La zona de La Montaña del estado mexicano de Guerrero es una de las más marginadas del país. Esa es una de las razones por las que, desde de finales de la década de 1960, ha sido la cuna de movimientos guerrilleros y revolucionarios.
El pueblo de Tlapa de Comonfort es la puerta de entrada a La Montaña de Guerrero. Ahí se localiza el nido del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), el cual surgió en el año 2013 para protestar contra las reformas constitucionales —en especial la educativa—. El MPG está formado por maestros, normalistas, padres de familia, organizaciones sociales y policías comunitarias de la región.
“Lo que queremos es un cambio de gobierno, no de gobernantes”, exclama Arnulfo Cerón, uno de los líderes del MPG, frente al edificio de la Coordinadora al que horas más tarde ingresará la policía federal. Son las 9:00 horas del 7 de junio y todo parece indicar que las elecciones en Tlapa se llevarán a cabo sin inconvenientes.
Hubaldo Segura, un hombre delgado, que porta lentes y es también uno de los líderes del movimiento, secunda a su compañero con una advertencia: “El boicot que proponíamos para las elecciones tiene como base nuestro deseo de establecer condiciones para trabajar en forma de consejos municipales populares”. Llanamente, la propuesta de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero y del MPG es cambiar la forma en que la ciudadanía elige a las autoridades.
Pero las cosas no sucedieron como ellos esperaban. Las elecciones del 7 de junio tuvieron lugar en medio de una ciudad cercada por elementos de la Policía Federal y el Ejército Mexicano. El PRI se llevó la victoria y los resultados se anunciaron como si nada hubiera pasado.
La realidad fue que la jornada electoral en esta entidad estuvo marcada por la violencia. Poco después del mediodía, un grupo de cuatro personas incendió una camioneta en la colonia Cuba; más tarde, a las 13:00 horas, policías federales irrumpieron en las instalaciones de la CTEG y casas aledañas, y se llevaron arbitrariamente y sin órdenes de aprehensión a seis profesores, una pareja y un menor.
Y las cosas no pararon ahí. Entrada la tarde, los colonos retuvieron a treinta y cinco policías federales en la capilla del pueblo, bajo la exigencia de que sólo los liberarían si soltaban a sus vecinos. Finalmente, a eso de las 21:00 horas, la luz de la capilla y el atrio se apagó, y se escucharon dos balazos. Unos minutos más tarde, elementos de la policía federal entraron al lugar arrojando bombas de gas lacrimógeno y golpeando a quien se interpusiera en su camino.
El operativo de la policía federal para rescatar a sus compañeros se saldó con la muerte de Antonio Vivar Díaz, quien falleció a causa de los disparos que tuvieron lugar en la capilla.
En medio de la confusión, uno de los profesores exclamó furioso: “Les dije que en cuanto cayera la noche nos iban a chingar, no se puede negociar con ellos. Policías y políticos, ¡todos son mentirosos!”.
A la mañana siguiente, concluida la jornada electoral, las calles de Tlapa se percibían violentadas y sus habitantes, asustados e indignados.
“Queremos hacer una denuncia pública porque sabemos que fueron órdenes federales, ellos quieren fracturarnos y por eso vamos a denunciar, porque lo que hicieron es ilegal”, exclama Arnulfo Cerón durante la reunión comunitaria que tuvo lugar el 8 de junio.
Apolonio, uno de los vecinos de la colonia El Tepeyac, grita con la voz quebrada: “No es posible que sigan golpeando a pueblos enteros”. Mientras lo hace, mira a la puerta de la oficina delegacional en la que se llevó a cabo la reunión, como buscando una salida, y es que la gente tiene miedo de que vuelvan a agredirlos.
“Los militares no se han ido, ustedes no pueden irse todavía”, exclama una señora mientras los reporteros salen del cuarto. Para ella —que no confía ni en la policía ni en el gobierno— los reporteros son los únicos que pueden constatar lo que sucede realmente.
El Partido Revolucionario Institucional ganó las elecciones en Tlapa de Comonfort, pero a nadie le importa. “¿Viste lo que sucedió ayer? ¡Mataron a un muchacho!”, le dice el dueño de un restaurante a una señora que come a su lado. Y es que lo único destacable para los ciudadanos es eso: los agredieron. A todos.
Antonio Vivar Díaz, el hombre que falleció, tenía veintiocho años, estudió Desarrollo Comunitario y fue alumno del director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera.
“Defendía a la gente porque era parte de su carrera, lo hizo hasta ayer”, dice Constantino Vivar, su hermano, durante el funeral. “Y yo sé que esas balas no lo agarraron de frente porque las hubiera esquivado, mi hermano tenía valor”, agrega mientras mantiene el puño levantado.
Alma Vivar, también su hermana, entre suspiros señala: “El gobierno cree que estamos armados, pero aquí no hay ni hospitales. Aquí estamos como estamos: pelados como el tomate”.
Abel Barrera también está ahí y luce indignado. Y no se contiene: “Lo que ocurrió aquí fue el uso del aparato del Estado en contra de las organizaciones movilizadas. Es preocupante que la policía federal asesine jóvenes”