La titular de la Procuraduría General de la República (PGR),
Arely Gómez, sostuvo en el Senado que el caso Iguala no está cerrado; anunció
que se han abierto ‘‘otras líneas de investigación’’ en las que se ha
identificado a más autores materiales de la desaparición de los 43 estudiantes
de la Normal Rural de Ayotzinapa y reveló asimismo que se llevará a cabo un
tercer peritaje en el basurero municipal de Cocula.
Se trata, detalló, de un grupo colegiado en el que
participarán siete expertos de cinco países y José Luis Torero, el perito al
que acudió el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) –quien sostuvo que en el basurero de Cocula no pudieron
incinerarse los cuerpos de los 43 normalistas–, con la finalidad de contar
‘‘con elementos científicos y técnicos para que podamos saber’’ lo que ocurrió
el 26 y 27 de septiembre del año pasado en ese lugar.
Durante su comparecencia ante el pleno del Senado, la
procuradora reveló asimismo que, en respuesta a la petición formulada por
‘‘muchas voces’’, remitió a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR el
expediente del caso Ayotzinapa, donde se integrará un grupo de trabajo para
atender la averiguación en una segunda etapa. El expediente, precisó, se hará
público y se podrá consultar en la página de Internet de la dependencia.
Informó además que, por instrucciones del presidente Enrique
Peña Nieto, ayer mismo, antes de acudir al Senado, firmó el acuerdo para crear
la fiscalía especializada de búsqueda de personas desaparecidas, que se
publicará mañana en el Diario Oficial de la Federación.
La titular de la PGR dio así respuesta a senadores de PAN,
PRD y PT, quienes cuestionaron la negativa del gobierno federal a aceptar las
recomendaciones y observaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) y le demandaron no cerrar el caso Iguala.
Ayotzinapa fue el tema que mayor espacio ocupó en las cinco
horas que duró el encuentro entre la senadora con licencia (hoy procuradora
general de la República) y sus antiguos compañeros. Arely Gómez aseguró que
asumió con ‘‘gran responsabilidad’’ las peticiones que le ha formulado el GIEI
y ha sido sensible a las diferencias entre el informe de los expertos y la
investigación que llevó a cabo su antecesor, Jesús Murillo Karam.
Congruente con ello, dijo –al responder a la senadora
independiente Martha Tagle–, es que se llevará a cabo un tercer peritaje en
torno al basurero municipal de Cocula, ya que tanto los estudios realizados por
la PGR, como los encargados a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
y al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) difieren del análisis realizado por
el experto José Torero, quien sostuvo que los cuerpos de los normalistas no
pudieron calcinarse en ese sitio la madrugada del 27 de septiembre.
Para los siguientes trabajos se convocó ya a siete expertos:
René Colsaca, de Canadá; Ursula Woodward, de Alemania; John Dinan, de Estados
Unidos; Antonio Del Amo Rodríguez, de España, y los mexicanos Enelio Torres
García, Mario Saldaña y Ricardo Damián Torres, que ya confirmaron su presencia,
precisó la titular de la PGR, quien insistió en que ha adoptado las
recomendaciones del GIEI y seguirá trabajando con ese grupo.
Los senadores Layda Sansores, del PT, y el perredista
Benjamín Robles hicieron notar a la funcionaria que el titular de la Agencia de
Investigación Criminal, Tomás Zerón, siempre estuvo en contra de ese tercer
peritaje y hasta la contradijo cuando ella aceptó llevarlo a cabo.
‘‘¡Despídalo! No sé para qué vino hoy’’, le pidió la legisladora petista.
La procuradora refirió también que, junto con los expertos,
la PGR llevará a cabo una inspección del ‘‘quinto autobús’’ relacionado con los
hechos de Iguala, para verificar si quedan indicios de que se hubiera transportado
droga en el mismo.
Hizo notar que la existencia de ese quinto camión sí consta
en la investigación que llevó a cabo la PGR, pero no se le dio tanta relevancia
porque los ocho normalistas que viajaban ahí pudieron escapar. La unidad,
sostuvo Gómez, está asegurada. Adelantó que no se ha podido comprobar la
hipótesis de que el vehículo fuera utilizado para el trasiego de heroína a
Chicago, ya que en la investigación que tienen en Estados Unidos no figura la
matrícula de ese transporte.
Igualmente, la procuradora expuso que se exhumará el cadáver
de Julio César Mondragón –el estudiante normalista asesinado en Iguala, a quien
desollaron y sacaron los ojos– para practicarle una tercera autopsia el próximo
4 de noviembre, en la que estarán presentes los forenses argentinos, con el
objetivo de determinar ‘‘si fue torturado’’.
Durante la comparecencia, los senadores se confrontaron por
la probable participación del Ejército en el caso Ayotzinapa. Las bancadas de
PRI, PVEM y PAN salieron en defensa de las fuerzas armadas, luego de que el PT,
en voz de Layda Sansores, criticó al secretario de la Defensa Nacional,
Salvador Cienfuegos, por oponerse a que los miembros del GIEI se entrevisten
con los integrantes del 27 batallón de infantería, con sede en Iguala, ‘‘pese a
que son claves en la desaparición de los normalistas’’.
Sansores San Román resaltó que al general Cienfuegos ‘‘lo
cubre un manto divino, pero es inmoral no contribuir al esclarecimiento de la
verdad’’. Preguntó a la procuradora Gómez si la PGR ha investigado en torno al
terreno que la Sedena donó al entonces presidente municipal de Iguala, José
Luis Abarca, ubicado frente a la sede del 27 batallón. Iba a ser ahí un centro
comercial, dijo.
De inmediato, el senador del PAN Javier Lozano, la priísta
Ivonne Álvarez y Carlos Alberto Puente, del PVEM, le exigieron respetar al
Ejército. ‘‘Ser oposición y hablar con la verdad no significa ser unos
majaderos y menos frente a instituciones de tanto respeto’’, advirtió Lozano
Alarcón, quien formuló un ‘‘público reconocimiento a la lealtad de las fuerzas
armadas’’.
Los priístas enviaron desde tribuna un mensaje al general
Cienfuegos: ‘‘Le queremos decir que vamos a aprobar las leyes que necesita el
Ejército para facilitar su trabajo’’, recalcó la senadora Alvarez.
Por su parte, la procuradora se refirió una sola vez a ese
tema. A pregunta expresa comentó que todo el mes de agosto pasado recabaron
declaraciones de otros ocho soldados del 27 batallón que estaban en activo
durante ‘‘la barbarie’’ de Iguala y se han ampliado también declaraciones.
Agregó que está ‘‘en la mejor disposición’’ y también el
secretario de la Defensa, para que, a través del Ministerio Público, los
expertos puedan hacer sus preguntas a los militares del 27 batallón de
infantería.
Dijo finalmente que los esfuerzos de la PGR continuarán
‘‘hasta que el último responsable de esos crímenes sea consignado y rinda
cuentas ante la justicia’’.
(Con información de La Jornada)
