MADRID, España.— Cataluña ha dejado de ser una de las referencias de la prosperidad en España y se ha convertido en una región enemistada con el gobierno central y agobiada por la deuda pública, la cual a mediados de 2015 ascendió a 67 855 millones de euros.

Esta abultada cifra, que equivale al 33.9 por ciento del PIB regional, convierte a Cataluña en la Comunidad Autónoma más endeudada de España, luego de haber sido históricamente la vanguardia empresarial y cultural del país ibérico.

La grave crisis económica que arrastra España desde 2008 ha repercutido especialmente en la industrializada Cataluña, lo que ha llevado al gobierno regional (Generalitat) a apretarse el cinturón y a realizar severos reajustes en áreas tan sensibles como la sanidad y la educación con las consiguientes protestas populares.

La falta de reconocimiento como nación, la imposibilidad de mejorar su autogobierno y las nulas perspectivas de conseguir un mejor financiamiento han ido sembrando el descontento entre amplios sectores de la población que se han decantado finalmente por la independencia, luego de convencerse de que Cataluña funcionaría mejor separada de España.

Muchos catalanes, que se sienten identificados con las reivindicaciones nacionalistas de Escocia en Reino Unido o de Quebec en Canadá, no entienden las penurias que afectan a una región tradicionalmente rica, y consideran que aportan al gobierno español en materia de impuestos mucho más de lo que reciben.

En este panorama de creciente descontento, los políticos independentistas catalanes han reiterado que Cataluña, a pesar de su histórica contribución a la economía de España (20 por ciento), es el territorio que tiene menos dotación de infraestructura pública.

Realidades tan cotidianas y molestas como las frecuentes averías en la red ferroviaria del Estado o el hecho de que los catalanes tengan que pagar peaje obligatorio en muchas de sus autopistas al carecer de otras alternativas, mientras en la mayoría de las comunidades existen vías gratuitas que conviven con las de pago, ha ido reforzando el encono con la administración central y afianzando la idea de que Cataluña sufre un agravio comparativo respecto a la mayoría de las regiones españolas.

El progresivo deterioro de las relaciones entre el gobierno central y Cataluña ha provocado que en los últimos cinco años el sentimiento independentista haya aumentado exponencialmente del 15 al 45 por ciento, según retratan las encuestas.

SESIÓN EN EL PARLAMENTO CATALÁN, en Barcelona, el pasado 9 de noviembre. Legisladores de Cataluña han iniciado oficialmente un proceso para separarse de España en el año los movimientos contra la independencia. FOTO: LLUIS GENE/AFP

“Los catalanes queremos dejar de ser españoles, estamos cansados, enfadados, decepcionados, y nos sentimos como extraños en un país donde una libertad básica como es el derecho a decidir se nos niega una y otra vez. Queremos otro tipo de sociedad, pero como esta es imposible en el seno de España, hemos optado por construirla por nuestra cuenta”, señala el arquitecto Xavier Pueyo, que en los últimos años ha terminado por simpatizar con la causa independentista ante la cerrazón de las autoridades de Madrid.

El empeoramiento definitivo de las relaciones entre Cataluña y el gobierno del Partido Popular (PP) comenzó a mediados de 2014, cuando el Tribunal Constitucional (TC) modificó el Estatuto de autonomía que había sido aprobado por el Parlamento catalán para rebajar las pretensiones de autogobierno regional, lo que favoreció todavía más el rebrote nacionalista.

La decisión del TC, que aceptaba la definición de Cataluña como nación al tiempo que negaba la validez jurídica de este concepto y limitaba las competencias del gobierno catalán en materia lingüística, fiscal y judicial, generó el rechazo de la gran mayoría de los partidos locales que habían votado a favor de la reforma estatutaria.

También dejó una sensación humillante en muchos catalanes que se sintieron menospreciados por el poder central, luego de que el Parlamento regional hubiera aprobado el reforzamiento de su identidad como pueblo y el acceso a un sistema fiscal más amable, similar al que tienen comunidades como Navarra y el País Vasco.

La respuesta del independentismo al fallo judicial no se hizo esperar. El presidente de Cataluña, Artur Mas, desafió al gobierno español de Mariano Rajoy con la convocatoria de un referendo de autodeterminación para que los catalanes se pronunciaran sobre su futuro político.

El reto de Mas, un político que desde el nacionalismo moderado de derechas ha ido radicalizándose hasta abrazar la causa de la independencia, fue calificado de anticonstitucional por el gobierno del derechista PP que impugnó la consulta ante el Alto Tribunal que la declaró ilegal.

PEDRO SÁNCHEZ, PABLO IGLESIAS Y ALBERT RIVERA se han planteado realizar un debate previo a las elecciones generales del 20 de diciembre. Los sondeos coinciden en que las elecciones serán reñidas y que ningún partido obtendrá una clara mayoría. FOTO: JAVIER SORIANO/AFP

Las diecisiete comunidades autónomas que integran el territorio ibérico cuentan con competencias importantes en materia económica y política, además de casi plena autonomía en materia educativa y sanitaria. Pero ninguna de ellas tiene facultades constitucionales para convocar un plebiscito de carácter soberanista, según la sentencia del TC.

En paralelo a la batalla judicial, el Parlamento español dominado por el PP frenó en seco el desafío soberanista al rechazar la transferencia de competencias a la Generalitat para que pudiera convocar la consulta.

A pesar de ello, con el apoyo de las fuerzas soberanistas, parte de la izquierda catalana y algunas organizaciones civiles, el presidente Mas impulsó el referendo que con carácter simbólico se llevó a cabo el 9 de noviembre de 2014 y en el que el sí a la independencia se impuso abrumadoramente en las urnas con más del 80 por ciento de los votos emitidos.

Concluido el proceso consultivo, la Fiscalía General del Estado presentó una querella contra el presidente de Cataluña y otros altos funcionarios, por la supuesta comisión de delitos de desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones en proceso participativo al haber concretado la realización de la ilegalizada consulta.

Los resultados de las elecciones regionales del pasado 27 de septiembre confirmaron la tendencia alcista del independentismo en una región que se siente maltratada, cuando no ninguneada por el gobierno central, y que desde hace siglos disfruta de una cultura diferenciada, con un idioma propio.

Pero las urnas no lograron despejar las principales incógnitas, ya que arrojaron un empate técnico entre los impulsores de la independencia y los partidos políticos que, tanto a escala regional como estatal, matizan o directamente rechazan la secesión de Cataluña.

La coalición independentista de Junts pel Sí, liderada por el presidente catalán en funciones e integrada por la derechista Convergencia i Unió (CiU), la izquierdista Esquerra Republicana (ER) y organizaciones civiles soberanistas, obtuvo la victoria con el 39. 5 por ciento de los votos.

Por su parte, la Candidatura de Unidad Popular (CUP), formación antisistema de carácter independentista, logró el 8.2 por ciento de los sufragios.

Los partidos favorables a la secesión obtuvieron casi el 48 por ciento de los apoyos en las urnas, lo que se tradujo en una clara mayoría en el Parlamento regional. Entre Junts pel Sí y la CUP suman 72 diputados, cuatro por encima de la mayoría absoluta.

Sin embargo, el candidato de Junts pel Sí no cuenta para su investidura presidencial con las simpatías de la CUP, que se ha convertido en una pieza clave del rompecabezas independentista.

Desde la celebración de las elecciones autonómicas, el partido soberanista de extrema izquierda ha rechazado el nombramiento presidencial de Mas en dos ocasiones por su perfil derechista y su responsabilidad en los recortes económicos como máximo responsable de la Generalitat.

En una tercera oportunidad, la CUP tiene que decidir antes del 10 de enero de 2016 si da luz verde a la presidencia de Mas, que necesita el respaldo del partido izquierdista para sumar en el Parlamento local más votos a favor que en contra y evitar que encalle el proceso soberanista.

Junts pel Sí y la CUP están negociando a marchas forzadas.

A cambio de su apoyo, el partido antisistema pretende conseguir que Mas implemente desde la Presidencia de la Generalitat políticas sociales y económicas que favorezcan a los sectores más vulnerables de Cataluña, que resultaron especialmente perjudicados por la crisis económica que se instaló en España en 2008.

En el caso más extremo de que naufragara de nuevo la investidura, Mas tendría que convocar elecciones anticipadas en 2016.

UN CIUDADANO SIN HOGAR duerme en la puerta de un banco en Barcelona. España arrastra una grave crisis económica desde 2008, por ello han surgido movimientos sociales encaminados a cambiar el modelo económico y productivo. FOTO: LLUIS GENE/AFP

Sobre la falta de apoyo exterior a la causa independentista, las fuerzas soberanistas catalanas esperan que la comunidad internacional reaccione positivamente ante los hechos consumados.

“La diplomacia internacional no se ocupa de dar apoyo a los procesos independentistas. Por definición los Estados son conservadores porque quieren conservar sus fronteras, por lo que ese tipo de desarrollos normalmente no son bien vistos, lo que no significa que a la hora de verdad, si el proceso fructifica, la comunidad internacional siempre acepta los hechos consumados”, asegura Alfred Bosch, exdiputado y portavoz municipal del partido independentista Esquerra Republicana (ER) en el Ayuntamiento de Barcelona.

Mientras en el orden local las fuerzas independentistas catalanas cuentan con una clara mayoría en las urnas, en el resto del Estado español el mapa es muy distinto, ya que los grandes partidos ibéricos se muestran radicalmente contrarios al proceso separatista.

El gobernante PP y el partido de centro derecha Ciudadanos rechazan de plano cualquier iniciativa soberanista por considerarla anticonstitucional.

Por su parte, la principal formación opositora, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), reprueba también el proceso independentista, aunque propone un modelo federal para el país ibérico.

El antiliberal Podemos, que canaliza el sentimiento de los indignados, e Izquierda Unida son los únicos partidos significativos que, desde la izquierda radical y a escala estatal, apoyan un referendo de autodeterminación en Cataluña.

Para alcanzar un acuerdo que evite la ruptura entre Madrid y Barcelona se tendrían que cumplir cuatro condiciones, según Ferrán Requejo, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Pompeu Fabra.

La primera, que hubiera un reconocimiento formal y explícito en los textos legales de la realidad nacional catalana diferenciada.

En segundo lugar, que hubiera un nivel de autogobierno similar al de los países más descentralizados, como el canadiense o el belga, y que ese autogobierno estuviera bien protegido judicialmente.

Tercera, que hubiera un tipo de financiamiento resuelto con algún modelo de federalismo para que no se produjera el escandaloso déficit fiscal que existe en este momento.

Por último, tendría que haber unas garantías formales, aunque sea con control internacional, de que los acuerdos sobre los tres puntos anteriores se van a respetar.

“Tendría que haber garantías de que si no se cumplen estas cuatro reglas, Cataluña tendría derecho a la secesión. Sin embargo, la cultura política española está muy distante de plantear cualquiera de estos cuatro puntos, por lo que en mi opinión están dinamitados los escenarios intermedios”, asegura el académico luego de precisar que Cataluña ha recibido un maltrato histórico en el orden institucional.

El pulso que mantiene la Generalitat con el gobierno central se acentuó el pasado 9 de noviembre, cuando el Parlamento catalán aprobó una declaración de independencia que activaba el proceso de desconexión con España.

La iniciativa fue impugnada de nuevo por el gobernante PP ante el TC, que decidió anular por unanimidad de sus once magistrados la resolución independentista de la Cámara regional.

En uno de los fallos más rápidos de su historia, el Constitucional dejó sin efecto el 2 de diciembre el texto aprobado por los diputados de Junts pel Sí y la CUP, que trazaba el camino para distanciarse de España.

El Alto Tribunal considera que tanto la resolución independentista como su anexo vulneran cinco preceptos de la Constitución española y dos del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

En la batalla política y judicial que libran independentistas y “españolistas” nadie está dispuesto a ceder. El PP reitera que no aceptará ningún amago soberanista por ser ilegal y tampoco acepta negociar con los separatistas catalanes que insisten en llevar a cabo la ruptura con España en los próximos meses, luego de advertir que la sentencia del Constitucional no altera el proceso soberanista.

EL PRESIDENTE DE CATALUÑA, Artur Mas, desafió al gobierno español de Mariano Rajoy con la convocatoria de un referendo de autodeterminación para que los catalanes se pronunciaran sobre su futuro político. En la imagen, la campaña electoral de Rajoy.FOTO: JOSEP LAGO/AFP

“El reto independentista es anticonstitucional y rompe la nacionalidad más antigua de Europa, por lo que estamos absolutamente en contra”, señala Pedro Gómez de la Serna, diputado del PP y portavoz de la Comisión Constitucional en el Congreso.

“Para reconducir la situación tiene que volver la racionalidad, porque Artur Mas ha destruido el catalanismo político. No se puede plantear una ruptura unilateral con un apoyo que no es mayoritario en la sociedad catalana, eso no lo vamos a tolerar”, indica el político de la derecha española.

Las espadas se mantienen en alto a las puertas de las elecciones generales del 20 de diciembre en las que los dos grandes partidos independentistas catalanes estarían presentes en el Parlamento español, ya que obtendrían entre quince y veinte diputados.

La última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), organismo dependiente del gobierno, señala que las grandes formaciones soberanistas catalanas, la derechista Democracia y Llibertat (antigua Convergencia i Unió, CiU) y la izquierdista ER, obtendrían nueve y siete curules, respectivamente, en el Congreso de los Diputados de España.

A pesar de esta presencia soberanista en la máxima Cámara Legislativa del país, los pronósticos sobre los resultados generales de las próximas elecciones no favorecen una salida negociada al conflicto independentista.

La encuesta del CIS anticipa que el gobernante PP volverá a ganar los comicios en España con el 28.6 por ciento de los sufragios, algo que dan por hecho todos los sondeos.

El organismo oficial otorga a Ciudadanos, liderado por Albert Rivera, un empate técnico con el PSOE, encabezado por Pedro Sánchez. La formación que comanda Rivera tiene una estimación del 19 por ciento y la de Sánchez, un 20. 8 por ciento. Ambas fuerzas disputarían estrechamente la segunda posición electoral que se adjudican por turnos, dependiendo de las encuestas.

Al partido de Pablo Iglesias, Podemos, que se presenta en coalición con otras marcas en varias comunidades, se le concede una estimación de voto del 15.8 por ciento.

Mientras la práctica totalidad de las encuestas coinciden en el triunfo del PP, ninguna de ellas prevé una victoria en solitario del PSOE, Ciudadanos o Podemos; ni siquiera por la mínima.

No obstante, los sondeos coinciden en señalar que las elecciones serán reñidas y que ningún partido obtendrá una clara mayoría el 20 de diciembre en la Cámara Legislativa española integrada por 350 diputados, por lo que se impondrían los pactos entre algunas de las formaciones más votadas para facilitar la investidura presidencial.

En este sentido, y con un Parlamento fragmentado como el que se anticipa, todas las opciones de negociación están abiertas, incluso la posibilidad de que el PSOE, Ciudadanos y Podemos establezcan un tripartito contra el PP.

Aunque los partidos no han revelado sus intenciones, una de las hipótesis que más se barajan es la de un virtual acuerdo entre los máximos representantes de la derecha española, PP y Ciudadanos, que juntos superarían la barrera de la mayoría absoluta establecida en 176 diputados.

Esta alianza de los dos partidos conservadores que, según los expertos, sería la más viable, reforzaría aún más la intransigencia del gobierno de Madrid hacia el proceso independentista catalán.

Ciudadanos y PP defienden a ultranza la unidad territorial de España y consideran anticonstitucional cualquier amago soberanista, aunque Rivera se muestra más favorable al diálogo que Rajoy.

“Los sectores más proclives al independentismo no esperan nada positivo de las elecciones españolas. Una alianza entre PP y Ciudadanos puede incluso empeorar las cosas en el sentido de más cerrazón y seguir imponiendo la legalidad a la realidad”, advierte el catedrático Ferrán Requejo.

“Se va a mantener la tensión política durante los próximos meses con el gobierno central, porque tampoco se espera ningún tipo de cambio en relación con la cuestión catalana. También se van a producir actos de desobediencia que acrecentarán la tensión. El gobierno seguirá reprimiendo la opción del referendo y los soberanistas catalanes se plantearán, si no hay referendo, proclamar la independencia de manera unilateral. Son lógicas totalmente contrapuestas”, pronostica el politólogo.

En cualquier caso, y mande quien mande en España tras las elecciones, el futuro de Cataluña seguirá siendo una de las grandes asignaturas pendientes. Y aprobarla no será una tarea fácil para nadie, más allá de lo que suceda en las urnas ibéricas este 20 de diciembre.