Felipe Flores, exsecretario de Seguridad Pública de Iguala, Guerrero, y uno de los hombres más buscado en México por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fue detenido la mañana de este viernes por elementos de la Policía Federal de México tras 2 años haber logrado evadir a las autoridades.
“Encabezados por la División de Inteligencia de Policía Federal, fuerzas federales detuvieron a Felipe Flores, en Iguala a las 7 am”, informó la Comisión Nacional de Seguridad en Twitter, sin dar más detalles.
Las autoridades mexicanas ofrecían por Flores una recompensa de unos 135,000 dólares. El exmando policial estaba al frente de la corporación de seguridad de Iguala cuando los 43 jóvenes desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014 en esa localidad.
Las investigaciones refieren que los uniformados que comandaba Flores estaban coludidos con el grupo criminal de los Guerreros Unidos, al cual los elementos policiales entregaron con vida a los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”.
La Procuradora General de México, Arely Gómez González, afirmó que esta detención “permitirá recabar una declaración fundamental para el esclarecimiento de los hechos” de un caso que ha perseguido al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto desde hace más de dos años.
La Procuraduría General de la República sostiene que los jóvenes desaparecieron tras ser atacados a tiros en Iguala por policías locales coludidos con sicarios del cártel local Guerreros Unidos. Las autoridades han dicho que el entonces alcalde de Iguala -y ahora detenido- José Luis Abarca dio la orden a los policías de confrontar a los jóvenes.
Posteriormente los estudiantes habrían sido entregados por policías a miembros de Guerreros Unidos, que los habrían asesinado e incinerado en un basurero de la cercana Cocula antes de arrojar sus restos a un río cercano, según la versión oficial que ha sido puesta en duda por un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A la fecha, sólo se han podido identificar plenamente los restos de uno de los estudiantes en los exámenes de ADN y la versión oficial fue rechazada por expertos independientes, quienes aseguran que no existe prueba científica de que los jóvenes hayan sido quemados en ese basurero.
Desde entonces, la PGR explora nuevas líneas de investigación.
Hasta ahora, más de 130 personas han sido arrestadas por este caso, incluyendo la esposa de Abarca, numerosos policías y presuntos miembros de Guerreros Unidos.
