La Paz, BCS.— El sol empieza a esconderse en el horizonte del mar de Cortés, regalando a los pocos transeúntes del malecón de La Paz uno de los atardeceres más bellos de la costa mexicana. En cuestión de minutos, el paseo marítimo queda desierto: el miedo al encuentro con un enfrentamiento entre narcos pesa sobre la población, y especialmente entre los turistas nacionales que, pese a las advertencias y las medidas de seguridad, siguen llegando a Baja California Sur. Más de un centenar de asesinatos en los últimos diez meses, amenazas viralizadas entre la ciudadanía a través de mensajes de celular, un ataque fallido con granadas explosivas en plena zona turística y la guerra desatada entre facciones de los cárteles de la droga han cambiado casi por completo la tradicional estampa pacífica de la ciudad.
“Hace menos de un año, el centro de la ciudad y la costa se llenaba de visitantes y gente que paseaba hasta altas horas de la madrugada”, explica preocupado Gabriel, recepcionista de un hotel situado frente a la primera línea de playa. “Este era uno de los lugares más seguros del país y ahora los criminales campan a sus anchas como si fuera Sinaloa o Tamaulipas”, lamenta.
El aumento de la inseguridad es a todas luces el problema más importante para los paceños, aunque no ha afectado en absoluto las aspiraciones del Partido Acción Nacional de renovar su mandato al frente del estado. Por el contrario, tras una contundente victoria en las urnas, coloca a quince de los dieciséis diputados posibles en el Congreso y obtiene la presidencia de los cinco municipios de la entidad, incluyendo la capital. Carlos Mendoza Davis, con un 45.15 por ciento de los votos, relevará a su antecesor, el también panista Marcos Covarrubias. Además, Los Cabos tendrá un alcalde albiazul, Arturo de la Rosa Escalante, después de trece años de dominio perredista.
Las reacciones en el tricolor, diez puntos por debajo de sus rivales, no se hicieron esperar. Tras concluir el escrutinio completo, fue el propio candidato a gobernador, Ricardo Barroso Agramont, quien denunció ante los medios de comunicación que se había cometido un fraude electoral. Dijo no reconocer los resultados de las elecciones y amenazó con iniciar un proceso de impugnación apoyado por el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza. Señaló, además, al Instituto Estatal Electoral (IEE) y al Instituto Nacional Electoral (INE) de estar alineados con el gobierno de Covarrubias. “Ha existido intervención directa de funcionarios estatales”, acusó, y afirmó que la candidatura albiazul utilizó recursos económicos de procedencia ilícita para la financiación de su campaña, “rebasando el máximo permitido por ley”.
Campaña sucia por la gubernatura
La carrera por el gobierno del estado dio inicio a una “guerra sucia” entre los dos principales aspirantes. Desde el PRI se trató de vincular al candidato panista con su concuñado, presunto integrante del cártel de los Arellano—Félix detenido en San Diego (California), en posesión de seis toneladas de mariguana.
Aunque Mendoza Davis se deslindó rápidamente de cualquier actividad del marido de la hermana de su esposa, la campaña pronto estuvo marcada por otro escándalo: la filtración de una conversación telefónica con Francisco Domínguez Servién, hoy gobernador electo de Querétaro por el PAN, en la que hablaban de aportaciones irregulares obtenidas de un tercero (al que se refieren como Cors), para la carrera rumbo a la gubernatura. “Seis kilos (millones) mensuales durante cinco meses”, comentan en la conversación intervenida.
El día que esta información aparecía impresa en el semanario Zeta, se produjo una compra masiva de ejemplares en todo el estado por parte de un grupo de sujetos que recorrió los principales puntos de venta haciendo desaparecer, prácticamente por completo, la publicación de las calles.
A medida que se acercaban los comicios, las acusaciones desde uno y otro bando fluían con cada vez más frecuencia y con menos evidencias. Una semana antes de la jornada electoral, justo al día siguiente de haberse registrado una balacera en la colonia paceña de Santa Fe (una de las más conflictivas de la ciudad), comenzó a circular un mensaje a través de redes sociales y WhatsApp. En él, dos supuestos grupos criminales identificados como los cárteles de Guadalajara y Sinaloa amenazaban con “levantar y matar a todas las personas que se encuentren a partir de las diez de la noche en la calle”, mencionando varios apodos como los supuestos objetivos de la “cacería”.
“El comunicado salió del CEN del PRI, en Los Cabos”, afirma un investigador local que desea mantenerse en el anonimato. “Lo estuvieron publicando en una serie de páginas falsas de Facebook, las cuales se crearon cuando apenas comenzó la campaña de Barroso”, explica. “Nos metimos al servidor que utilizaba su equipo; tenían una red privada sin licencia y prácticamente los que estaban de operadores eran los mismos ‘cibernautas PRI 3.0’: puro joven de entre dieciocho y veintidós años de edad”, apunta.
Con la psicosis en aumento en la sociedad sudcaliforniana por la amenaza del narco, el PRI no esperaba un batacazo de tal magnitud en las elecciones (recibió el apoyo del 13 por ciento del electorado, contando la abstención). Barroso centró su estrategia en la denuncia de la inseguridad y el nepotismo de Covarrubias, pero se encontró con un fuerte rechazo social al tricolor, especialmente por los costes en materia económica que se han derivado del aumento del IVA del 10 al 16 por ciento.
Urgen medidas para la economía y el turismo
Tras el paso del huracán Odile, en septiembre de 2014, Baja California Sur recibió un duro golpe tanto a sus finanzas como al principal motor de su economía: el turismo. “Después de unos meses muy duros, el turismo repuntó la pasada primavera gracias a los spring breakers”, explica un vecino. “Me preocupa que los visitantes nacionales se alejen de Baja California Sur por la violencia y que tampoco existan más planes de desarrollo turístico fuera de Los Cabos”, opina.
En este sentido, Esther Garrido, propietaria de un restaurante en la capital, coincide en que es necesario extender la oferta turística a Loreto, Mulegé y Comondú. La empresaria, que vive en Baja California Sur desde hace más de treinta años, cree que La Paz también necesita inversión “porque todo se va a Los Cabos”, y que no son pocos los atractivos que el resto de municipios puede ofrecer a los visitantes. “Tenemos abandonados lugares idílicos en todo el estado, espero que el nuevo gobierno tenga un plan para rescatarlos y hacerlos visibles al público”, comenta.
Si el estancamiento del modelo turístico puede suponer un problema para la industria sudcaliforniana, la principal preocupación para los habitantes parece estar relacionada con el impacto que la subida de impuestos ha tenido en los negocios locales. “El alza de impuestos que tuvimos anteriormente afectó muchas empresas y temo que nos los vuelvan a subir. Necesitamos incentivos fiscales para abrir microempresas, además de que mejore la seguridad”, opina un joven emprendedor.
Devolver la paz a La Paz
El pasado 2014 fue el año más violento en la historia de Baja California Sur, y la tendencia se ha mantenido esta primera mitad de 2015. El exgobernador perredista Narciso Agúndez Montaño culpó al gobierno de Covarrubias de haber propiciado el brote de violencia, aunque, por su parte, el dirigente panista lo achacó a la guerra originada entre células del cártel de Sinaloa y del Pacífico después de la detención de Joaquín Guzmán, el Chapo.
Aislado más de mil kilómetros de Tijuana, y del resto de México por el océano Pacífico, el estado se convirtió desde hace décadas en refugio para narcotraficantes y criminales de diversas organizaciones. Aquí han sido detenidos o asesinados miembros del cártel Arellano-Félix, de los Beltrán-Leyva y el de Sinaloa, entre otros. Pero las razones del repunte de la violencia en un estado tradicionalmente pacífico y ajeno a los asesinatos podrían tener relación directa con el crecimiento descontrolado que las ciudades han experimentado en los últimos años, propiciado por el auge del turismo.
En La Paz y Los Cabos se han levantado numerosas colonias irregulares en las que viven, según estimaciones de la SEDATU, unas veinte mil familias. Las viviendas carecen de luz, drenaje y agua potable, lo que hace que sobrevivir en estos barrios ubicados en medio del desierto sea todo un logro. “En los siete años que llevamos viviendo aquí, se han acercado muchos políticos a prometernos la regularización de los terrenos, pero ninguno ha cumplido su promesa”, explica María Díaz, oaxaqueña que migró con su familia hace una década a la colonia Ampliación Villa Hermosa, en la capital.
“No podemos tener un abanico ni un refrigerador para enfriar agua. Aquí alcanzamos los 40 grados incluso en la noche”, explica María, quien además se muestra preocupada por la ola de asesinatos que tienen en estas colonias su principal foco. “Nos da miedo vivir aquí. No hay ni una luz por la noche y se escuchan balazos. Las patrullas ni aparecen, o si llegan, tardan demasiado”, explica.
Los criminales tienen en estas colonias de gente empobrecida y carentes de seguridad el refugio perfecto para instalarse. Además, muchos jóvenes abrazan la narcocultura empujados por la falta de oportunidades laborales y de acceso a una educación de calidad.
“Cuando llegamos había mucho trabajo y mi marido ganaba bien, pero ahora han caído mucho los salarios y hay meses que no tenemos sustento”, se lamenta María.