escándalo público sobre el caso
podría ser contraproducente, añade en un correo electrónico, “dada la
preferencia de Pekín por las discusiones y negociaciones discretas”.
Pero Michael Pillsbury, que ha sido asesor de alto rango
sobre China en el Pentágono y en Capitol Hill, afirma que “la única manera en
que el lado estadounidense tenga éxito” es plantarle cara a Pekín, “negar
específicamente las acusaciones y presentar pruebas de que los cargos son
falsos”. En cuanto al riesgo de que actuar así podría hacer que los
funcionarios de Pekín piensen que Phan-Gillis es inusualmente importante para
Washington, Pillsbury le resta importancia. “Desde luego, ello aumenta su valor
en opinión de China —señala—, pero ¿y si se tratara de usted?”.
Hay muchas teorías sobre la razón por la que China arrestó
a Phan-Gillis. Una de ellas dice que se convirtió en un obstáculo en la llamada
“campaña anticorrupción” del primer ministro chino Xi Jinping, en la que se ha
arrestado a muchos altos funcionarios relacionados con sus predecesores
acusados de participar en enormes planes de sobornos. El año pasado, el diario Houston Chronicleseñaló que Phan-Gillis
estaba relacionada con poderoso círculos en China: “Como presidente de la
Asociación de Ciudades Hermanas de Houston-Shenzhen y consultora desde hace
mucho tiempo para unir a empresas del sur de China con sus contrapartes en
Houston, ella conocía a todo tipo de agentes de poder y muchos de ellos eran
sus amigos”, dice el diario. Por lo tanto, es posible que el verdadero interés
de Pekín en Phan-Gillis el año pasado haya sido lo que ella pudiera decirles a
los investigadores anticorrupción acerca de los acuerdos de negocio de sus
contactos chinos y que haya utilizado los cargos de espionaje como una artimaña
para justificar su detención.
Su encarcelamiento se produjo en el momento en que la
campaña de Xi para revitalizar el Partido Comunista de China aprovechaba una
ola de “mayor educación patriótica”, como lo dijo recientemente Robert Daly,
director del Instituto Kissinger sobre China y Estados Unidos. La televisión
estatal de China, con su programación continua de documentales y dramas que
reciclan los crímenes de guerra cometidos por los japoneses, sus improperios
contra Estados Unidos y la oposición de Japón contra los reclamos de Pekín en
los mares del Sur y el Este de China, así como las denuncias de los ataques del
gobierno de Obama contra ciberladrones de secretos industriales y
gubernamentales de Estados Unidos, hacen que una guerra de espionaje resulte
prácticamente inevitable.
En 2013, Estados Unidos acusó a cinco ciudadanos chinos de
conspiración para hurtar arroz modificado y otras semillas, supuestamente
extraídas de una compañía en Arkansas. Al año siguiente, acusó a cinco
oficiales militares chinos por el robo cibernético de secretos de empresas
productoras de energía, acero y aluminio, así como de incursionar en los
archivos de sindicatos. En mayo de 2015, un catedrático universitario fue
arrestado y acusado de haber robado tecnología de telefonía celular
estadounidense cuando aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.
Pekín ha respondido con varios arrestos de extranjeros,
acusados de robar secretos de Estado, entre ellos, cuatro japoneses, así como
una pareja de misioneros canadienses, Kevin y Julia Garratt, que habían vivido
en China durante décadas y poseían una cafetería cerca de la frontera con Corea
del Norte. En enero, Peter Dahlin, activista de derechos humanos, fue detenido
durante tres semanas por la sospecha de poner en riesgo la seguridad nacional
hasta que acordó hacer una confesión amañada, transmitida por televisión,
diciendo que había quebrantado la ley, “provocado daños al gobierno chino y
perjudicado al público de China”, de acuerdo con la BBC.
En China no existe el “debido proceso” como se entiende en
Occidente. Los activistas y abogados en favor de los derechos humanos son
encarcelados continuamente. Recientemente, editores antigubernamentales han
sido cazados en otros países y llevados nuevamente a China. Las autoridades
encarcelan a los sospechosos y los liberan a placer, y no siempre basándose en
los méritos del caso. Por ejemplo, Kevin Garratt ha estado detenido por cargos
de espiar y robar secretos de Estado desde finales de enero. Sin embargo, se
desconoce cuál es la situación de su esposa. Ella pasó seis meses bajo
“vigilancia domiciliaria” antes de ser liberada bajo palabra en febrero de
2015, pero desde entonces no ha habido noticias acerca de su estado o de su
paradero.
En septiembre pasado, una débil y asustada Phan-Gillis
dictó una carta a su marido a través de un funcionario consular estadounidense
que la visitaba. “No conoces este país y qué tan peligroso puede ser para ti”,
dijo. “Por favor intenta con más fuerza el cabildeo y la negociación para mi
liberación a través del Congreso y el presidente”. El congresista local de la
familia, el representante Al Green, de tendencia demócrata, le escribió a
Barack Obama. Cuando Newsweeksolicitó
información, su oficina declinó decir lo que Green había pedido o la forma en
que respondió la Casa Blanca.
No es probable que se produzca un intercambio, de acuerdo
con algunos expertos, hasta que China acuse formalmente a Phan-Gillis de
espionaje, a lo cual seguiría una oferta de Estados Unidos para devolver a una
de las personas acusadas de espionaje que se encuentran en este último país.
Sin embargo, otras personas afirman que si Phan-Gillis es verdaderamente
inocente, Estados Unidos se resistirá a establecer ese acuerdo. Otra
posibilidad, aunque escasa, que ronda la mente de algunos expertos, sería un
acuerdo para devolver a Phan-Gillis a cambio de algún fugitivo chino en Estados
Unidos, como Yang Xiuzhu, exfuncionaria de alto rango que ahora se encuentra
detenida en una instalación de deportación de Nueva Jersey, y que Pekín desea
enormemente que sea extraditada para enfrentar cargos de corrupción. Sin
embargo, dado que ha solicitado asilo político, no es muy probable que esto
ocurra.
Cuando se le pidió un comentario acerca del caso de
Phan-Gillis, un vocero de la embajada china en Washington, D. C. dijo que “no
había más información que proporcionar”.
Mientras tanto, el 19 de marzo se cumplió un año desde que
Phan-Gillis fue arrestada, sin ningún movimiento en su caso. Y sin ninguna
clase de acuerdo, es probable que permanezca en la cárcel, afirma Bill Bishop,
influyente observador de China y editor del boletín Sinocism.
“Si Estados Unidos no ofrece algo que los chinos deseen
—declaró a Newsweek—, ¿acaso habrían de liberarla sólo porque un funcionario
estadounidense se lo ha pedido?”.
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Publicado en cooperación con Newsweek/ Published in cooperation with Newsweek