Tim Berners-Lee, británico de sesenta años, es un hombre con una agenda muy apretujada y un triunfo que lo reconforta con una página propia en la enciclopedia, esto por haber creado las tres W más famosas del mundo: la World Wide Web, es decir, nada menos y nada más que internet. Y, sin embargo, Sir Tim, como lo llaman sus colaboradores (en virtud del título honorífico que le otorgó la reina Isabel II en 2004) últimamente anda algo preocupado. Se debe a que su invento, que es el responsable de que podamos hoy navegar desde una parte a la otra del mundo presionando una tecla, se ha salido en cierta manera de control. De ahí que Sir Tim, que se considera guardián y defensor de la red, haya propuesto una Magna charta libertatum, o sea, una Constitución sobre Internet en la que figuren derechos y deberes de los internautas. La razón, según Berners-Lee, es que “si no disponemos de una internet libre y neutral, sobre la que contar sin preocuparnos de lo que sucede en la trastienda, no podremos tener un gobierno libre, una buena democracia, un buen sistema sanitario, comunidades conectadas y diversidad de culturas”.
Y aquí viene lo absolutamente inédito: tras captar la consigna de Berners-Lee, veinticuatro parlamentarios italianos, entre ellos filósofos, juristas y expertos en tecnologías, pusieron manos a la obra por un año, y redactaron la primera versión en el mundo de esta peculiar “constitución”. Y tuvieron éxito.
A finales de julio pasado, el Parlamento italiano aprobó la iniciativa que ahora tiene que ser convertida en ley, pero que ya ha transformado a Italia en pionera a escala mundial. Tanto, que el documento, al que también contribuyeron decenas de ciudadanos con propuestas y comentarios, será presentando en noviembre próximo durante el “Internet Governance Forum (organismo apoyado por la ONU), que se celebrará en Brasil. Ahí precisamente se partirá de la iniciativa italiana como modelo para una futura reglamentación mundial, avanzando así en el proyecto de Berners-Lee. El motivo es que el documento italiano, que tiene vocación constituyente, es un paso más allá del brasileño Marco Civil de Internet, redactado en 2014 y también muy vanguardista, pero que fue creado principalmente para regular las relaciones comerciales y las intrusiones de las compañías estadounidenses, en el marco de la polémica generada en 2013 por las escuchas del gobierno de Estados Unidos a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff.
Internet y las nuevas tecnologías han achicado el mundo de una manera asombrosa. Sí. Hoy tú puedes, por ejemplo, conectarte con un japonés instantáneamente y conversar con él sin haberlo visto jamás en persona. En algunos países, también puedes pagar tus facturas o solicitar tu DNI en línea, al tiempo que empresas y gobiernos están haciendo un uso cada día más sistemático de la red para sus propósitos, abaratar los costes e, incluso, perseguir criminales. No obstante, esta vorágine de modernidad, ligada a la bárbara costumbre de la humanidad de hacer uso de herramientas que sólo unos pocos controlan completamente, está devorando más y más víctimas. Empezando, según numerosos defensores de derechos humanos, por la democracia.
NO COMPATIBLE CON LA DEMOCRACIA
De ahí que la presidenta del Congreso italiano y principal promotora política de la iniciativa, Laura Boldrini, al presentar el texto dijera que “no se puede dejar la red en manos de los poderosos”, es decir, los gobiernos, las operadoras y grupos de presión como las operadoras audiovisuales y las grandes multinacionales de internet (Google, Facebook, Apple, Amazon, etcétera).
“La presente Declaración de los Derechos en Internet se basa en el reconocimiento pleno de la libertad, la igualdad, la dignidad y la diversidad de cada individuo”, se lee, de igual manera, en el preámbulo del documento. “La garantía de estos derechos es una condición necesaria para asegurar el funcionamiento democrático de las Instituciones y para evitar que prevalezcan los poderes públicos y privados que podrían llevarnos hacia una sociedad regida por la vigilancia, el control y la selección social”, continúa el texto, que ya ha sido traducido en varios idiomas, incluido el español.
El eje principal del razonamiento le da un giro de tuerca a lo revelado por los últimos grandes escándalos de espionaje masivo llevados a cabo por Estados Unidos, que reveló el consultor tecnológico estadounidense y antiguo empleado de la CIA y la NSA, Edward Snowden. Y, por supuesto, a las filtraciones de documentos reservados de Estados Unidos difundidas por el “hermano mayor” de este, el fundador de Wikileaks, Julian Assange. “Sin dudas, (los casos de Snowden y Assange) han influenciado mucho nuestro trabajo, en particular los artículos relativos al espionaje privado y público”, confirmó, en entrevista con Newsweek en Español, el italo-argentino Juan Carlos De Martin, profesor de informática del Politécnico de Turín y miembro de la comisión parlamentaria que trabajó en la mencionada constitución. “Está más que claro que el espionaje masivo, sea obra de actores públicos o privados, es algo nocivo o, para ser más exactos, incompatible con la democracia”, agregó.
De ahí que el artículo 10 de la Constitución italiana dictamine que navegar anónimamente en internet es un derecho, pues permite “ejercer las libertades civiles y políticas”, así como lo es no figurar eternamente en los motores de búsqueda. Porque, como explica el artículo 11, todos los usuarios tienen derecho a que sus datos ”se borren de los índices de los buscadores” cuando esas informaciones ya no tienen “relevancia pública”. En esta línea, según recita el apartado 5, se establece que todos puedan tener acceso a sus datos personales en internet y, si quieren, modificarlos. Y que, en ninguna parte, a diferencia de lo que acontece ahora en muchos países, se permita la violación de sistemas o dispositivos informáticos personales, ya que estos son “inviolables”, con excepción de aquellos casos en los que haya “la autorización motivada de la autoridad judicial”.
Además, siempre según el documento italiano, tampoco es posible ejecutar “medidas judiciales o administrativas” contra personas basándose exclusivamente en máquinas que usan “algoritmos y cálculos de probabilidades” en la red. En relación con la seguridad de internet, “no se admiten limitaciones a la libertad de pensamiento”, mientras que el derecho al olvido no puede restringir el derecho a la información general que es condición necesaria para el funcionamiento de las sociedades democráticas. Y todo esto vale a escala internacional. “Aunque la batalla entre la libertad y la seguridad está lejos de ser algo nuevo —insiste De Martin—, lo que es nuevo es que, por primera vez en la historia, es posible espiar a miles de millones de individuos al mismo tiempo, como han puesto en evidencia las revelaciones de Snowden”.
CIUDADANOS AL DESNUDO
Y es que lo más desasosegante ya se encuentra en las hemerotecas. Mientras tú lees este artículo, se sabe, por ejemplo, que la NSA y la Government Communications Headquarters, su equivalente británica, utilizaron juegos como “World of Warcraft”, “Second Life” y “Angry Birds” para acceder a información personal (etnia, sexo o estatus marital) y datos de localización de un número desconocido de usuarios en todo el mundo, tal y como publicaron, sin ser desmentidos, los diarios The New York Times y The Guardian. Que en el verano de 2014, durante la ofensiva de Israel contra Gaza, los cables de las agencias de noticias relataron que el ejército israelí había detenido a varios de sus soldados tras violar las cuentas de estos en WhatsApp, el popular servicio de mensajería propiedad de Facebook, y enterarse de que filtraban por allí información sobre los operativos bélicos. O, por citar otro caso, que un fallo en la seguridad en iCloud, propiedad de Apple, permitió que fueran robadas centenares de imágenes íntimas de un centenar de artistas de fama planetaria, desde Rihanna hasta Kate Upton, pasando por Avril Lavigne y Hayden Panettiere.
Pocas son, en este contexto, las armas que poseen los profanos de la web para defenderse. “Cuando empezó, WhatsApp tenía fallos de seguridad muy graves porque la comunicación no iba encriptada. Ahora sí lo está. Es verdad que tiene detrás una empresa estadounidense, y Telegram una rusa, y Line una china… No sé, decide a qué gobierno te quieres mostrar”, ironizaba recientemente en declaraciones a un diario español Ramón González Gallego, capitán del Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil española. Esto último, en cierta manera, es un fleco más de una tendencia que está creciendo en Europa y que consiste en desvincularse, si bien con años de retraso, de los grandes colosos estadounidenses para promover aplicaciones europeas, como es la alemana SIMSMe, un programa de mensajería que encripta y permite cancelar las comunicaciones de sus usuarios, desarrollada por el servicio postal alemán.
Más aún, de acuerdo con el último informe “¿Dónde están mis datos?”, de la Electronic Frontier Foundation (EFF), una de las principales organizaciones de defensa de los ciberderechos, compañías como Verizon, Twitter, WhatsApp, Snapchat, Google, Slack, ComCast, At&t y Amazon todavía no informan a sus usuarios cuando reciben peticiones de información por parte de gobiernos. Mientras que, según otro estudio de esa misma fuente, 39 servicios de mensajería instantánea —entre ellos, Facebook chat, Skype, Telegram, WhatsApp y Viber— encriptan la información cuando viaja por la red, pero, aun así, ellos no son los únicos que pueden leer los datos de sus usuarios. Por el contrario, los más seguros son ChatSecure, CryptoCat, Signal/Redphone, Silent Phone, Silent Text y TextSecure y, entre los comerciales, iMessage y FaceTime.
No obstante, en un mundo cada vez más esclavo de su identidad digital, según la abogada italiana Monica Senor, el verdadero peligro no está representado por las grandes empresas cibernéticas, “ya que estas están atentas a las opiniones y reacciones de sus clientes”, es decir, los internautas. “Temo más a los gobiernos —dijo Senor a esta publicación—, pues también los de países democráticos, a menudo bajo la égida de la lucha contra el terrorismo, se han aprovechado de las capacidades de la red para intrusiones y control de sus propios ciudadanos”.
“Aquellos que se convierten en un blanco para un gobierno tienen pocas vías de fuga”, comentaba, en esta línea, Jacob Appelbaum, hacker estadounidense y uno de los fundadores de Tor (www.torproject.com), el software que garantiza el anonimato virtual y que es usado también por periodistas y disidentes en países represivos para saltarse la censura. De ahí que la abogada guatemalteca Renata Ávila, responsable de la campaña “Web We Want” (La web que queremos, ligada a Berners-Lee), argumente que, aunque mejorable en lo relativo al anonimato, la iniciativa italiana “es positiva, pues reconoce el papel central de internet en una sociedad democrática”. Más aún, señala Ávila, países como Francia, Reino Unido y España están yendo en sentido contrario, pues han aprobado medidas que aumentan los poderes de los servicios de inteligencia para rastrear en todo momento a sus ciudadanos.
Con más énfasis a partir de 2013, la opinión pública ha descubierto que los Estados se han involucrado en prácticas dudosas en internet. En particular Estados Unidos y Reino Unido, los cuales a través de una serie de programas han minado la privacidad de los internautas. Por ejemplo, Prism, que recolectaba datos y metadatos de los usuarios de grandes compañías de servicios en internet como Facebook, Microsoft y Google; Tempora, un sistema de vigilancia global creado por Reino Unido; y XKeyscore, un filtro que engullía grandes cantidades de datos electrónicos. También se publicaron informaciones sobre el pinchazo del teléfono de la canciller alemana, Ángela Merkel, o cómo el servicio de correos estadounidense fotografía y digitaliza los miles de millones de sobres de las cartas postales que circulan cada año en su territorio.
En otro bando, claro está, se encuentran los criminales puros y duros, los cuales hacen un amplio uso de la denominada deep web (la red profunda), un espacio virtual, creado en la década de 1990, que escapa del control de los buscadores convencionales y esconde todo tipo de actividades ilícitas. Y que, también gracias al fenómeno del abaratamiento de las tecnologías, se ha convertido en el paraíso del cibercrimen (de acuerdo con el informe de Symantec de 2015, por ejemplo, el uso de Ransomware, software informático malintencionado, aumentó un 113 por ciento en 2014, delito que incluye robar datos personales a un usuario para luego extorsionarlo), el espionaje político y comercial, del sabotaje e, incluso, de actividades terroristas.
Allí cada mañana, incluso en los días hábiles y feriados, se libra una feroz guerra, que responde también a intereses económicos y que ataca cada vez más a los más pequeños.