LA
EMPRESARIA moscovita Elmira Shagiakhmetova jamás había
participado en una protesta. Pero el 14 de mayo, como decenas de miles de rusos
de clase media, salió a las calles para defender algo atesorado: su hogar.
Las autoridades de Moscú pretenden demoler al menos 5,000
bloques de apartamentos y reubicar a cerca de un millón de personas en torres
residenciales de varios pisos. Se trata de uno de los programas de
reasentamiento más grandes que jamás haya visto el mundo. Bajo la legislación
propuesta por Sergei Sobyanin –alcalde moscovita y miembro de Rusia Unida, el
partido del presidente Vladimir Putin-, los residentes de los edificios
señalados para demolición no podrán elegir sus nuevos apartamentos y, si no
acceden a mudarse, tendrán que comparecer en la corte.
Los críticos dicen que el inminente programa tiene
implicaciones perturbadoras para el futuro del derecho de propiedad en Rusia,
amén de que ha desatado la ira general. “¿Por qué demonios querría mudarme del
hogar donde he pasado toda mi vida para ir al piso 22 de un hormiguero infernal
y mal construido?”, protesta Shagiakhmetova, quien vive en un bloque de
apartamentos bien edificado, relativamente cerca del emblemático Parque Gorki
de Moscú.
Muchos residentes moscovitas también están preocupados
porque la legislación permite que los urbanizadores evadan reglamentos que
rigen los estándares de seguridad y ecológicos para edificios residenciales.
Además, permitiría que las autoridades declaren distritos enteros como “zonas
de renovación”, donde cualquier edificio sería susceptible de demolición. Por
último, muchos temen que puedan reubicarlos en áreas muy apartadas del
transporte público.
Sobyanin dice que las demoliciones son necesarias para
actualizar el inventario de viviendas de Moscú, pero los residentes quejosos
alegan que la medida tiene el único propósito de enriquecer a urbanizadores
vinculados con el gobierno y a funcionarios corruptos de la ciudad. Por
supuesto, las autoridades descartan esas acusaciones.
“¡Esta ley es un crimen!”, gritó un anciano durante una
reunión pública entre funcionarios de la ciudad y cientos de residentes del
centro de Moscú, el 15 pasado de mayo. Los asistentes ignoraron peticiones de
los funcionarios de mantener la calma. “¡No te atrevas a decir que me calle!”,
gritó una mujer de mediana edad, lo que arrancó vítores a la multitud.
Putin y Sobyanin se reelegirán el año próximo, y el programa
de reasentamiento, que sus opositores han apodado “programa de deportación”,
podría ser un problema para los dos políticos. En las elecciones de 2012 Putin
solo recibió 47 por ciento de los votos de Moscú, baluarte tradicional de la
oposición y su peor resultado en el orden nacional. Cuando fue electo alcalde,
en 2013, Sobyanin evitó, a duras penas, una segunda ronda contra el líder
opositor, Alexei Navalny, pues circularon alegatos de que los funcionarios
electorales habían arreglado la votación a su favor.
El 14 de mayo, unas 30,000 personas marcharon por el centro
de Moscú protestando contra la legislación propuesta, y muchos de ellos
exigieron la renuncia de Sobyanin. A diferencia de protestas anteriores en la
capital rusa, la multitud incluyó gran cantidad de personas mayores, así como
familias con niños pequeños. “Nunca habría creído que participaría en una
marcha de protesta, pero el programa de demolición es una vergüenza”, dijo
Pavel, un joven corpulento con el brazo tatuado, quien se negó a dar su
apellido, aunque afirmó trabajar para “el Estado”.
Hasta ahora, los opositores de la legislación han rechazado
una alianza oficial con el movimiento ruso anti-Putin, y la policía antimotines
retiró por la fuerza a Navalny, líder de la oposición, junto con su esposa,
Yulia, y su hijo menor, quienes participaron en la manifestación del 14 de
mayo. No obstante, los analistas afirman que las autoridades están preocupadas,
ya que la ira general por el proyecto de demoliciones está radicalizando a un
gran número de rusos hasta ahora políticamente apáticos. “En este momento, mi
participación política ha aumentado de cero al máximo”, confiesa la empresaria
Shagiakhmetova. “Me avergüenzo de no haber protestado antes contra la
corrupción. Pero ahora veo que, en nuestro país, todo se basa en mentiras,
desde la televisión estatal hasta los más altos niveles de gobierno”.
PARAÍSO PERDIDO: Muchos bloques de apartamentos programados
para demolición datan de la década de 1950. Aunque algunos fueron construidos
con materiales baratos, otros fueron diseñados para resistir hasta 150 años y
siguen en buenas condiciones. FOTO: SERGEI KARPUKHIN/REUTERS
Hasta el momento, la oposición a la legislación ha sido
impulsada, mayormente, por las mujeres, algo inusual en la sociedad rusa,
dominada por los hombres. “Hasta que anunciaron este programa, no me
interesaban los asuntos políticos o sociales”, comenta Kari Guggenberger,
especialista en TI, quien fue una de las organizadoras de la protesta del 14 de
mayo. “Dedicaba el tiempo a mis aficiones, a mis intereses personales. Pero
esta amenaza para mi hogar, la cosa más preciosa que poseo, ha alterado mi
visión del mundo, completamente”.
“¡TODO EL APARTAMENTO ES NUESTRO!”
La mayoría de las unidades programadas para demolición datan
de la década de 1950, cuando el líder soviético, Nikita Kruschev, ordenó un
proyecto de construcción colosal que, por primera vez, proporcionaría
apartamentos propios a millones de rusos. Para los ciudadanos soviéticos que crecieron
en hogares comunitarios repletos de gente, con baños y cocinas compartidos,
aquel proyecto fue maravilloso. “¡Todo el apartamento es nuestro, nuestro! ¡La
cocina también es nuestra, nuestra! ¡Nuestras ventanas y nuestras puertas! ¡No
puedo creer lo que veo!”, cantaban los extasiados personajes principales de un
musical soviético de 1962, mientras se maravillaban de su nuevo hogar.
Aunque muchos apartamentos de la primera oleada –que los
rusos llamaron Khrushchevki- fueron construidos con materiales baratos y
diseñados para durar apenas 25 años, otros fueron edificados con más solidez y
diseñados para resistir hasta 150 años. De hecho, miles de bloques de los
apartamentos que las autoridades quieren demoler fueron edificados con ladrillo
y hormigón, y siguen en buenas condiciones.
“El alcalde no ha proporcionado suficientes evidencias de
que todos o siquiera una cantidad significativa de esos bloques de apartamentos
de cinco pisos se encuentran deteriorados o en condiciones peligrosas”, dijo
Yury Yekhin, destacado miembro del Sindicato de Arquitectos, entrevistado en
mayo por la prensa rusa. De manera paradójica, algunos edificios residenciales
que el Ayuntamiento considera peligrosos, oficialmente, no están incluidos en
la lista de bloques a demoler.
Las autoridades se han dado prisa para aplacar las
inquietudes de los residentes. El Parlamento ha postergado hasta julio la
segunda lectura de la legislación, prevista originalmente para fines de mayo.
Putin, quien ha manifestado su apoyo público para la legislación, también
parece preocupado por la fuerza del movimiento popular contra el proyecto. El 4
de mayo dijo: “No se debe obligar a la gente a nada, y sus derechos deben
respetarse plenamente”. Más tarde, el Ayuntamiento de Moscú prometió que ningún
edificio de apartamentos sería demolido a menos de que la mayoría de los
residentes estuviera a favor, y montó un sistema de votación electrónica.
Sin embargo, los críticos aseguran que las autoridades
manipularán fácilmente la votación. Bajo las reglas que la rigen, quien no se
registre y vote contará como una boleta a favor del proyecto de demolición. El
15 de mayo, fuentes oficiales informaron que 20,000 personas ya habían votado,
y que ninguna se oponía al proyecto; un anuncio que causó burlas de todos los
críticos del proyecto. “Las autoridades están volviendo al pueblo en su
contra”, afirmó Vladimir Krasilnikov, un experiodista de 69 años, durante una
entrevista en el apartamento del norte de Moscú que sido el hogar de tres
generaciones de su familia.
Krasilnikov pasó 15 años recorriendo Rusia y el mundo con
Putin como parte del equipo de prensa del Kremlin. Compró el apartamento de
tres habitaciones en el año 2000, después de que el canal de televisión NTV le
otorgara un préstamo sin intereses como compensación por las lesiones sufridas
mientras cubría la primera guerra de Chechenia. “Podrías decir que este
apartamento me costó sangre”, dice. “Me siento insultado, personalmente, por el
hecho de que las autoridades quieran quitármelo”.
El bloque de apartamentos de Shagiakhmetova no estaba
incluido en la lista preliminar de edificios que caerían en la primera oleada
de demoliciones. Pero aún teme por el futuro de su hogar y desconfía
profundamente del Ayuntamiento. “Nos están reservando para el postre. Pero…
aquí seguiré, hasta que lleguen los buldóceres”.
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Publicado en cooperación con Newsweek / Published in
cooperation with Newsweek