La polémica ley orgánica de comunicación (LOC) de Ecuador cumplió
dos años de vigencia. En este tiempo se abrieron 506 procesos contra medios de
comunicación, 313 resoluciones, 185 sanciones pecuniarias y son 198 los medios
sancionados. Varios organismos internacionales y un sector de la población
condenan la ley y la cuestionan, al catalogarla como una herramienta del
gobierno para limitar la libertad de expresión. Sin embargo, hay quienes la
consideran una conquista democrática que ofrece espacios a grupos generalmente
rezagados.
Conversamos con el doctor Francisco Sierra Caballero, actual
director del Centro Internacional de estudios superiores de comunicación para
América Latina (Ciespal), con sede en Quito. Es un reconocido académico e
investigador y es, además, director científico de la Unión Latina de Economía Política
de la Información, la Comunicación y la Cultura (Ulepicc) y vicepresidente de
la Confederación Iberoamericana de Asociaciones Científicas en Comunicación (Confibercom).
Ha escrito más de veinte libros y cincuenta artículos científicos. El Ciespal, como
organismo internacional de carácter regional con sede en el país, ha sido el
espacio donde parte de este debate se ha llevado a cabo. Desde la visión del
doctor Sierra, un acercamiento a estos dos años de vigencia de la LOC.
—Desde fuera existen dos
discursos sobre la ley, uno que dice que esta ha otorgado más derechos a la
sociedad civil ecuatoriana, y otro que la cataloga como una herramienta del gobierno
para perseguir a los medios opositores. ¿Cuál es la realidad en torno a este
tema desde su visión y la de una institución internacional como el Ciespal?
—Objetivamente la ley ha dado voz a los que tradicionalmente no
tenían acceso a los medios de comunicación. La ciudadanía no contaba con una
cobertura que garantizara sus derechos, ahora tienen una herramientas para hacerlos
valer. Yo he tenido debates con profesionales que indican “ahora nos
obliga a publicar una nota”, el derecho de rectificación y de réplica es
una reivindicación de la propia profesión periodística para legitimar su
función social de servicio público. De algún modo, el planteamiento que
cuestiona la ley como herramienta del gobierno se debe a que pone el acento en
la dimensión sancionadora. Los que nos dedicamos a las políticas de
comunicación como académicos hemos defendido que no puede haber derecho a la
comunicación sin sanción. Le pongo un ejemplo muy sencillo: todos tenemos
derecho a la salud, pero si hay mala praxis médica el colegio profesional y la
propia autoridad pública pueden suspender a un médico. Si eso sucede en la
medicina, que es un derecho universal, por qué no va a suceder con el derecho a
la comunicación. Muchas de estas críticas obedecen a una concepción liberal, yo
siempre la califico despectivamente decimonónica, porque no se puede pensar que
en la era hipermediatizada, no se regule.
“En el siglo XXI, con grandes poderes mediáticos
hiperconcentrados, con el capital financiero dominando los medios de
comunicación, hay que establecer, desde el Estado, políticas reguladoras que
reequilibren los autores. Empezando porque el derecho a la comunicación es un
derecho universal, no es un derecho de los periodistas, ni es un derecho de las
empresas periodísticas; es de todos los ciudadanos y por lo tanto tenemos que
garantizar sistemas para que se respete. Se hacen ese tipo de discursos, muchas
veces es a priori; es decir se discutió que la ley era mordaza antes, durante y
después. No creo que haya un argumento válido porque no hay un razonamiento que
legitime que la ley es mala. También está el mal ejercicio de aplicación, una
ley puede ser muy buena, pero su aplicación nefasta.
“A todos los efectos la LOC creo que es una conquista
democrática, ya que genera un sistema más equilibrado. No es cierto el
argumento de que favorece la censura; en el preámbulo elimina y prohíbe toda
censura previa. Hay periodistas que me dicen ‘es que ahora debemos tener
cuidado’; la realidad es que deben tener cuidado siempre. En el ejercicio
profesional tiene que ser respetuoso con la diversidad, los derechos humanos;
debe contrastar fuentes y verificar. Estos son procedimientos técnicos que
cualquier periodista, en cualquier lugar, debe ejercer.
“Hay que poner el acento no tanto en la dimensión
sancionadora, sino la facultad pedagógica de la ley, para que la ciudadanía se
apropie de los derechos que esta contempla. Está ahí el caso de los creadores y
artistas, que gracias al 1×1 ahora pueden ver difundidos sus trabajos en los
medios. Antes no estaba garantizado el que la producción creativa de los
ecuatorianos tuviera canales de difusión. La ley es una conquista para sectores
que estaban excluidos de cualquier debate sobre el derecho a la comunicación.
Creo que han habido mejoras, pero también soy de la idea de que se debe mejorar
tanto la aplicación como la normatividad en algunos elementos que no están
contemplados.”
—Pensando en el Ecuador
de antes de la ley, ¿cuáles fueron los principales aportes por parte del órgano
legislativo, al aprobar la LOC, a la libertad de expresión?
—Lo fundamental es la estructura, los tres tercios: medios
públicos, privados y comunitarios; creo que es muy progresiva. Sigue el camino
que avanzó Argentina primero, con la ley de servicio audiovisual (es la ley más
avanzada en todo el mundo). Otro gran aporte es la apertura de un debate entre
la ciudadanía, ahora saben que tienen derechos. Además del desarrollo de
instituciones como Cordicom y Supercom para garantizarlos. Estas son conquistas
importantes; ahora los ciudadanos saben que en comunicación no estamos ante consumos
privados, no es entretenimiento, sino derechos fundamentales.
“Yo siempre insisto en que sin el derecho a la
comunicación no se puede hablar de otros derechos, porque es en la comunicación
donde se construyen los imaginarios, donde se definen las identidades, donde se
delibera la democracia participativa o la democracia moderna. El debate
permitió el que la pedagógica se concretara en la toma de conciencia de que
estamos ante un debate que no es sólo de periodistas, empresas y Estado, que
también involucra a la sociedad civil. Fue un debate largo y prolongado que seguimos
con mucho interés desde fuera.”
—Desde su experiencia, ¿qué
elementos considera determinantes y prioritarios al hablar de regulación de
medios?
—Creo que lo fundamental es garantizar unos mínimos de calidad
y autonomía a los profesionales. Por ejemplo, dignificar la profesión, lo que
se contempla en la LOC. Segundo, establecer instancias reguladoras que permitan
fiscalizar. Nosotros hemos defendido siempre órganos como el Consejo superior
del Audiovisual Francés, que nadie en Europa ni en América Latina cuestionaría
como modelo de referencia. Tiene capacidad sancionadora y es un órgano
regulador y fiscalizador. Este órgano puede retirar una licencia y establecer
la baja de un profesional o un medio público por mala praxis y lo ha hecho sin
que nadie hable de censura. Creo que es necesario que las políticas públicas
tengan órganos fiscalizadores para que velen por la observancia y cumplimiento
de la ley. Hay que recordar que la comunicación, a diferencia de otras áreas,
somos el ámbito del Estado y de la acción pública que en la historia de la
modernidad menos políticas y regulación ha tenido. Esto explica por qué no hay
instituciones que fiscalicen y por qué hay resistencia en los profesionales.
“Además no existe tradición histórica; ni siquiera en las
universidades formamos en materia de políticas de la comunicación. Los
licenciados salen de la facultad pensando que la libertad de expresión es decir
lo que consideren porque son los profesionales, sin responsabilidad y con
desconocimiento, en muchos casos, de la ley. Incluso no conocen modelos de
organización del sistema de comunicación diferentes. Es bueno deliberar y
formar en la universidad sobre las opciones o alternativas reguladoras y
organizadoras. En fin, yo creo que esto hay que superarlo; en el siglo XXI, en
la era de la comunicación, no podemos seguir en las facultades o en las
democracias pregonando principios reguladores y filosofías liberales del XVIII.
En una realidad moderna se deben regular todos los aspectos de la vida, menos
los privados. La comunicación es una dimensión pública, social, y por esto debe
ser objeto de regulación.”
—Pensando en los
periodistas, cuya labor se regula con la ley, ¿estos deben ser incómodos al
poder?
—Creo que sí, la labor de un periodista es ser crítico; pero
ojo, también ser autocrítico. Yo he tenido muchos debates, como periodista y
académico, con los gremios profesionales; estos son poco autocríticos. Cuando,
por ejemplo, proponemos que en los medios públicos hayan consejos ciudadanos,
suelen ser contrarios a la existencia de estos representantes de la ciudadanía
diciendo “oiga, ha hecho mal su trabajo”. Tampoco se acepta de buen
agrado la rectificación o el derecho de réplica. Los profesionales no son
suficientemente autocríticos sobre su propia praxis, sobre cómo investigan, qué
métodos y técnicas utilizan. Pero desde luego un periodista debe ser incómodo,
crítico con el poder; y a su vez, es complementario, autocrítico sobre su
ejercicio profesional.
—Regresando a la ley y
con antecedente de lo anteriormente dicho, ¿por qué la SIP, la CIDH, Human
Rights Foundation en reiteradas ocasiones han condenado y criticado la ley como
una violación a la libertad de expresión?
—Vayamos por partes, la SIP hay que explicar que no tiene
legitimidad democrática, en la medida que sólo representa la patronal de los
medios de comunicación. Tiene un papel histórico importante, hay que recordar
que hizo poco cuando se violaban los derechos humanos en Argentina y Chile.
Fueron cómplices de las torturas, violaciones y desaparición. Además no está
autorizada, debido a que cada vez que ha habido un intento de regulación del
derecho a la comunicación, desde los años setenta, han puesto el grito en el
cielo. Evidentemente representan monopolio privados y en algunos casos monopolios
virtuales en el estado nación, como el Grupo Edwards del Mercurio en Chile. No
estamos hablando de un actor democrático que está dando una visión equilibrada
sobre el derecho a la comunicación. Es importante saber que, fuera de Estados
Unidos, es en donde más concentración ha habido en los medios ha sido en
América Latina.
“Lo mismo podríamos hablar de la CIDH, es paradójico que
un país que alberga esta comisión no sea signatario de los derechos humanos.
Pongamos un ejemplo, ahora hay un juicio en España porque el ejército
estadounidense asesinó a un periodista; se acaba de aprobar recientemente en Estados
Unidos que el ejército puede asesinar periodistas. Frente a esto nadie dice
nada sobre la libertad de expresión.
“Recientemente el nuevo relator de libertad de expresión,
Edison Lanza, afirmó que para ser un buen periodista no es necesario pasar por
una facultad. Ahí hay una contradicción, si tenemos que aplicar la libertad de
expresión con estándares de calidad requeriremos una alta cualificación. Al
final es el libre juego de mercado el que se impone, el empresario decide quién
es periodista o no. No es muy serio este comportamiento, con todo el debido
respeto, ese tipo de afirmaciones demuestran el sesgo de la Comisión
Interamericana en todos sus informes; además estos son metodológicamente
discutibles. Ojalá, a la mayor brevedad, pueda realizar un curso sobre la
metodología del reporte y cómo se considera a los países.
“Otra cosa es Human Rights con su tradición liberal,
protestante, tradicional de Estados Unidos. Yo he tenido muchas discusiones con
el centro Carter, no lo ven porque la tradición estadounidense es no regular.
Ahí está la constitución y a partir de ahí no hay regulación. Esto es un poco
como el tráfico de armas, si no regulas y restringes el tráfico luego no puedes
explicarte por qué hay asesinatos en las calles. Yo respeto su posición, pero
no la comparto. Desde luego el caso de la SIP y del CIDH son muy discutibles,
no tiene legitimidad histórica y en sus informes o pronunciamientos son
absolutamente sesgados e interesados. Tienen una visión francamente inadecuada
al objeto y a la realidad. Podríamos hablar de una casuística larga, hay
polémica porque el señor Hugo Chávez hacía Aló presidente y no hay polémica
porque un grupo mediático como Televisa pone a un presidente y hace un
pucherazo electoral. Es poco serio desde el punto de vista de un organismo
internacional que pretende hacer informes sobre derechos humanos y libertad de
expresión.
—Sin embargo, este
discurso está ahí y múltiples voces catalogan a la LOC como una ley mordaza
incluso antes de su entrada en vigencia. ¿En la aplicación de la ley han
existido excesos?
—Ha habido errores y hay bastante que mejorar en la ejecución.
Yo creo que la gestión o la dirigencia de la Supercom no ha estado a la altura,
falta cualificación y criterio. También se podrían establecer otros
procedimientos para mejorar la ley y definir una mayor independencia de los
órganos fiscalizadores. Sí ha habido una mala aplicación de le ley, pero yo prefiero
que haya una ley que garantice que un tercio sea para medios comunitarios a
nada. De una mala aplicación, a decir que es mordaza, es un disparate sin
sentido. El paradigma que se pone es Estados Unidos, ahí es donde más se
vulnera la libertad de expresión y donde la precariedad del profesional de la
información está acotado por las élites económicas y financieras. Incluso hay
medios que inventan una guerra porque tienen un accionariado del complejo
General Electric industrial-militar del Pentágono. O podríamos citar el
paradigma Murdock, que es un ejemplo de vulneración de ley, incluso de
transgresión permanente de la ley con el delito de intromisión a la vida privada,
espionaje o evasión fiscal.
“Claro, Ecuador no es Estados Unidos, no tiene una posición
dominante en el sistema internacional y, por lo tanto, si aquí hay un problema,
por mínimo que sea, es un gran problema. En Estados Unidos es una cotidianidad
en el mundo de la profesión. Ha habido corrupción sistemática de numerosos
premios Pulitzer inventados, tendenciosas guerras inventadas desde grupo Fox y
las grandes networks. Ahí no hay problema de libertad de expresión, ni de
pluralismo, ni de diversidad, todo está bien porque la primera enmienda
contempla que hay libertad de expresión. Sería bastante discutible, no entro en
cuestiones como vulneración de derechos fundamentales. Recordemos el espionaje
telefónico y otras prácticas que se dieron en la época Reagan, después con Bush
padre, y que sucesivamente se han ido ampliando con la doctrina de seguridad de
la información y seguridad nacional.”
—Preocupa la cercanía de
las instituciones reguladoras con el Ejecutivo. ¿Esto ha afectado la aplicación
y lo efectivo de la ley?
—Yo creo que sí, tendrían que ser diseñadas de una manera mucho
más plural y logrando una mayor autonomía de los órganos fiscalizadores para
mejorar la aplicación de la ley y evitar tantos errores. En el caso de los
órganos reguladores yo creo que se debería haber garantizado, en la propia
estructura de redacción de la ley, una mayor pluralidad e independencia. Luego
en la aplicación yo creo que hay una falta de pericia y criterio; podemos tener
una ley magnífica y una pésima aplicación.
“En este caso, la ley sería mejorable en cuanto a los
órganos reguladores. Pero también, aunque tuviéramos esa independencia, si no
hay pericia por parte de los responsables de estos órganos se pueden cometer
errores continuos y los ha habido en este caso sin duda. Pero de ahí a hablar
de mordaza, censura, hay un abismo. Existe otros elementos como la falta de
tradición, Ecuador no ha tenido tradición de medios públicos. Cómo construir
medios públicos autónomos cuando ni siquiera han existido medios públicos, no
es tan fácil.”
—Sorprende como al
cumplir estos dos años de la ley, el discurso y debate se centró principalmente
en la cantidad de procesos abiertos y sanciones impuestas antes de la
relevancia de la misma en un país democrático. ¿Por qué enfatizar este tema?
—Bueno, yo creo que por un error de conocimiento. Las políticas
públicas son pedagogía, educación, derechos y sanción. Si no hay sanción no hay
derechos porque no hay libertad sin responsabilidad. La responsabilidad implica
que cuando uno vulnera la ley tiene una sanción; esa es la diferencia entre
regular y autorregular. Los periodistas siempre abogan por la autorregulación y
yo les digo: muy bien, pero demuéstreme que su práctica es buena. Los códigos
deontológicos se han vulnerado siempre, como en el caso de España. El gobierno
de Zapatero llamaba a los editores y directores de Cadena 3 y decía: “Oigan,
limiten, están incumpliendo la ley europea sobre contenidos
audiovisuales”, estos se reunían, firmaban un acuerdo de autorregulación y
al día siguiente ya lo vulneraban.
“Por qué poner énfasis sólo en las medidas sancionadoras, por
una falta de visión de que la política pública es dar derechos y libertades a
sectores que no tenían. Por ejemplo el derecho a rectificación o el que la
superintendencia tenga una instancia a donde el ciudadano pueda ir a denunciar.
Pensar que la labor de la ley es sólo sancionadora es una visión pobre,
limitada y restrictiva. Si sólo ponen énfasis en esto difícilmente se va a dar
un cambio cultural en los profesionales y en los ciudadanos.
“Estos entenderán que sus derechos sólo se garantizan con
sanción cuando hay otras maneras de otorgar garantías, por ejemplo, haciendo
campañas ciudadanas para exigir que los medios públicos y privados tengan una
diversidad de contenidos innovadores para sectores tradicionalmente excluidos.
Se podría cambiar un modelo de programación, o una lógica de trabajo en los
periodistas. Realmente no estuve prestando atención, si los representantes de
la Supercom o de la Cordicom sólo pusieron énfasis en las sanciones, pero si
así fue creo que es una visión bastante limitada de lo que debe ser la función
de una ley que reconoce derechos.”
—Muchos medios fueron
incautados, y se dice que no se les ha dado el debido proceso. Esto se suma a
esta constante crítica al uso que se da a los medios desde el estado central.
El Estado ecuatoriano en estos ocho años, desde una visión internacional como
la de Ciespal, ¿es un buen promotor de lo que la ley establece?
—Bueno, hay que hacer una distinción entre Estado y gobierno.
Creo que en Ecuador hay una dificultad para distinguir gobierno de Estado, esta
se da cuando un Estado no está fortalecido. Esta defensa de los medios públicos
es la defensa a una política de Estado. Yo, al igual que la mayoría de
asociaciones científicas, llevamos décadas protegiendo medios públicos, estos
son la garantía de construir ciudadanía mediática. Sin medios públicos,
sectores no tradicionales (niños, jóvenes, creadores) nunca serían atendidos.
El ejemplo es Estados Unidos, en el que PBS, el sistema público de radiodifusión,
es ridículo, marginal y lo ven sólo unas élites. Una cosa es hablar del Estado
y de la política pública del servicio de comunicación, y otra del gobierno, se
debe separar. Hay que hacer una política de Estado, pero no es positivo
gubernamentalizar los medios. Históricamente es difícil, lleva tiempo y
procesos; más aun cuando no hay una tradición de medios públicos y hay una
gubernamentalización.
“En Ecuador del mismo modo que hay una
gubernamentalización de los medios públicos también hay una politización de los
medios privados. En otras palabras, en estudios que hemos hecho en Flacso, en Ulepicc
y en otras asociaciones científicas en América Latina, el rol que ha tomado una
derecha o digamos partidos neoliberales que han quedado arrasados por los
proyectos de progreso en el subcontienente, es el de opositores. Hay estudios
que demuestran como se han coordinado las agendas de grupos de diarios al
marcar un mismo protocolo de información y campañas mediáticas. En algunos
casos extremos, como Venezuela, hasta han organizado golpes de Estado. Una cosa
es una línea editorial, que tienen todo el derecho de plantearla como quieran,
y otra muy distinta cumplir un papel radical de deslegitimación democrática,
que no es la función que un medio debe cumplir.
“Una legislación moderna debería prohibir y cerrar un
medio que se ha demostrado fehacientemente que ha organizado un golpe de Estado.
Desde este punto de vista, yo creo que hay que hacer una crítica, efectivamente
hay un problema, por tanto hay que ir avanzando para la
desgubernamentalización. No es un caso sólo de Ecuador, se da en otros países
incluso europeos. La única vez en Europa, si no recuerdo mal, que un medio
público fue condenado por la justicia por manipulación informativa fue un caso
durante el gobierno de derecha del PP. Sin embargo, nadie dice que hay
desinformación, censura y manipulación en medios públicos de Europa, se pone el
acento sólo en Ecuador, que sí hay un problema de gubernamentalización, pero
hay que poner en equilibrio las críticas. Los medios conservadores, neoliberal
o de derecha deben tener un equilibrio en su tratamiento informativo con
libertad editorial. No se puede desinformar, mentir y conspirar contra la
democracia, en cualquier ordenamiento jurídico esto puede ser objeto de
condena.”
—Ciespal ha sido un
importante actor en el debate, ¿cuál es la percepción ciudadana sobre esta ley?
—Bueno, yo puedo hablar sólo desde junio de 2014. En el debate
previo a la ley, mi antecesor en el cargo convocó a varias reuniones y mesas
redondas. Yo creo que esta es la función que debe articular el Ciespal, siempre
manteniendo ese papel activo que ha tenido desde los años setenta para defender
las políticas nacionales de comunicación, la regulación y, por tanto, el
derecho. Es un foro de discusión plural en el que diferentes sensibilidades se
manifiestan y llegan a consenso básicos. Partamos del argumento de que la mejor
ley de prensa es la que no existe, es inaceptable, desde los setenta, el Ciespal
y el pensamiento latinoamericano, han defendido que debe haber un derecho a la
comunicación basado en políticas activas del Estado y regulación. A partir de
ahí podemos discutir qué tipo de regulación, cómo podemos mejorar los temas de
organizaciones de la comunicación y qué políticas son las más adecuadas.
“Yo valoro muy positivamente la ley, creo que es una ley
de progreso, que es perfectible como toda ley, pero que desde luego es mejor de
lo que había antes. Lamento que algunos profesionales entiendan que es una ley
mordaza, es una conquista democrática, objetivamente, jurídicamente, más que de
Estado. Está respaldada por numerosas voces, que evidentemente no son la SIP ni
la CIDH, pero que tienen igual legitimidad (organizaciones gremiales,
científicas, académicas). Se necesitan mejoras; por ejemplo, no se definió
claramente en el sistema nacional de comunicación temas como qué son y el papel
de los medios públicos. Está también el caso los medios incautados, si hay un
juicio que habrá que resolver pasarían a ser propiedad del Estado, y por tanto
habrá que definir una política de Estado, la ley hubiera sido deseable que la
contemple. Está también el tema del déficit democrático en la representatividad
en la estructura de los órganos fiscalizadores.”
—Hablando sobre esta
división del espectro en medios, comunitarios, públicos y privados, ¿qué tanto
se han alcanzado los porcentajes que contempla la ley?
—El 34 por ciento de medios comunitarios es el que más nos
interesa y ahí vamos muy atrasados. Yo ya hice pública la valoración del
segundo aniversario de la ley, desde la política del ejecutivo hay que acelerar
la concesión de frecuencias a este sector. Están descontentos, ya que no ven
realizado este derecho que es una de las grandes conquistas de la ley. Ahí hay
dos razones, una desde una visión tecnocrática, el procedimiento administrativo
para la adjudicación de frecuencias iguala a un medio comunitario con un
privado o público. No se puede pedir a una comunidad que haga un plan de
negocio, un plan financiero, o el desarrollo un sistema tecnológico. Esto debe
ser política del Estado, debería apoyar y facilitar un trámite administrativo;
se da una discriminación positiva en el procedimiento de acceso a las
licencias. Es falsa la afirmación de que en Ecuador no hay interés, hay; pero
el procedimiento administrativo no ha sido muy racional. No tienen ni la
capacidad económica, ni el conocimiento suficiente para hacer un plan de negocio.
Ni siquiera deberían hacerlo porque un medio comunitario obedece al principio
de rentabilidad social y de inserción en la comunidad. Creo que ahí sí hay un
déficit y espero que muden los procesos administrativos y se apoye a los medios
comunitarios.
—Finalmente, en el
panorama de un Ecuador con ciudadanos protestando en las calles, ¿cuál debe ser
el rol de los medios de comunicación?
—Yo digo irónicamente que la función de los medios es actuar de
pontífices, no porque nos haya visitado el Papa, sino porque deben establecer
puentes. Si uno ve la etimología de la palabra pontífice de algún modo es aquel
que establece vínculos. Por tanto creo que el papel de los medios debería ser
el del diálogo nacional. En ellos se deben exponer las diferentes visiones,
discursos y una figura más próxima a lo que hoy debe ser el periodismo —la del
community manager— que construye comunidad. Un Estado nación es una comunidad,
es decir, hay una población asentada en un territorio que comparte un destino
común. La labor de la comunicación, como la palabra indica, es poner en común y
se debería procurar, dentro de las diferentes líneas editoriales y la
diversidad de criterio, ser coparticipes de un proyecto país para, así, llegar
a consensos en democracia.
“No estoy viendo que la labor del periodista sea esta
exactamente; en algunos casos se ha incentivado una polarización que no es
buena para el desarrollo económico nacional. Esto está demostrado en estudios,
en algunos países como España se ha tendido a la polarización, casi se habló de
periodismo de trinchera. ¿Cuál es el efecto que tuvo esa posición de los
medios? Lo voy a indicar muy claramente: pérdida absoluta de credibilidad y
confianza de los públicos.
“Se debe partir desde una visión, no desapasionada, porque
soy partidario de la pasión en el periodismo; pero de un trabajo más
equilibrado y que cumple esa función de servicio público y mediación. Incluso
al afirmar y defender un criterio contra, por ejemplo, la ley de herencia y la
de plusvalía. Es función de los medios fomentar el diálogo, contrastando
opiniones y estableciendo una pluralidad de voces. Lo contrario, la agitación,
perjudica a los propios periódicos; a corto plazo se aumenta en audiencias, a
medio y largo plazo se pierde credibilidad y fidelización de los públicos.
“Este es un problema que se ha dado en varios países, por
ejemplo la Fox, este modelo que ha proliferado en la Guerra de Golfo (la última
guerra inventada contraviniendo el derecho internacional público), desarrolló
un pensamiento cínico entre la profesión y, peor aún, entre las audiencias que
ya no creen nada. Cuando ven el telediario saben que todo es ficción. Yo creo
que un periodismo que busca esa confrontación y no abre espacios comunales de
diálogo es un periodismo condenado a morir. Espero que en Ecuador no suceda
esto, sería malo para los profesionales y para los propios medios de
comunicación. Nosotros vamos a convocar a un diálogo que no quita que hagan
críticas a la LOC, al Estado, al gobierno, pero dentro de una convivencia y de
un juego democrático. El antagonismo es una de las características de la
democrática deliberativa, pero cuando ya no se respetan las reglas del juego ya
estamos en otra labor. Ahí surge este discurso cínico y la deslegitimación de
la democracia, no sólo del gobierno, también de los propios profesionales de la
comunicación.
“Hay una ley en la confianza, ahora que todos los
politólogos hablan de confianza, esta es un alto valor. Es en la que descansan
las instituciones del Estado, la moneda y también el periodismo. Una vez que se
rompe, no se restaura, por ejemplo, los cables de Wikileaks dejaron desnuda a
la profesión y a los grandes diarios de referencia internacional. ¿Cómo
recuperar la credibilidad? Es difícil, por ejemplo para un periódico como El País
que cuando hay un golpe de Estado en Venezuela abre una editorial aplaudiendo,
pero en su propio estatuto y libro de estilo defiende los gobierno
progresistas, la democracia avanzada y los derechos humanos. Simplemente lo
hace porque tiene intereses accionarios en Venezuela y Colombia. Ahora están a
la baja, publicando en primera plana los amoríos de Vargas Llosa e Isabel
Presley, si para eso ha quedado un medio de referencia dominante en Europa,
mejor que se cierre y desaparezca; no es un modelo de lo que debería ser un
buen periodismo.”