—¿Por qué este caso es especialmente relevante para el sistema interamericano de derechos humanos?
—Este caso es especialmente relevante por diversos fenómenos: primero por el carácter emblemático respecto de violencia contra las mujeres y, al respecto, este caso va a ayudar a generar una jurisprudencia importante en el sistema interamericano de cómo evitar que se repitan y reproduzcan casos de violencia contra las mujeres.
“Tiene que ver también con los operadores de la seguridad pública, hasta [los] operadores de justicia. Es decir, no puede darse el caso aquel que no se entienda que los integrantes de la policía, o cuerpos de seguridad, no pueden abusar sexualmente de las mujeres, no pueden manosearlas, no pueden referirse a ellas de manera despectiva, no pueden introducir macanas en sus genitales, no pueden generar una aproximación física incluso como un ejercicio de administración de venganza. No les toca a los policías maltratar a una persona detenida, no les toca vejar. También les toca a los operadores de justicia impedir que eso pase; es decir, no pueden ser omisos ante ese tipo de circunstancias, y si ocurren, les toca investigar qué sucedió y no generar una condición de protección de los abusos. No les toca revictimizar, porque cuando eso sucede y las víctimas no encuentran justicia en el país, la van a buscar fuera de México. Este es el caso”.
—¿Qué otros elementos le darían el carácter de emblemático?
—Es indudable que el carácter simbólico de este caso refiere a quien estaba como gobernador del Estado de México en ese entonces. Hoy Enrique Peña Nieto es el presidente de la república. Eso no lo exime de su responsabilidad, por el contrario, él siendo candidato a la presidencia, en la Universidad Iberoamericana, en un acto en el que se le increpa, asume plenamente la responsabilidad; él dice, y así está en los videos, le dio el síndrome de Díaz Ordaz y dijo: yo soy el responsable.
—¿Es una prueba en este caso?
—Puede ser, porque es público, él lo declaró. Así que este caso es emblemático también porque involucra al presidente, y porque pone en evidencia un caso que fue de enorme controversia, que fue el caso del aeropuerto. No es ajeno al debate público que apreciara que ese operativo tuvo un componente de administración de venganza. El nivel de violencia o de uso de la fuerza o de abuso de la fuerza pone en evidencia una sobredimensión. Aunque en la Corte Interamericana no se discute todo el caso, lo que se está discutiendo es la violencia y el abuso sexual que vivieron varias mujeres en esos incidentes, y tiene que ver no solo con quien operó, sino con quién decidió. Es un elemento distinto de autoridad: responsabilidad activa, responsabilidad pasiva, aquellas cosas que tienen que ver con quién hace y quién decide, con los tramos de control. Son distintos niveles de responsabilidad, y la jurisprudencia interamericana ya aproxima eso de manera diferenciada, pero no deja de ser menor que quien es hoy titular del Ejecutivo federal, quien es hoy el presidente de la república, esté ante instancias internacionales. Es poco usual. Esto hace también paradigmático el caso, por supuesto.
ESTUDIANTE de la carrera de Ciencias Políticas, de 23 años,
Patricia Torres Linares fue una de las víctimas del Estado mexicano. FOTO: LEO
CASAS
—¿En que podría derivar una sentencia de la corte?
—Generalmente, cuando hay una sentencia en la corte lo que se discute es una sentencia en materia de responsabilidad internacional del Estado. La corte ha dictado unas 230 sentencias de distintos países, y en ellas se establecen temas que tienen que ver, por ejemplo, con la reparación del daño. Acciones de restitución relacionadas con la honra o dignidad de las víctimas, donde se solicitan procesos de capacitación, de formación. O, por ejemplo, se erigen memoriales a las víctimas o se les ponen placas de identificación en las aulas de capacitación de los policías, para que los policías, cada que se formen, vean que esas cosas tienen que estar presentes.
“El sistema interamericano lo que busca es que de un caso se atienda la causa, incluso que lo que pasa en este país pueda servir de ejemplo para otros países, donde se crea una jurisprudencia. Algunos casos se tienen que trabajar con los traumas o secuelas que quedan a las víctimas, según la naturaleza del caso, y si hay consecuencias físicas, afectaciones psicológicas, ausencias permanentes, afectaciones al plan de vida.
“En materia sicológica, económica o social, para que la afectación al plan de vida se vea disminuido, [se ordena] que a la víctima se le atienda en la integridad de la afectación, se le pueda reparar el daño cuando este sea posible, se le puedan restituir los derechos, se busque la no repetición y se trabaje con la justicia. Esos estándares en la convicción de la corte son los que podrían estar en discusión en el caso Atenco, que se conoce como Mariana Selvas Gómez y otras contra México.
DELITOS DE LESA HUMANIDAD
Emilio Álvarez Icaza, quien además de haberse desempeñado como secretario general de la CIDH tiene una larga y destacada trayectoria en materia de derechos humanos, considera que la tortura sexual contra las mujeres detenidas en el Estado de México en mayo de 2006, son delitos de lesa humanidad.
En su interpretación del caso, explica:
“El concepto de violaciones de lesa humanidad es un concepto que ayuda a entender esta situación: en la Francia de los reyes se utilizaba el concepto ‘los delitos que avergüenzan al rey’, eran delitos tan graves, tan abominables, que avergonzaban al rey. La Revolución francesa y el derecho moderno retoma ese concepto de lesa humanidad. Los delitos que por su gravedad o por la manera en que se comenten nos avergüenzan. Y estos son hechos que como país nos deberían avergonzar”.
—¿Estos son delitos de lesa humanidad?
—En este caso hay una discusión técnica porque se dice que los delitos de lesa humanidad son aquellos como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura. No hay propiamente una interpretación técnica de que la violencia sexual es un delito de lesa humanidad, pero hay quien sí lo considera.
—¿Usted cómo lo considera?
—Yo sí considero que la violencia sexual es un delito que debería avergonzarnos. Pero eso es una discusión que la Corte tendrá que decir. Yo creo que sí: la violencia sexual contra las mujeres como se utiliza en las guerras, la violencia contra las mujeres como se utiliza en los conflictos, es algo que debería avergonzar, y han evolucionado los derechos humanos para entender que la violencia contra las mujeres es un delito de lesa humanidad. Así pasó en casos como Yugoslavia, en casos como Ruanda o en casos particulares en Centroamérica, porque el cuerpo de la mujer se entiende como campo de batalla. Sin ser un contexto igual para nada, no es el caso, hay que decirlo en equilibrio, no es el caso de ninguno de los ejemplos que he dado, pero lo que sí pasó fue que el cuerpo de esas mujeres fue utilizado como símbolo de la administración de la venganza. Es el símbolo de la venganza de la represión, del abuso, y lo que ha pasado en el derecho internacional es entender cuando el cuerpo de la mujer se utiliza como parte de la confrontación o campo de batalla. Eso pasó en Atenco: el cuerpo de la mujer fue parte del instrumento de la venganza, y me parece que eso es inaceptable, y esos son los delitos que nos avergüenzan y debemos tomar como país medidas para que eso no se repita, y acudir a las instancias internacionales que le brindan a este país una posibilidad de mejorar su aparato de justicia. Sobre todo, para que no haya otras personas y otras mujeres que vivan ese tipo de experiencias traumáticas a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
—¿Una posible sentencia en contra de México, en términos políticos, qué efecto podría tener para el gobierno de Peña?
—Indudablemente, una sentencia en materia de derechos humanos siempre tiene un impacto. Cuando un organismo en materia de derechos humanos se pronuncia, tiene un peso específico. Es de tal magnitud que no solo se preocupan por las sentencias, se preocupan por los comunicados de prensa. Lo que les importa es la imagen. Lamentablemente, no les importan las víctimas. Lo que uno espera de un gobernante de talento y talante democrático es que encabece la indignación cuando hay una violación. Cuando estos gobernantes encabezan la negación, el problema se hace mayor.
Al respecto, agrega: “Si hay una sentencia condenatoria, indudablemente va a tener que darse un proceso de revisión en México de qué pasó y por qué pasó. Y que indudablemente va a tener un impacto jurídico, por supuesto que sí. Será un tema de debate jurídico y político muy importante. Habrá necesidad de que haya acciones en la justicia mexicana, por supuesto. Las sentencias en la corte refieren a acciones en las instancias nacionales y habrá que ver en su caso cómo se puede generar una acción de cumplimiento de la sentencia. ¿Puede tener un impacto directo? Sí lo puede tener, no sé cuándo sería, pero lo que tocaría es que los gobernantes, cuando hay un señalamiento de responsabilidad del Estado, asuman la responsabilidad. Pero lo que ha venido pasado en los últimos tiempos con la administración de Enrique Peña Nieto es que, en vez de asimilar y reconocer, insultan al mensajero, a los relatores; descalifican, dicen: ‘no hay tortura’, ‘no hay desapariciones’. Han llegado al extremo de decir que en México no hay desaparecidos, cuando hay tantas mamás buscando. Así es el tamaño del cinismo”.
Emilio Álvarez Icaza considera que el caso de tortura sexual en Atenco, que hoy se discute en la CIDH, es clave “para entender uno de los temas críticos de la agenda, que es la violencia contra las mujeres que se vive en el país”.
Así, refiere, “en una parte importante del país hay agendas de género, alertas de género; en una parte importante estamos viendo casos de muchachas que por el solo hecho de tomar un transporte terminan en un barranco sin vida. En el Estado de México estamos viendo problemas severos en alerta de género, como en otros lugares. Este tipo de casos nos pueden ayudar a construir mejores mecanismos de protección a las mujeres. Lo que tenemos que entender es que es el reflejo de una situación estructural, y una parte muy importante de las mujeres de este país viven hechos de violencia; una parte muy importante de las mujeres de este país han sido víctimas de violencia física y sexual; una parte muy importante de las mujeres de este país tienen que escoger cómo se van a vestir en función del transporte que van a utilizar; si van a utilizar un transporte público tienen que vestirse de cierta manera para defenderse y protegerse y moverse rápido. Eso no es aceptable.
“No es aceptable que sigamos teniendo condiciones donde las mujeres tengan que autoprotegerse, y encima las ofenden, encima les dicen ‘mira cómo se viste’, ‘mira cómo actúa’, y cuando las asesinan hurgan sobre su vida privada, como si ellas fueran las responsables de su muerte. México es todavía uno de los países más atrasados en la protección y entendimiento de los derechos de las mujeres, y este caso nos puede ayudar a avanzar un poquito más rápido en algo que no es aceptable, de ninguna manera: la violencia contra las mujeres”.
LEE ADEMÁS EL REPORTAJE: CASO ATENCO: LA JUSTICIA INTERNACIONAL ALCANZA A MÉXICO:
En 2006, Enrique Peña Nieto ordenó el uso de la fuerza pública para disolver a manifestantes que se oponían a la construcción de un aeropuerto. Medio centenar de mujeres detenidas sufrieron ataques sexuales y golpes a manos de la policía. La demanda, emprendida por 11 de ellas, podría resolverse en marzo en la Corte Interamericana.
