El domingo 11 de octubre, Basilio Juracán, alcalde del municipio de Concepción, departamento de Sololá, fue linchado por una turba de vecinos quienes luego le prendieron fuego. Esto, luego de que lo responsabilizaran por un tiroteo en contra del excandidato a alcalde, Lorenzo Sequec, en donde murieron su hija y sobrina de 16 y 17 años, y cinco más resultaron heridos.
Supuestamente, la rivalidad entre ambos políticos se hizo más patente luego de la derrota de Sequec en las elecciones celebradas el 6 de septiembre pasado, ya que el ex candidato acusó públicamente a Juracán de negocios turbios en su administración anterior, y solicitó que fuera investigado.
“Muchas investigaciones colocan como el eje central de los linchamientos a la ausencia de un Estado, que es incapaz de permitirle a la población acceder a una justicia pronta y cumplida”, afirmó a la AFP el especialista en derechos humanos, Jorge Santos.
El cadáver de Juracán quedó tendido en su vivienda, también destruida por la multitud, que reaccionó en venganza por las sospechas de que había ordenado el ataque armado, horas antes, contra el candidato rival a la alcaldía, Lorenzo Sequec, de la Unidad Nacional de la Esperanza (socialdemócrata). En el ataque también ardieron vehículos, la misma alcaldía y al menos otros seis edificios, incluyendo un restaurante y un café internet.
En declaraciones a medios locales, Sequec atribuyó el atentado a Juracán, del partido derechista Libertad Democrática Renovada, quien había sido reelecto en septiembre pasado para un período de cuatro años.
Sobre el funcionario linchado pesaban varias denuncias de corrupción por lo cual Sequec aseguró que ya había sufrido intimidaciones de Juracán. “Eso no le gustó y amenazó con tomar represalias”, señaló Sequec a Prensa Libre.
Práctica común e impunidad
“Los altos niveles de impunidad en el país agotan a la poblaciones y producen un hecho de barbarie como un linchamiento”, agregó Santos, director del Centro Internacional de Investigaciones de Derechos Humanos (CIIDH). Los linchamientos se han convertido en una práctica común en Guatemala y se han reportado tanto en las poblaciones indígenas asentadas en el oeste, como en zonas urbanas. Incluso, presuntos delincuentes han sido vapuleados en universidades capitalinas, lo cual explica que el caso de Sololá no provocó conmoción en el país.
Datos del humanitario Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) detallan que entre 2009 y principios de 2015 unas 1.221 personas fueron víctimas de linchamiento. Según el estudio, unas 236 murieron y 985 resultaron heridas. “La población ahora lincha de manera recurrente. Sin embargo en pocas ocasiones se toca a una autoridad como ocurrió en este caso”, dijo a la AFP Carmen Aída Ibarra, directora de la organización Pro Justicia.
Según la activista, el reciente caso de linchamiento vuelve a demostrar que las poblaciones optan por tomar la justicia en sus manos en rechazo a la autoridad del Estado, que se ha mostrado débil al momento de impartir justicia.
“El brazo de la justicia del Estado no es fuerte y en muchas ocasiones ha defraudado o dejado insatisfecho a un sector. El Estado ha fallado y la población ya tiene poca esperanza en el Estado para resolver sus problemas”, aseguró Ibarra.
Con información de AFP y BBC
