Luego de los incendios e intervenciones denunciados en abril, el Juzgado Sexto de Distrito en Aguascalientes concedió la suspensión definitiva de toda actividad que implique deforestación o afectaciones ambientales en La Pona.

La resolución, obtenida tras un juicio de amparo promovido por la Alianza por la Defensa de la Naturaleza (ADN-A), Salvemos La Pona A.C., Conversa Sur A.C. y el Observatorio de Violencia Social y de Género A.C., obliga a autoridades de los tres niveles de gobierno a garantizar la protección del ecosistema hasta que se emita una sentencia definitiva.

“Esta resolución es una victoria jurídica y social. Es el reconocimiento de que La Pona no está sola, y de que la defensa del territorio desde la organización social tiene fuerza ante los tribunales”, declaró la asociación Salvemos La Pona A.C. en un comunicado.

En entrevista para Newsweek Aguascalientes, Alejandro Larios, abogado del colectivo Conversa Sur, explicó que esta suspensión abarca la totalidad del polígono conocido como La Pona, al tratarse de un suelo forestal en zona árida, protegido por legislación federal.

“Esto quiere decir que es una zona que mantiene sus condiciones naturales. No ha sido urbanizada ni modificada a fondo, y por lo tanto tiene una protección especial. La resolución impide que se realicen obras, talas o movimientos en la zona hasta que el juicio termine”, detalló.

Además, la resolución obliga a las autoridades locales, estatales y federales a mantener una vigilancia constante en la zona, y a aplicar todas las medidas preventivas y sancionatorias que correspondan en caso de detectar nuevas afectaciones o irregularidades.

“Las autoridades deben tomar medidas para proteger la flora y fauna, prevenir cualquier derrumbe o tala, y estar atentas ante cualquier intento de desarrollo inmobiliario. Deben actuar conforme a sus facultades y sancionar en caso necesario”, explicó el abogado.

Para Carla Escoffié, abogada especializada en derechos humanos y parte del equipo jurídico, esta suspensión no resuelve el juicio, pero representa un avance significativo.

“Cada vez hay más evidencia de que los actos que se pretendían ejecutar violan derechos fundamentales y no pueden permitirse mientras exista duda sobre su legalidad. Esta resolución permite proteger La Pona en lo que dura el juicio”, dijo en el comunicado.

Alejandro Larios subrayó que el juicio de amparo seguirá su curso en las próximas semanas o meses, en lo que el juzgado evalúa los argumentos de ambas partes. Mientras tanto, la zona permanecerá protegida de cualquier intervención que pueda afectarla.

“Creemos que esta resolución confirma que no es un capricho lo que denunciamos. Este es un logro no solo de las organizaciones, sino de toda la sociedad. La defensa de La Pona se hace desde los hechos y ahora también desde el Poder Judicial”, enfatizó.

Finalmente, el abogado hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse vigilante.

“Invitamos a la sociedad a seguir atenta y activa. Este fallo envía un mensaje claro: los ecosistemas urbanos no están desprotegidos frente al interés inmobiliario cuando la ciudadanía actúa”, concluyó.