En la pirámide de Ficrea hay 6845 historias entreveradas que ascienden por la superficie de sus caras escribiendo una sola palabra: incertidumbre.
Ocho meses han transcurrido desde el 7 de noviembre de 2014: el “viernes negro” en el que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención de una Sociedad Financiera Popular (Sofipo) vinculada a una compleja estructura de empresas no reguladas.
Claudia Velázquez y Adán Herrera perdieron sus ahorros aquella mañana: invirtieron en Ficrea 950 000 pesos, parte de la liquidación que la Secretaría de Medio Ambiente le entregó a ella algunos años antes.
“Me diagnosticaron un cáncer a los treinta años de edad. Me hicieron estudios y después fui objeto de una cirugía en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía… Me dejó sin caminar.”
Claudia recuerda lo sucedido con la serenidad que le conceden los diecisiete años que ha tenido para procesarlo. Los médicos le anunciaron que tendría derecho a una incapacidad laboral permanente y a una liquidación. Pero decidió no ejercerla de inmediato. El trabajo es terapéutico.
Siguió laborando, al tiempo que se sometió a tratamientos alternativos a los que su cuerpo reaccionó favorablemente. La batalla sigue, pero no la frena.
“Cuatro años después decidimos ser padres. Todavía trabajé con silla de ruedas y pancita, pero decidí retirarme a disfrutar la llegada de mi hijo. A enseñarle todo lo que pudiera”, continúa.
Fue ahí cuando cobró una liquidación de casi 2 millones de pesos que canalizó, a partes iguales, a dos proyectos: la construcción de una casa en Iztapalapa, en la que hoy vive con su familia, y una inversión en la banca tradicional.
Ingeniera en alimentos y buena amiga de las matemáticas, Claudia fue buscando a lo largo del tiempo diversas alternativas para sus fondos, privilegiando siempre instrumentos de bajo riesgo en la banca tradicional. Pero en abril de 2014, un ejecutivo al que conocía bien de un banco anterior la persuadió de invertir en la Sofipo.
Los gastos de la familia se recortaron. También la ayuda mensual que Claudia, a su vez, le entregaba a su madre.
PATRIMONIOS DESAPARECIDOS
En Ficrea todo tiene un tufo de ambigüedad, incluso el monto del desfalco es impreciso. La cartera de crédito sumaba alrededor de 6300 millones de pesos antes de que estallara la crisis, según cifras de la CNBV. Pero las autoridades sólo pudieron constatar la integración de expedientes en regla por 3200 millones de pesos.
En términos generales, no es un fraude que haya vulnerado a una población en situación de pobreza. Los clientes pertenecen a una clase media y media-alta que buscaba rentabilizar sus patrimonios. Pero siete de cada diez cruzaron ya el umbral de los 65 años.
Sus historias hablan, pues, de jubilados que perdieron el dinero que le habían arrancado por décadas a la vida cotidiana; de hijos cuyas herencias desaparecieron en lo que dura un pase de prestidigitación; de jóvenes cuyos estudios universitarios están en riesgo; de adultos que invirtieron sus liquidaciones laborales, o de microempresas que cerraron puertas y trituraron empleos.
Y por ahora sólo hay respuesta para el 40 por ciento de los afectados. Aquellos que tenían ahorros inferiores a los 131 500 pesos
(25 000 udis) están cubiertos por el exiguo seguro de depósito que incluían sus contratos.
La suerte del 60 por ciento restante, en contraparte, es menos transparente. Sus depósitos fluctúan entre 131 600 pesos y 15 o 16 millones.
¿Se apoderó la avaricia de quienes quisieron arrancarle al mercado un rendimiento del 6 y 10 por ciento cuando este ofrecía 3 por ciento? ¿Existió negligencia por parte de las autoridades supervisoras? Dos visiones contrapuestas toman la palabra.
Y en este cruce de proyectiles, Rafael Olvera Amezcua, el autor de la estafa, es teóricamente perseguido por parsimoniosas autoridades inquietantemente acostumbradas a la fuga de delincuentes.
DE FÍSICA CUÁNTICA
Una de las voces que no ha perdido el aliento en el caso Ficrea es la de Enrique Gracia. Representante de la Comisión de Defraudados de Ficrea y reciente jubilado de extracción empresarial, rechaza el mito de las tasas desorbitadas: “Ficrea le ofrecía una tasa del 10 por ciento quizás a uno de cada cien ahorradores. A los demás nos propusieron 6 por ciento. Si los bancos ofrecían 3 o 4 por ciento en ese momento, ¿en dónde está la codicia desmedida de la que se nos acusa?”
Carla y Adán confirman esta información. La Sofipo les ofrecía una tasa inferior al 6 por ciento anual que les permitía cobrar intereses mensuales de alrededor de 4500 pesos. La aportación de Claudia al presupuesto familiar.
Para Enrique Gracia, las cosas son claras: “Ficrea era una entidad supervisada y auditada por las autoridades. Y nosotros, sencillamente, un grupo de ahorradores que depositó su dinero en una institución legal”.
En una cafetería que rezuma barullo, este último añade que “la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tenía indicios de que algo marchaba mal desde el año 2012. Los ahorradores, no.
“Si nadie pide a un funcionario del sector financiero que sea experto en física cuántica, ¿por qué entonces las autoridades esperan que los ahorradores comunes sean especialistas en legislación financiera, derecho y seguros de cobertura?”, cuestiona.
Durante la acelerada marcha de sus palabras, uno de sus pasos ha tocado un punto sensible. La CNBV conoció tres años antes de la intervención que algo no iba bien.
EL INFORME DE HR RATINGS
El representante de los ahorradores hace referencia tácita a un análisis publicado el 13 de abril de 2012 por la calificadora mexicana HR Ratings. Un documento dedicado a evaluar a Leadman Trade SA de CV, una de las empresas de Olvera Amezcua.
El informe, firmado por Fernando Montes de Oca, director adjunto de Análisis, y Luis Quintero, analista senior, refiere que el Grupo Trade está integrado por tres empresas:
1. Ficrea (Sofipo dedicada a financiar a pymes).
2. Baus & Jackman (consagrada al arrendamiento automotriz).
3. Leadman Trade (especializada en el arrendamiento de maquinaria para construir caminos, automóviles, etcétera).
Y en sus notas de evaluación enumera los factores que afectan la calificación de la empresa, como “su limitado gobierno corporativo, reflejado en la falta de consejeros independientes dentro del consejo de administración”. Asimismo, destaca la falta de transparencia que se aprecia en los estados financieros internos del grupo.
IRRESPONSABILIDAD
DEL ESTADO
El abogado Fauzi Hamdan también coloca el dedo en la llaga de 2012. Exdiputado y exsenador por el PAN, encabeza actualmente una acción colectiva en representación de mil quinientos ahorradores que perdieron 2500 millones de pesos en la Sofipo.
“Estamos frente a un típico caso de irresponsabilidad por parte del Estado”, reprocha.
Su estrategia legal se sustenta en el Artículo 113 de la Constitución, que responsabiliza al Estado de cualquier daño infligido a los particulares con motivo de su actividad administrativa irregular. Y también en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, en vigor desde 2004, que precisa que los ciudadanos afectados por errores de la administración pública deben ser indemnizados con la cantidad reclamada, los intereses acumulados y una prima equivalente al 30 por ciento de la suma de los dos conceptos anteriores por daño moral.
“La CNBV ha actuado de forma irregular, indolente e ineficiente en el caso Ficrea”, dice Hamdan.
Sus palabras, sonoras, retumban en las paredes de su despacho en la colonia Chapultepec Morales: “La Secretaría de Hacienda ha intentado vendernos la idea de que fue la primera engañada, pero hay oficios que se desprenden de una serie de visitas de inspección de la CNBV realizadas a Ficrea (ordinarias y especiales) que dejan constancia de que en 2012 la autoridad ya conocía de irregularidades. El inversionista confía en la capacidad del gobierno para proteger sus intereses, y Hacienda no tiene por qué transferir este daño a la gente”.
Como legislador, Handam ha participado en múltiples debates económicos en las últimas dos décadas. Conoce las entrañas del gasto público. Se le pregunta de dónde se tomarían los fondos: “Existe una partida presupuestaria que lo permite: este año dispone de 1400 millones de pesos”.
El abogado está convencido de que el recurso que encabeza llegará hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sentando precedente para la protección de futuros ahorradores.
NO HAY DOS VERSIONES
En los documentos de 2012 citados por el jurista, los oficios 123-2607/2012, 123-2711/2012 y 123-2897/2012, emitidos por la CNBV entre enero y noviembre de 2012, confirman que la autoridad informó que Ficrea no cumplía a cabalidad con los artículos 35, 36, 37, 105 y 116 de la Ley de Ahorro y Crédito, precisando que extralimitó sus funciones en temas relativos a la aceptación de depósitos y al otorgamiento de créditos.
Jaime González Aguadé, presidente de la CNBV, también habla sobre Ficrea.
“En los temas técnicos no hay dos versiones. Las cosas pasan de una sola manera. Ficrea era una sociedad financiera popular que existía desde 2008 y la CNBV la supervisaba desde entonces”, afirma.
“Si había evidencias de que algo no marchaba bien desde el año 2012, ¿por qué la CNBV no actuó antes?”, es la pregunta que serpentea y se desliza con vida propia sobre la pulida mesa de trabajo del funcionario.
“En 2014 (año en el que estalló el fraude de Ficrea) hicimos un total de 18 000 observaciones al sistema financiero mexicano. ¿Significa esto que las entidades están defraudando o que entrarán en liquidación? La respuesta es ‘no’. En el caso de Ficrea, recibió observaciones, efectivamente, pero al principio fue corrigiendo todo en función de lo que se le señalaba”, cita.
Economista formado en el ITAM y en Yale, González Aguadé mira a los ojos, su hablar es pausado. Sabe bien que su gestión al frente de la CNBV tiene tantos amigos como enemigos.
“En marzo de 2014 hicimos 502 visitas. Inició la que le correspondía (a Ficrea), fue entonces cuando notamos inconsistencias significativas. Muchos olvidan que, constitucionalmente, los intermediarios (financieros) tienen derecho de audiencia. Nos van contestando. Pueden incluso solicitar prórrogas para responder. Esto es lo que hizo Ficrea en el verano, pero no le concedimos esta prórroga”, resume.
“Comenzamos a hacer un análisis con la información que teníamos disponible. Después nos entregaron información extemporánea que confirmó que no se habían solventado muchas de las observaciones que habíamos hecho previamente a Ficrea. Y en septiembre se discutió este asunto en la Junta de Gobierno (de la CNBV)”, recuerda.
En esa reunión se decidió seguir de cerca este dossiery se instruyó a la CNBV a vigilar potenciales operaciones de lavado de dinero.
“Tan pronto tuvimos más información reunida enviamos nuevamente nuestro análisis a la Junta de Gobierno y también al Comité de Protección al Ahorro, que administran las propias Sofipos. Ahí se determinó la suspensión temporal de actividades. Pero lejos de lo que muchos dicen, gracias a esa intervención pudimos recuperar 3200 millones de pesos en cartera”, dice sin ápice de hesitación.
ACTUAR MÁS RÁPIDO
La CNBV tenía conocimiento de que la cartera de Ficrea se había duplicado entre marzo y noviembre de 2014. Le faltaba información, pero desde el verano sabía que existían irregularidades evidentes. ¿Por qué entonces no intervino antes?
“Es importante poner las cosas en contexto. Es verdad que la cartera creció, pero esto no es un delito. Tampoco lo es pagar una tasa del 10 por ciento mientras exista suficiente margen financiero, o tener una oficina en Polanco”, aclara González Aguadé.
“La autoridad no puede ir cerrando bancos, sin más. Cuando (como supervisor) llegas a una institución financiera, no encuentras la cama desecha, el florero en el piso o la ropa tirada sobre la alfombra…”, metaforiza.
Destaca que una intervención es una operación delicada que exige poner en la balanza muchos elementos. Es una responsabilidad que no puede ser tomada a la ligera y en la que precipitarse no habría sido mejor.
Para el funcionario, la molestia de los ahorradores es comprensible, pero “elegimos el único camino que había para frenar y minimizar la sangría”.
Actualmente, una veintena de abogados encabezan setenta amparos. Muchos de ellos tachan a las autoridades financieras de incompetencia. El presidente de la CNBV difiere: “En México, por primera vez, descubrimos un fraude antes de que este fuera insostenible. Detuvimos la degradación de los activos y evitamos que las pérdidas fueran aún mayores”.
Pero, analizando las acciones con mirada retrospectiva, acepta que la CNBV quizá pudo haber actuado un poco más rápido.
LUJO Y PROPIEDADES
Si la CNBV no encontró “la cama desecha” en Ficrea es porque Rafael Olvera Amezcua, director general y principal accionista de esta Sofipo, actuó con la sagacidad y la precisión de un cirujano.
Economista con una larga trayectoria en la banca privada y en el sector bursátil, Olvera Amezcua construyó una red de compañías cuya supervisión quedaba fuera de la férula de acción de la CNBV.
En el año 2000 fundó Leadman Trade SA de CV como una proveedora de servicios de arrendamiento. Seis años más tarde constituyó Ficrea en Jalisco, y para 2008 ya había obtenido la autorización de la CNBV para que operara como Sofipo.
Olvera Amezcua transfirió 5900 millones de pesos de la cartera crediticia de Ficrea a compañías como Leadman Trade y Baus & Jackman. Y después a las filiales extranjeras del grupo, como Leadman Trade (Miami), Leadman Trade España (Madrid) y Leadman Trade UK (Londres).
Con frecuencia, los nombres de Rafael Olvera Amezcua, Rafael Olvera Silva (su hijo) y Susana Silva (su esposa) aparecían en el directorio ejecutivo.
Con los fondos desviados, Olvera adquirió propiedades inmobiliarias, casas en el Club de Golf Bellavista, en el Estado de México, en Acapulco, Miami, Hollywood u Orlando. Y compró también un centenar de automóviles de lujo, entre los que se cuenta algún Lamborghini, un Aston Martin y varios Rolls Royce.
OLVERA SIMPLEMENTE HUYÓ
En el extraño ejercicio mexicano de la justicia, la Procuraduría General de la República (PGR) instruyó a un equipo especial para investigar el caso Ficrea. Una misión que comenzó hace seis meses y que aún no arroja resultados.
México se apoya también en la Policía Internacional (Interpol), que elaboró una ficha roja sobre Rafael Olvera Amezcua que circula en 190 países.
Fuentes de la PGR se limitan a confirmar que “con la información disponible (hasta la última semana de junio), se presume que Rafael Olvera Amezcua aún se encuentra en Estados Unidos”, país al que se fugó en noviembre, justo antes de la intervención, hecho que, para muchos ahorradores, es una señal clara de que fue prevenido desde el interior del gobierno.
A esta pregunta, Jaime González Aguadé responde: “Insisto en lo antes dicho, las cosas no suceden de un día para el otro. Al no concederle una prórroga a Ficrea y cuestionar cada vez más sus inconsistencias, la CNBV estaba cercando esta Sofipo. Olvera Amezcua no era tonto, entendió de inmediato cuando ya no estábamos creyendo en lo que nos decía y simplemente huyó.
“Para entender el tipo de persona de la que se trata, se fue completamente solo. El día que intervenimos Ficrea encontramos ahí operando con normalidad al director, al responsable jurídico, etcétera”, añade.
Las palabras del titular de la CNBV hacen pensar en la teoría, cada vez más compartida por psiquiatras y criminólogos, de que el perfil de un delincuente de “cuello blanco” es muy parecido al de un psicópata. En ambos casos existe una dosis generosa de frialdad, codicia, insensibilidad cuando llega el momento de “proteger” a sus incondicionales y una absoluta ausencia de culpa.
FRAUDES, INHERENTES
AL SECTOR FINANCIERO
Para Jacques Rogozinski, director general de Nacional Financiera, por desafortunado que resulte, los fraudes son un riesgo inherente al sector financiero.
“En la calle siempre hay alguien que intenta pasarse de listo. En el caso de Ficrea, contrario a lo que la gente piensa, si la autoridad no hubiera actuado como lo hizo, el quebranto habría sido mucho mayor”, dice.
Rogozinski fue jefe de la Oficina de Desincorporación de Empresas Públicas durante la presidencia de Carlos Salinas y por años fungió como director de la Corporación Interamericana de Inversiones del BID, en Washington.
Para él, saturar de supervisores a las instituciones financieras sería una estrategia costosa para el sector público —y para los contribuyentes— que impediría que el mercado funcione de manera eficiente.
“Es necesario encontrar un justo medio en el que la autoridad supervise, pero en el que el ahorrador también se cuide a sí mismo. Hace falta mucha cultura financiera en México. Si alguien te vende un Mercedes por un precio fantástico, lo primero que te preguntas es si el motor funciona, si es legal… el mismo ejercicio debe repetirse cuando se trata de una inversión”, afirma.
Y recuerda que en Estados Unidos, un país que México toma como ejemplo con frecuencia, “en 2008 todo un sistema financiero entró en crisis porque las instituciones realizaron acciones indebidas y los reguladores no lograron detectarlo”.
UNA LIQUIDACIÓN PRECIPITADA
Suficiente o insuficiente, la supervisión de Ficrea no consiguió impedir la desaparición de los fondos de los ahorradores.
“Tras la sorpresa, logramos establecer un diálogo con las autoridades de la CNBV y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). Sostuvimos cuatro reuniones cerradas con minutas y acuerdos avalados por los asistentes”, recuerda Jorge Gracia.
A estos encuentros asistieron las principales autoridades de la CNBV, de la Condusef y de la PGR.
“El 12 de diciembre, en la Condusef las autoridades nos pidieron a los ahorradores irnos tranquilos a casa. Ficrea seguiría operando, no estaba previsto ningún tipo de liquidación”, asegura.
La siguiente cita estaba prevista para el 19 de diciembre a las 11:00 horas.
“Pero Jaime González Aguadé no se presentó. A partir de las nueve de la mañana se había dado a la tarea de anunciar en diversos espacios noticiosos la liquidación de la Sofipo”, dice Gracia.
“Una disolución exige un estudio profundo y detallado que era imposible realizar entre el 7 de noviembre y el 19 de diciembre. Para nosotros, la intervención de las autoridades fue muy lenta; en contrapartida, la decisión de liquidar… muy precipitada”, critica.
PROMESAS LEGISLATIVAS INCUMPLIDAS
En febrero de 2015, el Legislativo tomó en sus manos el caso. Un grupo de trabajo bicameral inició la elaboración de la iniciativa para una Ley de Ahorro y Crédito Popular (conocida desde entonces como Ley Ficrea).
Algunos ahorradores, Claudia entre ellos, participaron en las reuniones iniciales. Confiaban en que se llegaría a una solución.
La iniciativa buscaba mejorar la regulación de las entidades alternativas a la banca, pero también —y de ahí su sobrenombre— intentaría indemnizar a los defraudados, cuyos patrimonios se situaban entre 131 500 y un millón de pesos. Una compensación que sería posible gracias a un crédito puente otorgado por Nacional Financiera.
Si la ley prosperaba, 80 por ciento de los ahorradores estarían a salvo. Pero no exentos del pago de un tributo.
“La iniciativa exigía a los ahorradores renunciar a sus derechos sobre cualquier monto superior a un millón de pesos. Y también abstenerse de interponer demandas contra el Estado o sus funcionarios”, relata Gracia.
Con ello, el gobierno buscaba desactivar la acción colectiva encabezada por el abogado Fauzi Hamdan.
La iniciativa fue avalada por la Cámara de Diputados el 22 de abril y recibió el respaldo de las Comisiones Unidas de Hacienda y de Estudios Legislativos del Senado el 28 de abril. Por falta de acuerdo entre los partidos, no obstante, el pleno de la cámara alta jamás la votó antes de finalizar su periodo ordinario de sesiones.
“Nos negociaron (sic)… El PAN, por un magistrado. Y el PRD, por una constitución para el Distrito Federal. Como no recibieron lo que pedían, boicotearon la ley, aunque por supuesto, nunca lo van a reconocer”, denuncia Gracia.
Los legisladores toman una pausa estival. Y aún no está claro si la “Ley Ficrea” será discutida durante el próximo periodo ordinario de sesiones que comienza el 1 de septiembre.
CONCURSO MERCANTIL,
AIRE FRESCO
Pese al impasse del Legislativo, Nacional Financiera comenzó a hacer su parte. En junio concluyó la valuación de la cartera de Ficrea (estrechamente ligada a la de Leadman), que asciende a 3001 millones de pesos confirmados.
Las primeras estimaciones apuntan hacia una recuperación del 75 por ciento de estos activos. Recursos que pagarían el crédito puente que el banco de fomento destinaría a compensar a los ahorradores que perdieron hasta un millón de pesos.
Pero nada cristalizará sin un pronunciamiento del Senado.
Y en la historia de Ficrea aún queda un grupo pendiente: el 20 por ciento de los ahorradores que suelen ser señalados con el dedo (1480 personas físicas o morales) porque, como dicta el principio de Pareto, poseen 80 por ciento de los fondos perdidos.
Para ellos, no hay ninguna solución prevista.
Por ello, un anuncio realizado el pasado 7 de julio se convirtió en una bocanada de aire fresco para la totalidad de los defraudados.
El Juzgado XIV de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal aceptó la solicitud que interpusieron 36 ahorradores para someter a Ficrea a un concurso mercantil.
Una alternativa que, según el abogado Jesús Guerra, maximizaría la recuperación de fondos para todos los afectados, sin importar el monto de su quebranto.
Adán Herrera, quien es jefe de departamento en la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, aún no tiene una opinión definitiva sobre el escenario de un concurso mercantil.
“Sabemos que son procesos largos en los que al final del día se recuperan centavos en vez de pesos. Pero la parte positiva es que, por ahora, es lo único tangible que tenemos”, dice.
Claudia Velázquez, su esposa, considera que el concurso mercantil añade nuevas preguntas sin respuesta. “Sabemos que de los recursos que podrían recuperarse, primero deben pagarse los impuestos que adeude Ficrea, después se le pagaría a los empleados, y sólo en tercer lugar a nosotros, los ahorradores”.
El abogado Fauzi Hamdan advierte que nada es un hecho aún.
La Secretaría de Hacienda podría impugnar la decisión del concurso mercantil, pero es una buena noticia para los ahorradores y no interfiere con ninguno de los procesos legales que están en curso.
En cualquier caso, este proceso tampoco duraría menos de dos años.
LA BATALLA SIGUE
Desde que se perfiló la perspectiva de un concurso mercantil, la Secretaría de Hacienda y la CNBV guardan el más absoluto silencio.
Los ahorradores, en cambio, retoman bríos.
Fabiola Torres participó activamente en las manifestaciones iniciales, luego se dejó envolver por el desánimo de la falta de soluciones, pero hoy afirma que no es momento de detenerse.
Ella y dos de sus hermanas perdieron sus ahorros en Ficrea. No forma parte del grupo más afectado, pero está convencida de que “todos los ahorradores merecen una solución”.
En su turno, Adán destaca que los defraudados han sido una moneda de cambio para el Legislativo y el Ejecutivo que, en ambos casos, han ignorado el rostro humano de este fraude.
“Necesitamos respuestas”, dice Claudia, “en lo personal, soy una ahorradora cauta; llamé a las líneas telefónicas de orientación de la CNBV y de la Condusef para asegurarme de que todo estaba en orden en Ficrea antes de firmar mi contrato; y sí, leí sobre el limitado seguro de depósito y esto me inquietó, pero jamás imaginé que esto podría suceder.”
Sobre Rafael Olvera Amezcua, quien cada mañana despierta libre en algún lugar del mundo, Adán asegura que, por doloroso que suene, “México está tan acostumbrado a los ladrones y a los defraudadores, que uno más ya no asusta”.
Pero Claudia sí pierde el aplomo cuando piensa en el autor del desfalco: “No imagino siquiera cómo puede dormir. Cómo puede vivir. Su irresponsabilidad e indolencia nos ha afectado a muchas familias. Todos tenemos derecho a recuperar lo que perdimos”.
La lucha de los defraudados, de todas las tallas, sigue su curso.
Y Fabiola Torres tiene claro el porqué: “Primero, para evitar que ahora sean las autoridades las que cometan un nuevo fraude contra nosotros, como el que materializó Olvera Amezcua; y segundo, porque la justicia a medias no es justicia”.
