Una noche de mayo de 2007, Clara Torres concluyó que los partidos políticos, sobre todo el suyo, el PAN, en el que militó desde que adquirió derechos como ciudadana, eran parte de la desgracia social no sólo de Ciudad Juárez, su tierra natal, sino del país entero. Juntos impulsaron el sistema de gobierno y empresa que había roto el orden que ella conoció en su infancia.
“Cenaba unos tacos cuando volteé y dije a mi esposo: ‘¿Sabes qué? Voy a llamarle al candidato del PRI, a José Reyes Ferriz, y lo voy a invitar a desayunar. Necesito hablarle del proyecto para infantes’”, recuerda Torres la escena.
Los días previos había fracasado en la búsqueda de su segunda candidatura por la alcaldía. Era entonces la secretaría de Acción Política de la Mujer dentro del Comité Ejecutivo Nacional, entonces bajo la dirigencia de Manuel Espino Barrientos. Más allá de eso, Clara Torres era por mucho la panista más reconocida en el municipio desde el verano de 1986, cuando la toma de puentes internacionales y carreteras federales en Chihuahua marcó el hito de las manifestaciones por la democracia en México.
“Mi esposo me dijo que estaba de acuerdo. Así que tomé el teléfono y le marqué. Contestó y le dije: ‘Pepe, quiero exponerte un proyecto en el que ando metida, así que te invito a desayunar en mi casa’. Aceptó de inmediato y al otro día llegó puntual. Él, hijo de un exalcalde del PRI y priista de toda la vida, estaba de pronto sentado a la mesa para escuchar lo que tenía que decirle.”
A finales de la década de 1980, Torres había sido la única regidora de oposición dentro del cabildo local. Por ser mujer, además, se le relegó de carteras importantes y la pusieron a cargo de una que nadie tomaba en cuenta, la médico social. La joven que tres años antes confrontó a policías federales y estatales y sobre la que pesaban tres denuncias penales, de pronto se sintió maniatada en ese primer cargo como representante popular.
Pronto, sin embargo, la percepción que tenía sobre el quehacer político y la vida misma sería sacudida por un caso dramático.
Como única regidora a cargo del sector salud, una mañana fue llamada para atestiguar el caso de un niño de poco más de un año de nacido, al que sus padres apagaban cigarros en sus genitales cada vez que lloraba. La impresionó el hecho de que aquel infante en vez de llanto emitiera sonidos guturales. Estaba tan condicionado al dolor como respuesta, que operaba por instinto.
“Me estremeció tanto aquella escena, que la primera idea que me atravesó fue adoptarlo. No podía concebir cómo un niño de la misma edad que el mío tuviera una suerte tan distinta”, dice Torres, abriendo los ojos del espanto veintiséis años después.
La abuela materna apareció en escena y no se concretó el trámite de adopción, que ya había iniciado. Clara Torres no quiso involucrarse con ningún caso de maltrato y abuso infantil hasta que tuviera en sus manos la capacidad de concretar una ayuda real. Pasaron seis años antes de que ello sucediera.
En 1994, Torres llevaba un par de años como diputada local. Entonces recibió una llamada telefónica del párroco Aristeo Baca. La buscó para pedirle que gestionara para conseguir desayuno a infantes de una guardería que manejaba en una colonia popular situada a las faldas del cerro, en el sur de la ciudad.
Para entonces, Baca se distinguía de buena parte de los religiosos de la diócesis por su labor humanitaria y su activismo político en favor de los marginados. Dos años antes había acaparado portadas de diarios en México y el extranjero al ser el primer ministro religioso en ejercer su derecho al voto.
Torres quiso rechazar el compromiso que buscaba el sacerdote, justificándose en agendas que ella tenía como prioridad. Pero Baca contraatacó. Le dijo que se conformaba con que lo acompañara a visitar el centro que recién abría.
“Cuando llegué ahí me di cuenta de que la dinámica en Ciudad Juárez, la que estábamos generando, es que sacábamos a la mujer de su campo doméstico para meterla al ámbito laboral, y los niños se estaban quedando solos, en la calle, inclusive amarrados y encerrados”, cuenta. “Cuando vi ya de cerca a un niño amarrado mientras su mamá trabajaba, o encerrado, me impactó otra vez tanto que pensé: de qué nos sirve tener un país con principios de ecología o democracia si tenemos una generación encerrada y amarrada.”
Tras esa visita, Torres se integró de inmediato al programa del párroco. Buscó que el IMSS abriera una cuarta guardería en una ciudad con casi medio millón de habitantes. Todos los intentos fracasaron. Intentó hacer lo mismo con los gobiernos locales. Tampoco funcionó. Lo único que se le ocurrió fue contender por la alcaldía, pero el PAN nunca la eligió a pesar de su enorme popularidad ciudadana. Su agenda simplemente no empataba con la doctrina de su partido.
Así llegó a la noche en que decidió eliminar las barreras partidistas y llamar al candidato del PRI al gobierno municipal. Y lo que planteó en el desayuno del día siguiente fue la síntesis de lo que buscó durante quince años.
“Le dije: ‘Mira, Pepe, no pienso volver a ser nunca candidata de nada. Desde este momento mi única fidelidad es hacer algo por los niños. ¿Si ganas me dejas hacer este programa? ¿Me dejas hacerlo como política pública? No quiero hacer un centro, quiero hacer cien guarderías’. Me dijo que sí.
“Le pedí entonces que me ayudara con la tercera parte del presupuesto que se necesitaba, y que yo me encargaba del resto. Dijo que sí también. Entonces le pedí que estableciéramos un acuerdo, porque nos iban a querer hacer garras, de un partido y del otro. Le pedí que nos diéramos un cheque de confianza. Me dijo que sí.”
La ciudad estaba al borde del abismo. José Reyes Ferriz asumió como alcalde el 10 de octubre de 2007, un año particularmente violento que, sin embargo, no anunciaba nada del siniestro futuro que comenzaría en enero siguiente.
Clara Torres inició su trabajo para la creación de los Centros de Bienestar para Infantes de entre cuatro y doce años, algo que con vehemencia buscó desde 1994. Los niños a quienes ninguna autoridad quiso atender se convertirían a partir de 2008 en el enorme porcentaje de víctimas de la violencia.
Una ciudad con 85 000 hogares bajo jefatura femenina demandaba, desde un cuarto de siglo antes, atención para sus hijos, un universo en abandono estimado en más de un cuarto de millón. El segmento social al que la explosión demográfica desatada por la maquila sólo contaba con tres guarderías para novecientos infantes menores de cuatro años, y a quienes ninguna institución, ni pública ni privada, les dotó siquiera de una escuela preparatoria en tres décadas.
LA TORMENTA PERFECTA
El programa maquilador iniciado durante la segunda mitad de la década de 1960 generó profundos cambios no sólo al rostro urbano de Ciudad Juárez, sino a la dinámica de sus habitantes, que apenas rozaban los 400 000 en 1970. De una vocación enfocada a los servicios y el comercio, la frontera dio un repentino salto al sector industrial.
Las primeras oleadas migratorias, predominantemente de mujeres oriundas de otras zonas de Chihuahua, así como de Durango, Zacateas y Coahuila, abrieron sin saberlo la codicia de los terratenientes locales. El grupo de empresarios que buscó afanosamente abrir las puertas a trasnacionales para establecerse con plantas de ensamblaje, encontró el campo propicio para multiplicar sus riquezas.
Especular con la tierra se convirtió en el negocio perfecto, y para ello tuvieron de comparsa a presidentes municipales, legisladores y gobernantes, la mayoría de ellos formados en las mismas filas empresariales. Estos hombres poseían enormes extensiones de tierra en el sur, oriente y poniente de la mancha urbana. Estos últimos, a las faldas de la cadena de cerros que flanquea la ciudad, eran territorios inútiles, debido al alto riesgo de catástrofes naturales.
La presión enorme ejercida por la creciente poblacional generó entonces movimientos populares de corte político, cuyos líderes encabezaron invasiones en esos territorios del poniente. Se trataba de líderes falsos, adheridos al PRI. Las invasiones tuvieron un doble propósito. Por un lado, el gobierno local respondía a la demanda de tierra de los nuevos trabajadores, y por el otro, los terratenientes lograban la urbanización de propiedades que al fin y al cabo les eran inservibles. La ganancia radicaba en que los terrenos que antecedían a las faldas del cerro, y que también eran suyas, fueron provistos de pavimento, electricidad, drenaje y agua potable.
Los parques industriales, sin embargo, se construían a kilómetros de distancia, en el extremo opuesto, hasta donde llegar a las trabajadoras les costaba y sigue costando hora y media de traslado. Pronto una legión de nuevos profesionistas, entre abogados mercantiles, ingenieros y arquitectos fueron anexándose a las regalías millonarias que ofertaba la expansión del proyecto maquilador. Pero ni ellos ni las autoridades jamás maniobraron para amortiguar el impacto social que se aproximaba.
Aquella primera generación de mujeres en la maquila trajo consigo a familias enteras. La mayoría de los hijos de todas ellas estuvieron bajo cuidado de abuelas o tías. Pero el segundo oleaje, que comenzó en la década de 1980, marcó el inicio de una nueva realidad, la de los hijos en abandono.
Así se llega a 1994, en el que el arribo de nuevas plantas industriales demandantes de mano de obra calificada coincide con la firma del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, al tiempo que la crisis en las refinerías del sur mexicano expulsa a miles de obreros, técnicos e ingenieros mientras el municipio ve crecer el aumento en el consumo de drogas.
La conjunción de fenómenos en un territorio desprovisto de infraestructura urbana, educativa, hospitalaria y recreativa dispara en pocos meses la violencia. Entonces comienzan las primeras desapariciones y asesinato en serie de mujeres jóvenes, hijas de la segunda y tercera camadas de las obreras de maquila.
“Llega un momento en el que la población, el ser humano, queda totalmente supeditado a la economía. La economía es el gran rector de todo. Entonces, dentro de esta gran rectoría económica, en Ciudad Juárez fuimos una de las principales víctimas”, dice Clara Torres, que se cuenta ella misma como parte de la legión de abogados mercantiles que consolidó las bases de ese sistema.
“A las trasnacionales les conviene una mano de obra barata. La frontera es la mejor área. Aquí se nos vendía como: vamos a tener empleo. Sí, pero ya teníamos la sobresaturación, ya no había suficiente demanda para las empresas. Había mucho más oferta que demanda y vienen estos fenómenos conjuntos que hoy vemos. Vienen nuevos migrantes del sur para cubrir una necesidad de las trasnacionales, no era una necesidad de los mexicanos.”
Torres renunció a la firma de abogados en la que laboró por dos años. Quiso avocarse sin distracciones en la política, pero terminó por renunciar también a ella. O a la militancia de partido, mejor dicho.
EL DRAMA NO VENDE
—Como abogada metida en ramas mercantiles cabe la posibilidad de no voltear a ver lo que se generaba en las orillas de la ciudad, pero metida en campañas políticas que te llevaron a una regiduría, a una diputación, eso es impensable. Dices no haber visto la realidad del abandono y la pobreza, el entorno violento en el que crecían miles de infantes hasta entrados los años 1990, ¿cómo se explica algo así?
—Es que no la ves, no la ves. Porque es el ámbito privado. O sea, ves a la señora en la calle y te cuentan, pero no lo ves. O quizá en mi entonces formación política veías lo que era el tema, que era el tema de la corrupción, el de la democracia, pero ese no era el tema, no era agenda política. De hecho todavía ahora no lo es, para acabar pronto. Por eso este tema casi no lo escuchas, porque no está en el ambiente de los políticos, no es tema.
—¿Por qué no interesa a la clase política?
—Porque no es un tema que vende electoralmente.
—¿Y a los gobiernos?
—Desde mi punto muy personal, tampoco les importa. En el gobierno vende con lo que puedas tomarte una fotografía. Vende la obra pública, los subsidios, pero el tema de la infancia no vende.
La desgracia no vende. Así que el poniente, donde actualmente residen unos 600 000 ciudadanos, se convirtió en el referente de la ignorancia pública y el desdén empresarial. Hasta 2010, la zona contaba con una sola escuela preparatoria, cuya capacidad es para menos de trescientos alumnos. Y a pesar de que la mayoría del 46 por ciento de trabajadoras de la maquiladora reside allí, no se construyó ninguna guardería infantil del gobierno.
“El gobierno no podía proveerles más que de una escuela preparatoria, pero sí estaba muy preocupado en abrir nuevas avenidas con cuatro o seis carriles para que pasaran los tráileres de las maquilas. O en agrandar los puentes internacionales, también para atraer a más maquilas”, dice Torres.
“No veíamos lo que estaba pasando con toda esta gente de Juárez y del sur del país que llegaron a vivir aquí en condiciones infrahumanas. Y lo peor de todo eran las condiciones en las que se desarrollaban los niños.
“Además las maquilas estaban lejanas, en los territorios en los que estos industriales lograban que el gobierno les autorizara el cambio del uso de suelo. Es decir, a hora y media de los terrenos en los que fingieron una invasión. Entonces, estas madres tenían que hacer una hora y media para ir a sus centros laborales y otra hora y media para volver. Si a esto le sumamos que tenemos el peor sistema de transporte del país, eso incrementaba el tiempo en el que dejaban solos a sus hijos.”
Ese fue el mundo que le mostró el párroco Aristeo Baca.
Y, de esta realidad, dice Clara Torres, lo que más le duele es que aún se critica a las madres trabajadoras por dejar en abandono a sus hijos.
En 2000, todavía panista, Torres fue invitada por Santiago Creel a la Secretaría de Gobernación. Fungió como directora de enlace entre el Ejecutivo y el Senado de la República. El cargo le sirvió para ubicar los nudos que imposibilitaban que el tema de atención infantil fuera política pública.
“Ahí conocí todas las estructuras del gobierno federal, todas las estructuras políticas, y entendí cómo podía hacerle —al menos nosotros en nuestro centro infantil con Aristeo Baca— para resolver este tema de los centros de cuidado de niños de cuatro a doce años”, dice.
Le quedó claro que ningún nivel de gobierno se involucraría en una empresa de tal escala, por el simple hecho de no importarles.
Entonces generó un programa autosustentable, ciudadano, para el cuidado de los infantes de entre cuatro y doce años, el grupo más vulnerable dentro de los vulnerables, justo para el que el sistema mexicano no contempla ningún sustento. Conformaron un patronato, entre ella y el párroco, que pronto se tradujo en la apertura del primer centro de atención infantil, al que llamaron Santa María de la Montaña.
En un año atendían a una comunidad de 130 infantes, cuyas madres pagaban 200 pesos semanales. Se les dejaba a las cinco de la mañana y se les recogía a las seis de la tarde. En el centro se les recogía, se les alimentaba, los llevaban y recogían en la escuela, resolvían tareas, se les ponían actividades lúdicas y se apartaba tiempo para el descanso.
“Siempre pensé que eso sólo se lograría bajando recursos del gobierno, y esto era algo comunitario”, se sorprende todavía Torres. “No teníamos ningún apoyo del gobierno, ninguno. El gobierno no subsidió nada. De allí se me hizo muy interesante luchar porque eso se convirtiera en política pública, al menos en Ciudad Juárez. Pero ahora quiero que esto se convierta en política pública dentro del gobierno federal. Y en ello estaré empeñada hasta que me muera.”
ESPEJO NACIONAL
Con la realidad social del municipio, la implosión era cosa de tiempo. Juárez se convirtió hace años en el referente común del colapso social, gracias al vacío que dejaron gobiernos y empresarios impulsores del modelo industrial, que esta década alcanza el medio siglo. Pero la ciudad fue el laboratorio de nuestro futuro, como bien dijo el periodista Charles Bowden hace veinte años. El país entero es una réplica del abandono infantil y el sistema de violencia encontró en ellos su carne de cañón.
El 25 por ciento de los infantes en México carecen de un espacio que garantice su seguridad y desarrollo integral mientras sus padres trabajan. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, existen 25 millones entre cero y doce años, lo que en términos netos representa alrededor de seis millones de menores que se crían solos o en el semiabandono. El total de hogares en los que la mujer es proveedora única alcanza el 26 por ciento, y la cifra va en aumento.
Torres busca replicar lo hecho en Ciudad Juárez al resto de ciudades mexicanas con el mismo fenómeno. Y avanza. En diciembre se tiene previsto que el municipio de Toluca anuncie el cuidado infantil como política pública.
De lo que se trata, dice Torres, es más que nada de voluntad, porque los centros en sí ni siquiera despojan de presupuesto a los ayuntamientos.
“Estos centros son dirigidos por la comunidad, no son del gobierno”, explica. “El municipio lo que pone es una oficina de supervisión, desde la que se vigila el cumplimiento a la normatividad. Ayudan a bajar recursos, también. Son como los representantes para mejorar el servicio de los centros. En algunas ocasiones, cuando hay, les dan recursos, una especie de subsidio por niño atendido. No es una regla, pero cuando hay, ocurre. Se encargan de la capacitación permanente.”
—¿Pero cómo se logra establecerlo como política pública?
—Para que esto funcionara como política pública necesitábamos, primero, saber cuánto gasta una obrera a la semana en alimentar a su hijo. Calculándole a 15 pesos diarios y 15 por comida, serían 30 pesos diarios. Si lo multiplicamos por cinco son 150 pesos. Tratamos de que ese fuera el costo que tendría que pagar una madre. Para lograr esto decidimos no construir nada.
“En todo México, en cada colonia hay una escuela pública, un centro evangélico y un centro católico. Buscamos escuelas públicas, centros religiosos, instalaciones de alguna ONG, que estuvieran cercanos dentro de las mismas colonias. Lo que hicimos fue reciclar los activos de la ciudad. Teníamos estas áreas que no se utilizaban por las mañanas. Así que el gasto administrativo de estos lugares ya está pagado, los servicios igual. Con eso nos ahorrábamos más del 40 por ciento del presupuesto necesario, o más. Fue así que convencimos a las autoridades municipales.
“La idea es que se pudiera hacer en México, que exista la política pública permanente para atender a niños de entre cuatro y doce años. Nos guste o no, cada vez la mujer está más metida en el ámbito laboral. Y cada vez que incrementamos su presencia en el ámbito laboral, disminuimos la presencia en la casa. No me voy a meter en un debate moral. Debemos de partir de la realidad, y la realidad en el país es esta.
“Tenemos que priorizar el tema de los niños, porque si a estos niños los dejamos crecer como están creciendo casi en todo el país, a todo el país le va a pasar tarde o temprano lo que le pasó a Juárez.”
LA OPERACIÓN DE LOS CMBI
Servicio de alimentación:los servicios de alimentación se apoyan con las estrategias y menús diseñados en los desayunos escolares del DIF o algún otro modelo.
Sustentabilidad:se busca la sustentabilidad a fin de que, una vez creados, no dependa de programas gubernamentales, por lo que sus padres deberán de aportar por cada infante una cuota de tres salarios mínimos aproximadamente, recurso que representa más o menos lo que se gastan por semana para alimentación de sus hijos, con la ventaja de que se redirecciona este gasto obteniendo una alimentación mucho más balanceada y todos los servicios mencionados.
Dirección del centro: cada centro será dirigido por un consejo comunitario, el cual será el promotor primario y validará los proyectos en conjunto con las familias. Cada consejo comunitario deberá contar con una personalidad jurídica propia, puede ser por medio de una organización de la sociedad civil, institución de asistencia privada o hacer una adecuación al código municipal para facultar la constitución.
Capacitación y compensación de agentes de bienestar: en los centros se contará con agentes de bienestar, los cuales percibirán una compensación económica (17 a 20 pesos la hora aproximadamente) por los servicios que desempeñen. Estos agentes pueden ser: docentes de los centros que prestan servicios a contra turno, madres de familia o profesionales de la comunidad o estudiantes universitarios, todos capacitados previamente por una institución universitaria.
La capacitación inicial consiste en cuatro módulos que comprenden los temas: personalidad, conducta infantil y sociabilización; maltrato infantil; derechos de los niños; y ludoterapia y terapia de juego.
Se les imparten también cursos de manejo de alimentos, riesgos sanitarios, primeros auxilios, manejo de extintores, prevención de incendios y evacuación de estancias infantiles, organización de la agenda diaria y uso del manual de actividades, entre otros.
Operación financiera: el programa ha sido validado en Ciudad Juárez por nueve años consecutivos y ha demostrado ser sustentable a partir de que tiene su punto de equilibrio con veinte infantes atendidos aproximadamente por centro.
Supervisión de los CMBI: La supervisión y capacitación inicial se lleva a cabo por Humaniz Arte S. C. y se irá delegando paulatinamente a los gobiernos municipales para que estos den el correcto seguimiento cuando Humaniz Arte S. C. termine la intervención, mediante la implementación y apertura de ocho centros de bienestar infantil con capacidad mínima de treinta niños por municipio aproximadamente, los cuales que deberán incrementarse en un promedio de mínimo de cincuenta centros por municipio de un millón de habitantes.
Inversión: los CMBI requieren de una inversión moderada, ya que busca reutilizar edificios con espacios disponibles como ONG, centros religiosos y escuelas públicas. Por lo que la inversión se reduce prácticamente a equipamiento en centro de tareas, computo, ludoteca, capacitación, etcétera.