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La transformación del voto rosa
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La transformación del voto rosa

No todo es color de rosa cuando se trata de diversidad. Hay una cantidad desconocida de personas viviendo desde hace mucho en las sombras.

Avenamar Moreno Jiménez es una mujer trans que no está dispuesta a aceptar la discriminación contra su comunidad en México.

Esa discriminación incluye no solo violencia en las calles. También acoso en las casillas electorales.

Para evitar esto último el Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó un protocolo que garantiza el voto a todas las personas sin importar que su apariencia no coincida con la información de su credencial.

En Baja California les han pedido a las mujeres trans que se desmaquillen para la fotografía de su identificación oficial.

Ahora el protocolo prohíbe “miradas detenidas e incómodas, preguntas impertinentes sobre sus características físicas o apariencia, gestos y comentarios denigrantes y estereotipados”.

Ese trato en una casilla resulta para Avenamar un “problemita, pero leve”.

Pero la autoridad electoral lo considera tan serio que ordena a cualquier persona autorizada para estar en casillas que llame a los ciudadanos por sus apellidos y no por sus nombres, a menos que haya apellidos repetidos.

Además deberá haber carteles sobre igualdad y un espacio para orientación y quejas de cualquier persona de un grupo vulnerable.

Es fácil entender por qué Avenamar lo valora, aunque no le parezca apremiante. Como parte de la diversa comunidad LGBTI, seguido padecen cosas peores.

A los 16 años el rechazo por ser una joven trans la sacó de la escuela y de su natal Mazatlán. Vino a trabajar a Tijuana para mantener a su familia.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el “Protocolo para adoptar medidas para garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana”. Ilustración: INE

Apenas llegaba cuando bajando del transporte público vió que aquí tampoco sería sencillo.

“No caminé ni cinco metros cuando me paró la policía. Tantas groserías. Me golpearon, me cachetearon”, recuerda.

Allí empezó una batalla por igualdad y respeto que casi la lleva al cementerio. Hace un par de años la hirieron por la espalda con un picahielo.

Ni la policía, el hospital general o los paramédicos la auxiliaron.

“No me quisieron trasladar por ser transexual, no por otra cosa. Porque llegaron y en vez de verme se burlaron. Ellos estaban agarrando su ‘cotorreo’”, afirma.

Pese a todo sonríe. Acomoda su cabellera rubia con la mano y habla de los problemas que enfrenta su comunidad, aunque reconoce avances.

“Somos la minoría, que para mí esa palabra no debería de existir”. Es representante y defensora de mujeres trans que trabajan en la zona de tolerancia. Están lejos de las calles donde entre música y luces neón de los bares, decenas de mujeres ofrecen sus servicios sexuales.

Pero la comunidad trans es diversa.

Rubí Juárez es de las primeras residentes de Baja California que rectificó su acta de nacimiento.

“De día no ves a tantas personas trans como en la noche, ¿por qué?, porque están condicionadas a: ‘salgo de noche cuando no doy vergüenza, cuando no me están viendo, cuando puedo pasar desapercibida”, menciona.

Tiene el cabello largo y chino, la piel morena y la voz delgada. También inició su transición en la adolescencia.

“En mis tiempos todavía no era un término conocido […] no podías andar por la calle diciendo: soy transgénero”.

Está casada. Dirige el Centro de Atención Integral para Personas Trans en Tijuana, pero carece de un reconocimiento pleno de su identidad.

Tiene acta de nacimiento, credencial de elector y pasaporte como Rubí, pero Veracruz, su estado natal, se niega a resguardar su primer acta. Por eso tiene dos Claves Únicas de Registro de Población (CURP).

“Si yo usara mi identidad anterior estaría cometiendo un delito, porque yo sí sé que lo hice”, comenta.

Al mismo tiempo cuestiona que la autoridad no cometa una falta al no reconocerla.

El sistema educativo tampoco valida sus estudios en ingeniería industrial y diseño de modas porque tienen su nombre anterior.

Ese impasse al conseguir acta nueva, rectificando nombre y género, desanima a algunas personas trans a realizar el trámite.

Luisa Rebeca Garza López es vocal de capacitación electoral y educación cívica de la junta local del INE en Oaxaca. Fue la primera mujer trans que se desarrolló en ese espacio. Foto: Newsweek en Español Baja California

Avenamar no está interesada, pero las más jóvenes consideran que pueden evitar abusos y recibir un mejor trato. Algunas tienen nueva credencial pero no les garantiza el respeto.

“Mi segundo nombre es como me presento, y es mi nombre de nacimiento. Siempre me he sentido cómoda como soy, y si me siento cómoda como soy también me voy a sentir cómoda como me llamo. Si a la gente no le gusta o no le parece, a mí me da igual”, subraya.

Esta será la primera vez en México que la comunidad trans (travestis, transexuales y transgénero), tendrá garantías explícitas para votar.

El “Protocolo para adoptar medidas para garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana”, fue aplaudido por activistas, aunque es apenas una batalla. Independientemente de su enorme título, la exigencia viene desde las elecciones locales entre el 2012 y el 2015.

Avenamar vota intermitentemente desde los 20 años de edad. Como muchos mexicanos, está molesta por el rumbo del país.

También es renuente a participar en el proceso electoral. Hace tiempo fue elegida presidenta de casilla, pero declinó.

Rubí Juárez también vota; incluso antes de que rectificara acta y credencial. Cree que fue así porque en su casilla la conocían de capacitaciones previas que les dio. Pero sabe que el voto trans todavía enfrenta resistencias.

“Entramos en el tema de prejuicios y el criterio personal de cada funcionario de casilla. El problema en la jornada electoral es que, si vas y votas, pareces María pero tu credencial dice Pedro, está a discreción del funcionario o funcionaria que te haya tocado si te cree o no que tú eres”.

Ahora falta informar a la población sobre las personas trans. Un concepto distinto a la comunidad homosexual que tiene relativa aceptación social.

“Los derechos que hoy por hoy tiene la población gay, incluido el matrimonio igualitario, el pago en cuanto a víctimas, a personas que han dejado la vida en eso, ha sido de personas trans, no de personas gay”, asegura Rubí.

El mismo protocolo fue una batalla. Pese al trabajo con asociaciones civiles, organismos contra la discriminación y especialistas, el pasado 18 de diciembre los consejeros electorales preveían aprobar lineamientos que habrían afectado a hombres y mujeres trans.

La Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), anunció que abrió una queja de oficio.

También emitió “medidas cautelares para que el INE evitara aprobar un protocolo que ordenaría a las personas funcionarias de casilla impedir sufragar a quienes no actualizaron su credencial para votar con una fotografía correspondiente a su identidad de género”.

Rubí participó en los primeros trabajos para el protocolo con Luisa Rebeca Garza López, vocal de capacitación electoral y educación cívica de la junta local del INE en Oaxaca.

Ambas trabajaron en Baja California, logrando que el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), permitiera a las personas trans fotografiarse para la credencial con su apariencia diaria.

“Te quedabas pelona de las cejas, hasta parecía que tenías alguna enfermedad, porque a veces una se las depila. Te hacían que te quitaras el rímel, si traías una blusa te prestaban una camiseta blanca o tapada del cuello para que no te vieras femenina”, recuerda Avenamar.

La comunidad trans va abriendo camino en la misma institución.

Con 16 años en el Servicio Profesional Electoral, Rebeca es la primera mujer trans que se desarrolló ahí.

Trabajó en la creación del Protocolo para la transición y no discriminación de personas trans que laboran en el instituto, aprobado en 2010.

En esta elección de 2018, la comunidad trans (travestis, transexuales y transgénero), tendrá garantías explícitas para votar por primera vez en México. Foto: Newsweek en Español Baja California

“Era un protocolo más de avanzada, pero cuando hubo el cambio de Consejo General, dejaron de incorporarme y aprobaron un documento que realmente no protege”, lamenta.

Recientemente la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE retomó aquel trabajo y espera que ahora sí cumpla su objetivo.

Para actualizar la credencial hay que obtener el acta nueva. Antes era necesario un amparo, pero desde 2015 es un trámite administrativo que cuesta menos de $100 pesos.

Aunque las limitaciones económicas de un sector con alto desempleo o en la informalidad, no son el único obstáculo.

Su nivel de escolaridad es mayormente bajo porque la violencia las lleva a dejar los estudios.

“Hay barreras económicas, y ya no hablemos de clases sociales y de origen étnico […] hacer este trámite sí implica tener ciertos privilegios de clase”, apunta Rebeca.

Por lo demás solo hay que presentar credencial de elector vigente con domicilio en la Ciudad de México, acta de nacimiento con antigüedad no mayor a tres meses, comprobante de residencia y llenar un sencillo formato. El acta está lista en menos de un mes y rectificar los datos en el INE es fácil.

La vía judicial tenía ventajas. Con el mandato de un juez en la mano, las dependencias gubernamentales tenían que reconocer la rectificación en sus documentos. Ahora queda a criterio de los estados.

Rebeca dice que solo tres reconocen la identidad de género: Ciudad de México, Nayarit y Michoacán. Del resto, la mayoría de registros civiles niegan el resguardo de la primer acta, como sucede con Rubí.

“Por una parte no hay leyes que nos permitan en casi todo el país rectificar nuestros documentos oficiales, y por otra parte hay prejuicios. Cuando vamos a hacer un trámite, la gente nos mira feo, nos dice que nosotros no somos”, cuenta Rebeca.

El protocolo aprobado beneficia a las personas trans del país que por falta de recursos o por omisión legislativa de sus estados no han rectificado documentos.

Como presidenta del centro de atención a personas trans, Rubí dice que recibió unas 80 quejas en elecciones.

“Conozco muchos casos de personas que no las han dejado votar, o que no han querido, o se han tenido que pelear con los funcionarios”, platica.

A ella su posición socioeconómica, estudios y activismo, le ayudan a reducir su vulnerabilidad en la vida diaria y en las casillas.

Pero en un sistema electoral donde los competidores tienden a violar las reglas, un argumento contra el voto trans es que una persona puede votar dos veces con la misma credencial.

La capacitadora del INE en Oaxaca responde que como sucede con cualquier ciudadano, la credencial será verificada en el registro nominal y marcada después del sufragio. El dedo pulgar de la persona trans también será manchado con tinta indeleble.

Comparte la preocupación de Rubí sobre prejuicios de los funcionarios de casilla, los representantes de los partidos y del electorado.

Dice que una campaña de difusión del INE ayudará a contrarrestarlos.

“Creo que sería la primera campaña a nivel nacional que habla sobre la existencia de las personas trans. De entrada, es un avance histórico”, recalca.

La capacitación incluirá un tríptico informativo para los ciudadanos seleccionados como funcionarios de casilla, y habrá un simulacro de voto trans.

Los supervisores y capacitadores asistentes electorales atenderán dudas y orientarán a los funcionarios de casilla el primero de julio.

Pero los nuevos criterios no parecen claros en el INE de Baja California.

“La persona que se presenta a votar, la apariencia es poco diferente, pero los rasgos, esos no se pueden cambiar, se verá que es la misma persona” (sic), responde Jorge Calderón León, vocal del registro federal de electores en B.C.

Afirma que cualquier incidente será registrado en las observaciones generales y turnado a la autoridad correspondiente.

Pero asegura que no se impedirá el voto de ninguna persona.

“Es algo muy complejo todo este trabajo, y por supuesto que en su momento se tendrá a quiénes acudir, si se requiere una mayor información”, admite.

El protocolo pide a autoridades electorales aliarse con organizaciones civiles para reforzar capacitaciones e informar sobre el protocolo.

Por otro lado, el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), dice que atenderán si hay solicitud de apoyo.

Rubí Juárez considera imposible que la información llegue a tiempo a los funcionarios de casilla, aunque confía en que las personas trans votarán.

Sin cifras oficiales calcula que se trata de menos del 1% de los votantes del país.

“Es un tema de derechos humanos, pero no un número significativo”, asienta.

Aplaude que alcancen espacios como las secretarías de diversidad en los partidos políticos, pero considera que les abren la puerta por obligación o conveniencia.

En los últimos años el voto de los homosexuales fue llamado “voto rosa”, pero el espectro es mucho más amplio. El reconocimiento que van obteniendo las personas trans es un paso, pero el camino es todavía largo.

“El tema trans es un tema de moda especialmente en las jornadas electorales, donde dicen: ‘estoy tomando a las víctimas más rechazadas y las voy a proteger. Como aspirante a esto te prometo que ya no te van a matar, ya no te van a golpear, te van a dar tu credencial, vas a poder entrar a donde quieras’. Están utilizando ese tema como botín político”, dice Rubí.

En democracia, a toda persona se le debe respetar su elección.

Lo que busca la autoridad es la participación equitativa de los ciudadanos y no la promoción de preferencia alguna.

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