MORELIA, Mich.- El diagnóstico que ofrece Luisa María Calderón sobre la entidad que pretende gobernar es tan severo que no se entiende si no es a partir del envilecimiento absoluto del sistema político. Utiliza como ejemplo lo que para ella es evidencia irrefutable: el endeudamiento de 31 000 millones de pesos que el gobierno estatal adquirió en ocho años, y la violencia magnificada al amparo de ese mismo sistema. El saldo de ello se refleja hasta en el padrón electoral.
“Se han tenido que deshacer las familias, muchas se han tenido que ir”, dice para matizar la consecuencia de estos años terribles. “Tenemos 200 000 electores menos que hace tres años. Pueden ser entre migrantes o desplazados. Esto es bien difícil.”
Luisa María, de cincuenta y ocho años, es la candidata del PAN al gobierno de Michoacán y hermana mayor del expresidente Felipe Calderón, a quien miles de michoacanos responsabilizan del cuadro desolado que ha descrito. Partió como favorita en las encuestas, pero su candidatura ha entrado en declive. La razón puede ser una mezcla entre el resentimiento concitado por su hermano y la ausencia de apoyo de Gustavo Madero, dirigente nacional del partido y enemigo político de los Calderón.
Ella cree, sin embargo, que su campaña va al alza, contrario a lo que marcan las mediciones que la colocan en tercera posición, debajo de los candidatos del PRI—PVEM, Ascención Orihuela, y de la coalición PRD—PT—PES—Nueva Alianza, Silvano Aureoles.
“En un principio la gente decía: Todos son iguales, son los mismos. Pero nosotros hemos ido escuchando que la gente recupera la esperanza de decir: sí creemos en ti, sí vamos contigo, sí es diferente lo que propones. Y creo que el ánimo de la gente está en ese lado, en que la gente va a ir a votar. […] Y poco a poco se va inflando, se llena muy bien, poco a poco se van llenando las plazas, estamos llenado plazas más de lo que nosotros esperaríamos”, cuenta.
Luisa María, mejor conocida como Cocoa, se mantiene pese a todo como la figura política más conocida en el estado. La tarde en la que habló sobre el oscuro panorama michoacano, cerró con un mitin en el municipio de Charo, a un costado del convento San Miguel Arcángel, el histórico sitio en el que Miguel Hidalgo y José María Morelos sostuvieron un encuentro el 20 de octubre de 1810, durante la guerra de Independencia.
El mitin contó con la presencia de los candidatos a alcalde y a diputados por los distritos local y federal a los que pertenece Charo. Fue un acto entusiasta, con músicos de banda entonando “Caminos de Michoacán” ante unos cuatrocientos pobladores, en su mayoría campesinos, contagiados por las palabras de Cocoa, quien se refirió al tema de la seguridad y de los proyectos de desarrollo necesarios para revitalizar la maltrecha economía, que hoy mantiene en pobreza a siete de cada diez michoacanos.
En 2011, Luisa María contendió por el gobierno. Perdió frente al priista Fausto Vallejo, quien claudicó el año pasado. Vallejo aludió problemas de salud, que ya antes lo habían hecho solicitar licencia para ausentarse de su cargo en cuatro ocasiones.
En su corta travesía como mandatario sobrevinieron los sucesos más reveladores de la podredumbre estatal: Jesús Reyna, su secretario de gobierno que hizo las veces de gobernador interino, fue arrestado por sus nexos con la delincuencia organizada, y su hijo, Rodrigo Vallejo, terminó también en prisión tras aparecer en un video junto a Servando Gómez Martínez, La Tuta, líder de Los Caballeros Templarios.
La Tuta fue aprehendido en febrero pasado, dos años después de que surgieron los grupos de autodefensa, el otro gran fenómeno desatado durante la administración de Vallejo.
Casi todos los indicadores retratan un estado incinerado. Michoacán posee un sitio primordial dentro de la agricultura y genera derramas por 1500 millones de dólares anuales tan sólo por la venta de aguacate. A cambio se sitúa en el sitio dieciocho en la agroindustria nacional y se ha colocado como la segunda región expulsora de migrantes hacia Estados Unidos, por encima de Guanajuato. Desde hace dos años existe una burocracia federal encargándose de la gobernabilidad, mientras que el sistema educativo colapsa por sus deudas millonarias y siguen sin explicarse recursos que jamás fueron ejercidos.
En algún momento, hace más o menos dos décadas, el ciudadano dejó de inmiscuirse en la vida política y dejó que grupos de poder fáctico tomaran el control. Eso es lo que explica buena parte de la turbiedad, dice Erick Avilés, presidente de Mexicanos Primero, la organización civil que mide el pulso de la corrupción michoacana. “Y con ello no me refiero necesariamente a las organizaciones delincuenciales, sino a la propia autoridad establecida.”
Michoacán vive un escenario político de gran complejidad. Hay un reacomodo de fuerzas que “chocan como placas tectónicas”, describe Avilés. Por ello, la comprensión de lo que se aproxima en materia electoral requiere otro tipo de clasificaciones para comprenderlo.
“No nos podemos quedar con la coyuntura de la nota roja ni con que en Michoacán se vive una ‘guerra’. Por su puesto que existe una disputa, pero en el análisis de la gobernanza estatal, en una radiografía de nuestros sistemas de poderes, de fuerzas, tenemos invariablemente que pasar por el análisis del sistema de actores. ¿Quiénes son? ¿De dónde provienen? ¿Qué buscan? ¿Cuáles son sus redes de relaciones, sus conflictos de interés? ¿Cuáles son los recursos en disputa? ¿A quién benefician? ¿En manos de quién están? ¿En manos de quién buscan ponerlos?”
El salón en el que Silvano Aureoles realiza su encuentro con los reporteros de Morelia cada lunes, se localiza en la planta baja del Best Western, el hotel más grande de Morelia. Hay mesas dispuestas para que desayunen setenta personas. Los meseros ofrecen jugo, fruta, pan y huevos en salsa. Antes de que arribe el candidato del PRD, el cupo está rebasado. Ningún otro candidato alcanza tal nivel de convocatoria.
Aureoles, actual diputado federal con licencia, se encumbró en las encuestas más recientes. Los reporteros lo tratan como virtual ganador, y su equipo de campaña opera en consecuencia. Al momento en el que irrumpe en la sala, una mayoría se pone de pie. El candidato saluda con el brazo en alto, se estrecha en abrazos, aprieta manos, sonriente. Ese lunes 18 anunciará la firma de un convenio con empresarios locales que demandan la creación de conglomerados que, entre otros, se concentre en la generación de energía.
“Junto con las universidades, junto con el sector industrial, con esta fórmula provocaríamos de alguna manera el detonante extraordinario que requiere el estado”, explica en la conferencia Rogelio Guízar, presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (Aiem). […] “Nuestra intención es que se creen estos clústeres estratégicos.”
Además del sector energético, proponen detonar la agroindustria y para ello demandan mayor infraestructura carretera, vías de ferrocarril y “protocolos internacionales de seguridad”. Los clústeres tendrían como presidente al gobernador.
Aureoles y los empresarios firman el acuerdo frente a los reporteros y posan después para las cámaras. Parte de la concurrencia aplaude. “La campaña ya la gané”, había dicho el candidato los minutos previos. “Ahora quiero ganar las elecciones.”
Aureoles es un ingeniero agrónomo próximo a cumplir cincuenta años, graduado de la Universidad Autónoma de Chapingo y curtido como político y funcionario en instancias agrarias. Fue alcalde de Zitácuaro y senador de la república antes de lanzarse en 2011 por vez primera en pos del gobierno del estado, igual que su adversaria del PAN, Luisa María Calderón.
“Este es el reto más importante de mi vida”, dice con voz profunda cuando habla de esta nueva postulación, sentado a una mesa del bar del hotel. “Quizá lo más importante que yo tenga que hacer en mi vida —corta en este mundo— es sacar a Michoacán adelante”, se estremece él mismo.
En enero, una media hermana de Aureoles fue detenida en un retén militar. El vehículo en el que viajaba iba cargado con 25 kilos de mariguana. Aureoles, acusa su contendiente Luisa Fernanda Calderón, abusó de su posición como diputado federal para liberarla. Ese es apenas un señalamiento menor en su contra. Tanto Cocoa como Orihuela, el abanderado del PRI, aprovechan casi cualquier foro para decir que el perredista ha negociado y negocia con narcos.
En el Michoacán de los años recientes ningún político se salva. No hay forma. La actividad delictiva en la entidad es histórica, pero los síntomas de la grave descomposición del poder público fueron evidentes desde el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel. Fue él quien, al final de su gestión, llamó al entrante Felipe Calderón para que lo auxiliara en materia de seguridad. El presidente instruyó entonces la primera de sus operaciones conjuntas.
El diagnóstico de Aureoles es muy similar al crudo recuento que ofrece la candidata del PAN. Habla de un “debilitamiento institucional terrible”, que postró al estado y permitió que un maestro rural como la Tuta penetrara con un sistema criminal hasta las más altas esferas del gobierno, no sólo estatal, sino federal.
“Se descompuso todo”, resume el candidato. “Pero no pudo haber pasado eso si no hubiera habido colaboración del gobierno, de las instancias gubernamentales. Eso se acabó, eso no puede continuar. Tenemos que iniciar una nueva etapa.”
El día previo a firmar el acuerdo para los clústeres, Rogelio Guízar, el presidente de la Aiem, se quejó de la falta de propuestas de los candidatos, que se han enfrascado mejor en una guerra sucia.
Con el antecedente en Michoacán, es difícil no caer en la tentación. Cada candidato, o sus equipos, han cruzado hilos con actores criminales en algún momento de su trayectoria. Aun así, ofrecen en campaña un gobierno honesto y salvador de desgracias financieras, colocándose por fuera del pantano.
“Primero hay que distinguir quién es quién y, luego, autocríticamente, en el terreno de la responsabilidad, asumir la parte que nos toca como partidos, como institución, porque son cosas diferentes los errores personales y las instituciones”, dice Aureoles. “Por eso digo: mejor pongamos las cosas sobre la mesa y digamos qué queremos hacer o qué vamos a hacer; qué nos toca para corregir eso que no nos salió bien.”
El candidato proyecta confianza de triunfador, aunque sabe que su triunfo deberá ser inobjetable para avanzar con sus proyectos de gobierno. Al menos los que dice que hará. El centro de su campaña está en el sector educativo, el desarrollo industrial y la seguridad. Con un entramado político atravesado por la corrupción, Aureoles sostiene que los michoacanos de bien sobran, y de allí elegirá a su cuerpo de colaboradores.
“Aquí lo que tienes que tener es mucha honestidad”, dice echando el cuerpo sobre la mesa, confiando la idea. “Reconocer que no hemos sido capaces de estar a la altura de las circunstancias. Tenemos mucho estado y hemos tenido partidos pequeños y poco gobierno, en el sentido filosófico de la palabra. Pero ese es el reto al que yo le quiero entrar, con la certeza de que estoy contando con un amplio respaldo de la gente.”
La camioneta en la que recorre Michoacán Ascención Orihuela, apodado Chon, lleva ocupadas sus nueve plazas. Viajan con el candidato su esposa, Carmelita Stefan; Xóchitl Ruiz González, secretaria general de la Confederación de Organizaciones Populares (CNOP); y Agustín Trujillo Íñiguez, el dirigente estatal del PRI. A bordo, los políticos hablan del crecimiento en las encuestas de Orihuela, y el tope que alcanzó la campaña del perredista. El optimismo tiene sustento en algo de lodo.
“Tengo bases fundadas para dudar del triunfo de Silvano”, dice por ejemplo el dirigente estatal del PRI. “En 2011, el PRD tenía el gobierno de Michoacán con Leonel Godoy, y Silvano contó además con el apoyo de Cuauhtémoc Cárdenas. Ahora no tienen el poder, esconden a Godoy y Cárdenas no respalda la candidatura. Además está su vínculo con la secuestradora, con el narco y el tema de los dos millones de dólares de los que jamás explicó su procedencia en las elecciones pasadas.”
Agustín Trujillo se refiere a Brenda Landa, a quien las autoridades vincularon con una célula de secuestradores encabezada por Enrique Plancarte, el líder de Los Templarios abatido por las fuerzas armadas en 2014. Landa fue detenida en abril y liberada a las pocas horas. El vínculo surgió después de que Landa subió a su página de Facebook una fotografía con el candidato perredista besándola en la mejilla. Aureoles salió al paso alegando que diariamente se toma miles de fotografías con sus simpatizantes. Y sobre los dos millones de dólares, el lunes dijo, en su encuentro con periodistas, que se trata de una acusación absurda, ya aclarada.
Pero el dirigente del PRI afirma que tienen evidencia gráfica y documental para sostener sus acusaciones.
“Voy a enseñarte una foto”, dice Trujillo mientras busca en el whatsapp de su teléfono. Finalmente abre la imagen. En ella aparece Aureoles con Julio César Godoy, el medio hermano del exgobernador Leonel Godoy, quien fue electo diputado federal en 2009 y hoy está prófugo de la justicia por sus vínculos con la organización que lideró la Tuta. La imagen, sin embargo, no se sabe de cuándo es, y el dirigente del PRI no explicó el contexto en el que fue tomada.
Camino a Indaparapeo, unos 40 kilómetros al nororiente de Morelia, en donde lo aguarda una multitud la tarde del domingo 17, Orihuela dice que no se desgasta en acusaciones de ese nivel. Pero al final de la entrevista socava la moral de su adversario. “Está relacionado con una banda de secuestradores, hombre, con qué cara habla de honestidad”, suelta al final de la entrevista.
Chon Orihuela es actual senador de la república con licencia. Se trata de un cuadro formado en el corporativismo priista que ha venido de menos a más en la preferencia del voto, según encuestadoras como Mitofsky, que a mediados de mayo lo colocó en empate técnico con Aureoles.
El candidato del PRI tampoco escapa a la sospecha. Tres días después, el miércoles 20 de mayo, los diarios difundieron una fotografía en la que aparece junto al presunto secuestrador Luis Romero Razo. Con ellos hay un tercero no identificado. Todos portan camisas blancas con emblemas de la campaña y alzan sus pulgares viendo a la cámara. La imagen forma parte del expediente judicial abierto en contra de la célula criminal a la que pertenece Romero.
El candidato del PRI se dice limpio de cualquier relación turbia. Igual que sus oponentes, sonríe ante las acusaciones y salpica su discurso de palabras como “honestidad” y “confianza”.
Desde esa posición, Orihuela dibuja el mapa de la descomposición política que colapsó a Michoacán. “[Felipe] Calderón centró su primera embestida en el tema de la delincuencia organizada hacia actores políticos. Es lo que polarizó las relaciones con Leonel Godoy, y selló el fracaso de la acción en Michoacán”, explica.
Entonces Los Templarios adquieren tal nivel de fortaleza que acaban penetrando las instituciones municipales, estatales y federales, dice. “Así inicia el gobierno del presidente [Enrique] Peña y posteriormente viene ya la decisión del presidente en 2014 en cuanto al combate directo, que sin duda ha tenido un gran éxito y que desarticuló a Los Templarios, yo diría que completamente.”
Orihuela se refiere a la violencia como algo pasado. Anticipa que el enfoque de su gobierno estará encaminado en reestructurar la educación superior, de la que hoy gradúan médicos, abogados y contadores, ninguno de los cuales cubre el perfil de los profesionales requeridos para desdoblar la economía estatal.
“Michoacán tiene una economía que se sustenta en la producción primaria, en la producción agrícola. Tenemos una gran industria acerera, pero es una industria que no se desdobla en otro tipo de industrias. El crecimiento será bastante rápido. Sólo resta explicarles a los inversionistas que el estado ahora es seguro para invertir”.
Enrique Hernández Saucedo se disponía a iniciar un acto proselitista en el centro de Yurécuaro cuando fue asesinado, alrededor de las ocho de la noche del jueves 14 de mayo. Hernández, exlíder de un grupo de autodefensas, había estado preso en 2014 bajo acusaciones de ordenar el homicidio de Gustavo Garibay, alcalde panista de Tanhuato. Él era candidato de Morena a la alcaldía del municipio en que fue abatido a tiros desde un auto en movimiento.
Yurécuaro es tierra con vocación predominantemente agrícola. Se localiza al norte de Zamora, en los linderos con Jalisco. La procuraduría estatal arrestó días más tarde al director, subdirector y un agente de la policía municipal, acusados de proteger a los autores del atentado. La versión oficial es que el homicidio tiene origen en la disputa de un banco de arena y no en cuestiones políticas, como señaló la dirigencia de Morena.
Erick Avilés, el presidente de Mexicanos Primero, disiente.
“Es la estrategia del terror, la intención de intimidar a los michoacanos, a aquellos que deseen realizar otro tipo de proyecto político, y finalmente de poner a la entidad contra la pared”, dice. “Cuando se busca mediante la inhibición del voto, cuando se busca oprimir mediante el castigo al disenso, estamos hablando de un régimen de excepción en el que no hay democracia. La violencia es un fantasma que va de la mano con el tema electoral.”
Los tres candidatos punteros al gobierno desligaron la política del asesinato. El énfasis de sus declaraciones estuvo más bien en el pasado turbulento de Hernández, apodado el Lanzallamas.
Cocoa Calderón lo resumió de la siguiente manera: “El asesinato de un candidato que tenía una historia complicada”.
En 2011, Cocoa obtuvo 604 000 votos, la mayor cantidad emitida en Michoacán para un candidato del PAN. Fue insuficiente ante los 651 000 de Fausto Vallejo, pero superior a los 575 000 obtenidos por Aureoles. Vallejo significó el retorno del PRI al gobierno estatal, perdido en el umbral del nuevo siglo. La entidad, para entonces, era un amasijo de funcionarios coludidos con la delincuencia organizada, empresarios secuestrados y extorsionados, ciudadanos empobrecidos sometidos por las muy particulares nociones de justicia de Los Caballeros Templarios.
Los grupos de autodefensa, como el que comandó el candidato de Yurécuaro, son quienes salvaron Michoacán, porque pusieron al gobierno contra la pared y a este no quedó más remedio que seguirlos, según Cocoa.
“A partir de allí es que cambian las cosas. Tuvimos, todos, mucha expectativa en que el gobierno federal ayudaría. Yo digo que esa es la parte en la que ayudó. Pero después ya fue regándola.”
Antes de que los cuerpos de autodefensa aparecieran en escena, la persecución de los líderes Templarios fue un suplicio para la población. Policías federales y militares fueron incapaces de distinguir entre criminales e inocentes, y cometieron violaciones graves a los derechos humanos, incluido asesinato, desaparición forzada y tortura. Fue la era de Felipe Calderón, el moreliano que, en palabras de Erick Avilés, de México Primero, “llegó en pleno desayuno a generar una escena de violencia”.
Su hermana ve las cosas de manera distinta. Ella sostiene que el expresidente hizo lo mejor para, primero, contener el crimen, luego transformar las instituciones y, finalmente, restablecer el tejido social. “Un Modelo Juárez que se aplica ya clarito en los polígonos vulnerables”, dice, refiriéndose a lo hecho por Calderón tras el avasallamiento de aquella ciudad fronteriza, a la que también ocupó con tropas federales.
Luisa María habla mostrando solvencia moral, sobre todo para señalar lo mal hecho y la podredumbre de los gobiernos locales. El eslogan de su campaña lo sintetiza perfecto: Ofrece “Un gobierno de verdad”. No es la única, sin embargo, en tener el diagnóstico y solución puntuales para Michoacán. Los otros dos candidatos se conducen con la misma idea en su mensaje comercial. Silvano Aureoles: “Un nuevo comienzo”, Chon Orihuela: “Poniendo orden”.
Ninguno de los tres, lo dicen ellos mismos, se salva.