Este jueves el Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
presentó el informe “Tlatlaya a
un año: la orden fue abatir”, relacionado a la masacre ocurrida el 30 de junio
del 2014, en la que murieron 22 civiles a manos del Ejército mexicano, de los
cuales 15 habrían sido ejecutados extrajudicialmente, de acuerdo a la
información presentada por la organización que vela los derechos humanos.
Mario Patrón, director
del Centro Prodh,
afirmó que el informe arroja que en el caso Tlatlaya existe una justicia
incompleta y ausencia de verdad en los hechos ocurridos en la bodega de San
Pedro Limón.
“Existe un claro contubernio entre
autoridades militares y del Estado de México para ocultar lo que hoy sabemos
que fue una masacre, por lo que solicitamos se investigue la responsabilidad
institucional en la masacre de Tlatlaya en la cadena de mando”, dijo Patrón.
El director del Centro Prodh señaló que
los hechos que las autoridades mencionaron como un enfrentamiento fue en
realidad una masacre que conllevó ejecuciones extrajudiciales.
“Esto incita a
privar arbitrariamente de la vida a civiles en el momento en que estos se
consideren delincuentes, sin presunción de inocencia ni juicio previo”, refiere
el documento.
En presencia de Clara Gómez González,
conocida hasta entonces como la testigo Julia, una de las víctimas
sobrevivientes en Tlatlaya y quien perdiera a su hija de 15 años en los hechos,
Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh, afirmó que al tener acceso a la Orden de Relevo y Designación de
Mando, dirigida al Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, quien
estaba al mando del personal de tropa vinculados con el caso Tlatlaya, es concluyente
que la orden fue abatir a los civiles.
“De acuerdo a la orden general de
operación y de relevo de mando operativo, lo que se concluye es que la orden
fue abatir”, señaló Santiago Aguirre.
“Ericka, una menor de edad de 15 años que
estaba en la bodega de San Pedro Limón al momento de las ejecuciones, no es hoy
una víctima reconocida por el Estado mexicano, su caso forma parte de las
víctimas producto de un fuego cruzado, lo cual tiene que esclarecerse ante los
indicios de que el cuerpo de Ericka fue manipulado y de que en su cuerpo se
encontró una bala disparada de una de las armas usadas para cometer las
ejecuciones”, señaló el subdirector del Centro Prodh.
De acuerdo con las declaraciones de
Aguirre, existe una preocupación por la militarización del sistema de
seguridad, ya que genera riesgos en torno a violaciones graves a los derechos
humanos como el caso Tlatlaya.
El informe da a conocer que mientras la PGR
reconoce que de las 22 personas asesinadas, solo 8 fueron ejecutadas
extrajudicialmente lo que hizo se ejerciera acción penal contra 3 militares, la
Comisión Nacional de Derechos Humanos dice que el número de victimas ultimadas
de manera extrajudicial sería de entre 12 y 15 personas
“No es sostenible que solo sean 8, tienen
que esclarecerse quienes más fueron víctimas de homicidio(…)Mientras subsista
la discrepancia en el número de victimas, la CNDH no puede considerar terminado
su trabajo, y la PGR tampoco puede cerrar sus investigaciones”, precisó
Aguirre.
El informe señala que al teniente a cargo
de las operaciones en la base militar de San Antonio del Rosario, la base que
participó en los hechos de Tlatlaya, se le dictaron las actividades a realizar.
“Las tropas deberán operar en la noche de
forma masiva y en el día reducir su actividad a fin de abatir delincuentes en
horas de oscuridad”, fuela Orden de Relevo emitida el 11 de junio
de 2014, 19 días antes de la masacre en Tlatlaya.
“La orden recibida no deja duda de que en
Tlatlaya el concepto abatir fue empleado para significar la privación de la
vida humana”, expresó Santiago Aguirre.
“La orden es un estímulo para
cometer ejecuciones, lo que se agrava por el hecho de que expresamente se
instruya que esta actividad se realice ‘de noche’ para ‘abatir delincuentes en
horas de oscuridad’, ya que se coloca a las tropas castrenses en franca
condición de alevosía, circunstancia indicativa del propósito de ocultamiento
de una actividad ilícita que guía a la Orden”, se lee en el documento.
En el propio expediente, el primer
radiograma en el que el teniente a cargo de la base informa lo que ocurrió en
la bodega, menciona como resultado que fueron abatidos 21 civiles, “lo que propicia graves violaciones a derechos humanos
y conductas como las que tuvieron lugar en la bodega, por lo que debe
investigarse la cadena de mando de esta orden. Los responsables por su calidad
de mando jerárquico son responsables por las conductas de sus subordinados” señala
el Centro Prodh.
Acciones
inconclusas
Un día después del aniversario del crimen,
durante el cual organismos internacionales como Amnistía Internacional (AI) y
la ONU hicieron un llamado a autoridades mexicanas para que se haga justicia
por el caso, cuatro de los investigadores fueron enviados a prisión, mientras
que los tres restantes tienen una orden de aprehensión en su contra.
El 30 de junio de 2014, el ejército
mexicano dijo que 22 presuntos delincuentes, entre ellos una menor de 15 años,
murieron en un enfrentamiento con militares en una bodega de Tlatlaya.
Después de que una testigo superviviente
asegurara a medios que esas personas fueron ejecutadas a sangre fría luego de
rendirse, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluyó en octubre
que al menos 12 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente por los
uniformados.
En un comunicado la noche de este
miércoles, la fiscalía del estado de México dijo que de sus investigaciones
“se desprenden datos de prueba suficientes para establecer que servidores
públicos habrían maltratado física y psicológicamente a las tres
víctimas”.
Esto “con el propósito de obtener
información sobre las 22 personas que perdieron la vida en los hechos
registrados enTlatlaya
y la presunta relación de éstos con un grupo delictivo con orígenes en el
Estado de Michoacán”, añadió la dependencia.
Un oficial y seis soldados enfrentan un
juicio por su presunta participación en las muertes deTlatlaya, acusados de ejercicio indebido del
servicio público, aunque sólo tres por homicidio calificado de ocho personas.
Un total de 20 funcionarios de la fiscalía
del estado de México estaban siendo investigados por posibles torturas a
testigos de este caso, considerado uno de los más graves abusos de militares
contra civiles desde que en 2006 el entonces presidente Felipe Calderón lanzó
al ejército a las calles para enfrentar a los cárteles de la droga.