El brutal ataque de policías de Iguala contra los jóvenes la noche del 26 de septiembre estremeció dentro y fuera de México y generó una ola de protestas como ninguna otra de las atrocidades cometidas en el marco de la llamada “guerra contra el narcotráfico”.
Los familiares encabezaron contundentes protestas en Guerrero y, cada día 26, se han desplazado a la capital, donde miles de personas inundaban las calles para exigir al gobierno de Enrique Peña Nieto que buscara a los jóvenes y castigara a todos los culpables.
Sin embargo, con el paso de los meses, la desesperación de los padres y su desconfianza hacia el gobierno fue en aumento, mientras el crimen perdió espacios en la prensa y cayó la participación en las marchas.
Este domingo, los familiares, que también han llevado sus protestas a Estados Unidos y Europa, prefirieron convocar en la capital a una jornada artística y cultural llamada “Voces por Ayotzinapa”, en la que habrá breves pronunciamientos de defensores de derechos humanos e intervenciones de música, danza y poesía.
“Es natural que un movimiento con esa intensidad, conforme va pasando el tiempo, se vaya agotando, debilitando. Tuvo su momento álgido y la gente se empieza a cansar, empiezan a tener otras cosas (que atender), salen otros temas” de violencia, explica a la AFP el analista político José Antonio Crespo, del prestigioso Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Para la investigadora Layda Negrete, uno de los factores que debilitó la protesta es que no se identificó un “siguiente paso que sea razonable y lograble”.
“Esa falta de claridad en términos de las metas a corto, mediano y largo plazo es lo que hace muy difícil el movimiento”, señala la coproductora del multipremiado documental “Presunto culpable”, que exhibió los graves problemas de justicia en México.