BRUSELAS, Bélgica.- El Parlamento Europeo se
mostró dispuesto a apoyar las investigaciones que el Grupo Interdisciplinario
de Expertos Independientes (GIEI) ha realizado en México para conocer la verdad
sobre el destino de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro
Burgos de Ayotzinapa y que se castigue a los responsables.

Invitados por la
Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, dos de los cinco
miembros del GIEI, Claudia Paz y Paz y Carlos Beristáin, presentaron este
jueves en la sede comunitaria de esta ciudad el informe sobre las
desapariciones y homicidios de los normalistas en los hechos ocurridos entre el
26 y el 27 de septiembre de 2014 en el estado de Guerrero.

El objetivo de
esta presentación, la cual tuvo lugar apenas unas semanas después de que una comisión
de diputados europeos viajara a México para reunirse con autoridades mexicanas,
familiares de las víctimas y sobrevivientes de los acontecimientos, fue para
conocer las conclusiones a las que llegó el grupo de expertos nombrados por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su primer mandato
que transcurrió de marzo a septiembre de 2015.

La eurodiputada
italiana Giulia Moi, quien participó como parte de la comitiva que en febrero
pasado visitó México, expresó su apoyo al sostener que harán “todo lo que esté
en su alcance político para apoyar una investigación seria e independiente”.

Durante la
audiencia de la subcomisión, se mencionó la importancia de proteger al grupo de
expertos que están llevando a cabo las investigaciones de ataques y
descalificaciones sobre su proceder respecto a las investigaciones o, incluso,
sobre su pasado político.

Foto: Julio I. Godinez Hernández / NEWSWEEK EN ESPAÑOL

Ante
la presencia de eurodiputados de distintas facciones, principalmente del grupo
de los verdes, Carlos Beristáin expresó que para ellos como para el grupo lo
más importante del análisis realizado es la voz de las víctimas porque ellas
hablan del dolor de la desaparición forzada, las consecuencias de la pérdida
incierta y ambigua, así como de sus esperanzas de encontrarlos.

“El
informe puso de manifiesto que algunos elementos de lo que se llamó ‘verdad
histórica’ no tenían sustento en la investigación realizada –indicó Beristáin
durante su intervención ante el pleno–. El informe señaló, además, algunas
cosas que consideramos ya esclarecidas, que sí sucedieron. También sobre lo que
no hay pruebas que haya sucedido, y muestra también una zona gris que no
sabemos si son ciertas o no, que no se conocen y que deben de ser
investigadas”.

Entre
los hallazgos que el especialista presentó a los diputados se encuentran la
falta de evidencia de que los jóvenes hayan sido incinerados en el basurero de
Cocula, que los jóvenes hayan ido a Iguala el 26 de septiembre a boicotear un
acto político, que los normalistas hayan estado infiltrados por algún grupo del
crimen organizado y que las autoridades de Iguala sabían ese día que se trataba
de normalistas que iban a tomar autobuses para la marcha del 2 de octubre.

Beristáin
agregó que el GIEI “alertó desde el inicio que este caso es un caso de
desaparición forzada, de homicidios, de torturas, de lesiones, de uso excesivo
de la fuerza, de atentados contra la vida y amenazas, así como encubrimiento y
obstrucción a la justicia, abuso de autoridad que deben ser investigadas en
profundidad y no sólo como crimen organizado o como secuestro agravado, como
está consignado a los jueces”

Además,
como sostiene el reporte, apuntó que los ataques a los jóvenes ocurrieron en
nueve escenarios distintos con disparos de armas de fuego y violencia, en un
transcurso de cuatro y cinco horas con la participación de dos cuerpos
policiales distintos, la de Cocula y la de Iguala, y la probable participación
de agentes de otros cuerpos de seguridad que se encuentran investigando en una
segunda fase de su mandato que va de octubre de 2015 al próximo 30 de abril.