El expresidente de Partido Revolucionario Institucional (PRI),
Humberto Moreira, tuvo a su disposición la maquinaria diplomática y legal de la
embajada de México durante los ocho días que estuvo recluido en la prisión de
Soto del Real, España, por presuntos nexos con el cártel de los Zetas y
actividades criminales como lavado de dinero, revela este lunes una
investigación periodística del diario El País.
La nota firmada por el periodista José María Irujo señala que el momento cumbre de este “inusitado y
extraordinario interés” por la situación legal del también exgobernador de
Coahuila se dio cuando la procuradora general de México, Arely Gómez, se puso
en contacto vía telefónica con su homóloga española, Consuelo Madrigal, para conocer detalles sobre el proceso
legal que el expriísta atravesaba en España.
(Madrigal) “le respondió que el
caso está bajo secreto de sumario, que no podíamos darle ningún detalle y que
la posición de la fiscalía es que ese señor debía permanecer en la cárcel
porque los delitos eran muy graves”, dijo un portavoz de la Fiscalía General
del Estado entrevistado por el diario ibérico, quien reveló que la acusación contra Moreira la siguen en España
los fiscales anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa.
Moreira había sido detenido el 15 de enero en el aeropuerto de
Madrid-Barajas cuando iba a entrar a España y el 22 de enero, tras declarar
ante un juez español, se ordenó su libertad bajo caución. El exgobernador de Coahuila estuvo preso una semana por acusaciones de lavado, cohecho y asociación delictuosa. El también exdirigente del PRI no sólo adquirió una deuda de 33 000 millones de pesos cuyo destino se desconoce, sino que convirtió la entidad en feudo de Los Zetas e implementó un sistema de terror, del que los grandes empresarios en torno al carbón y los hidrocarburos aparecen como los únicos beneficiados.
El político mexicano estuvo al frente del PRI desde marzo hasta
diciembre de 2011. Sin embargo, tuvo que renunciar a la presidencia de ese partido por acusaciones de corrupción y por las colosales deudas contraídas durante su gobierno en el estado de Coahuila (2005-2011), tal como cita el reportaje publicado en Newsweek en Español el día 5 de febrero de 2016, en el que se menciona que “la estrella de Humberto Moreira hacía tiempo que había perdido intensidad. Durante los cinco años que ejerció como mandatario adquirió una deuda pública por 33 000 millones de pesos, la mayor registrada hasta entonces en el país” (ir a texto completo)
Foto: Portada de Newsweek en Español del 5 de febrero de 2016.
Irujo da a conocer que el
mismo día de su detención, funcionarios de la embajada de México en Madrid
recibieron órdenes de seguir de cerca el caso. Siguiendo las órdenes, se
volcaron en la búsqueda de reconocidos abogados españoles (Baltazar Garzón, uno
de ellos, pero quien declinó a defender a Moreira), así como a la atención de
Vanessa Guerrero, la esposa de Moreira, y de sus hijas, que durante varios días
se alojaron en el hotel Vincci Soho, mismo que mantiene un convenio con la
embajada y allí alojan a las autoridades mexicanas que visitan el país.
Fuentes consultadas por El País afirman que ese mismo día por la
tarde, cuando Moreira fue presentado ante el juez de guardia de la Audiencia
Nacional española, organismo encargado de investigar casos de terrorismo y
crimen organizado, funcionarios de la PGR adscritos a la embajada preguntaban
los detalles de la detención de Moreira y los cargos había contra el expresidente
del PRI.
“Estaban muy interesados, pero no se les dijo ni pío”, dijo una
fuente española que agregó que “toda la embajada estuvo volcada en Moreira como
nunca había ocurrido con otros detenidos”.
Pese al mutis de la justicia española encargada de llevar el
caso del político mexicano, el gobierno de Peña Nieto insistía en conocer los
cargos criminales que había contra su antiguo colaborador y presunto
financiador de su campaña electoral, por lo que funcionarios de la Sección Consular redactaron un escrito
dirigido al Ministerio de
Asuntos Exteriores en el que amparándose en el artículo 36 de la
Convención de Viena preguntaron al juez Pedraz, instructor del caso, aspectos
relevantes de la investigación.
Ante las insistentes solicitudes, la respuesta que dio Pedraz fue
estrictamente protocolaria y en la misma no se facilitó ningún dato de la causa
declarada secreta, según fuentes judiciales, cita El País.
El 22 de enero el juez Pedraz dejó en libertad provisional a
Moreira; el 3 de febrero el ex presidente del PRI abandonó España
con su esposa y regresó a México donde proclamó su inocencia y
soltar en el AICM una frase muy del estilo de la política mexicana: “mancharon
mi honor”, dijo el coahuilense.
El juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional, principal
instancia penal en España, considera que Moreira, que compareció ante él el
pasado 22 de enero, pudo documentar todas esas transferencias.
El político justificó estas transferencias para gastos de
manutención de su familia durante el tiempo que estuvo en España para hacer un
Máster.
“Se trata de dinero
que el Sr. Moreira ‘tiene’ en México y que al venir a España transfiere por
cauces ordinarios (bancarios) y lo gasta; sin que pueda calificarse de
desproporcionado (alquiler de vivienda, manutención de cuatro personas, gastos
ordinarios, vehículo, etc)”, consideró el juez en su escrito.
Sin embargo, la premura con que Moreira salió de España causó
sorpresa y curiosidad en las autoridades españolas.
“Se ha marchado sin su teléfono y su Ipad que todavía estaban en
poder de la Policía. Parece que tenía mucha prisa”, afirmó una fuente de la
fiscalía.
Y es que pese a la resolución de
Pedraz, la Fiscalía Anticorrupción de Españamantiene la causa abierta debido a que además del exgobernador
de Coahuila en la comisión de los supuestos delitos están implicadas más
personas, por lo quela
investigación sigue siendo secreta yel caso podría reabrirse en cualquier momento.
En Texas las autoridades iniciaron una investigación por blanqueo de una parte de ese dinero, mientras que su hermano Rubén, que lo sucedió como gobernador, se deslindó públicamente del destino de al menos la mitad de todo ello que, dijo, no era posible rastrear debido al extravío de documentos oficiales. La magnitud del escándalo lo obligó a renunciar como dirigente nacional del PRI en diciembre de 2011, cuando la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto estaba en ciernes. Coahuila, además, llevaba meses con amplias zonas conflagradas por la violencia, en donde lo mismo mataban y secuestraban grupos de civiles que agentes del estado.
Con información de El País.