Chihuahua, Chih.- El
brazalete electrónico de localización que se le impuso a Joaquín
“El Chapo” Guzmán, cuando ingresó en el mes de febrero del año
pasado, al Cefereso número 1 de “El Altiplano”, en el estado de
México, fue facilitado por la Fiscalía General de Chihuahua, por
ser la primera entidad en el país, en su implementación en delitos
menores dentro del Sistema de Justicia Penal.
Sin
embargo, las mismas autoridades estatales advirtieron hace más de un
año al hoy exdirector del Cefereso de “El Altiplano”, Valentín
Cárdenas Lerman (quien actualmente está sujeto a investigación por
la evasión) y al entonces comisionado del Órgano Administrativo
Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social Federal, José
Luis Musi Nahmías; que dicho brazalete de tecnología “GSM” no
funcionaría por los inhibidores de señal con que cuenta el penal
federal.
Fuentes
de alto nivel de la FGE, quienes pidieron el anonimato, revelaron
ayer que esta observación quedó registrada, incluso por
escrito, por lo que aún así, los directivos del Cefereso de donde
escapó por un túnel, el sábado 11 de julio, el líder del Cártel
de Sinaloa, solicitaron se enviara el referido brazalete para hacerle
pruebas.
“Ellos
quedaron en que iban a instalar antenas de radiofrecuencia, para
buscar el funcionamiento de esta tecnología en el interior del penal
de alta seguridad, pero ya no supimos si lo hicieron. También el
brazalete ya no fue devuelto”, revelaron los informantes.
El
pasado martes en conferencia de prensa, el Comisionado Nacional de
Seguridad, Monte Alejandro Rubido, al dar los pormenores de la
evasión de Guzmán Loera, misma que quedó videograbada por el
sistema de circuito cerrado, a las 20:52 horas con 11 segundos, de la
celda número 20; en relación al brazalete y que se observa, ya no
llevaba puesto el narcotraficante al momento de descender al túnel
construido en el área de la regadera de su celda, expresó, “es
pertinente señalar que como parte de un programa del Área de
Tratamientos Especiales en la que se encontraba el recluso, se le
colocó un brazalete que permitía su localización dentro de dicha
área.
Este
brazalete no cuenta con las capacidades de geolocalización que
tienen otros aditamentos, como aquellos que utilizan las personas que
enfrentan procesos en libertad, toda vez que éstos no funcionan
dentro de los penales donde no hay GPS”, señaló.
Fuentes
del Gabinete de Seguridad del gobierno federal revelaron a medios de
comunicación en el centro del país, que el brazalete fue donado por
las autoridades penitenciarias de Chihuahua, para colocarse a Joaquín
Guzmán Loera, como parte de una estrategia planteada por el Centro
de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Funcionarios
de la FGE, quienes participaron directamente en el proceso de entrega
del brazalete, narraron a este medio de comunicación, que al momento
en que fue detenido en un hotel en la ciudad de Mazatlán, el líder
del Cártel de Sinaloa, e ingresado el 22 de febrero de 2014, al
penal federal de “El Altiplano”, se entabló rápidamente
comunicación con la Fiscalía de Chihuahua para que se facilitara
esta tecnología.
“Desde
un principio les dijimos que no iba a funcionar y efectivamente nunca
funcionó por los inhibidores de señal, de eso se habló
personalmente con el director Valentín Cárdenas y también con el
titular del Órgano Penitenciario Federal en ese entonces que era
José Luis Musi Nahmías. Ellos dijeron que iban a buscar colocar
unas antenas para que a través de radiofrecuencia se pudiera lograr
el funcionamiento de esta tecnología, nosotros ya no supimos si lo
hicieron o no, pues no somos autoridad para saberlo, y el brazalete
que les mandamos se quedó con ellos, no fue devuelto, tampoco
supimos si adquirieron otros brazaletes de radiofrecuencia”,
manifestaron.
Con
respecto a los brazaletes electrónicos de tecnología GSM (Global,
System, Mobile), con que cuenta la FGE, mismos que son utilizados en
personas por la comisión de delitos menores, se explicó que
funcionan similar a un chip de teléfono celular, por los cuales se
paga una cantidad de alrededor de mil 500 pesos mensuales por unidad,
al proveedor y prestador del servicio, en el monitoreo diario que se
hace a los procesados y sentenciados.