En seis años, el Ejército Mexicano disminuyó en 64.42 por ciento el número de efectivos asignados al combate a la delincuencia en Hidalgo, al pasar de mil 122 militares distribuidos en el territorio hidalguense, en 2009, a 388 que fueron asignados para este 2015.

La presencia de soldados, que, además de implementar estrategias militares para enfrentar al crimen organizado, resguarda dos “instalaciones estratégicas” del país establecidas en la entidad, disminuyó desde 2010, cuando sólo fueron asignados 700 elementos castrenses, lo que representó 37.62 por ciento menos de soldados con respecto a 2009, reveló a Criterio la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en respuesta a una solicitud de información (0000700095715).

La cifra de 700 militares que, especifica la Sedena, tuvieron entre sus tareas la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (lo que implica el aseguramiento de armamentos de uso exclusivo del Ejército), así como actividades para reducir los índices de violencia en el estado, se mantuvo hasta 2013.

Sin embargo, a partir de 2014 sólo fueron asignados 388 para las bases de operación mixta establecidas en el estado. La base de Tepeji, recién trasladada a Tula por la alta incidencia delictiva, según el comandante de la 18 Zona Militar, Sergio Barrera Salcedo, la componen 35 personas, 20 del Ejército (incluidos dos pelotones de fusileros) y 15 autoridades civiles.

Estos 388 efectivos, de acuerdo con la respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional, tienen la responsabilidad de cumplir con las mismas tareas que, en 2009, realizaban mil 122 militares: el resguardo de la refinería Miguel Hidalgo, de Petróleos Mexicanos (Pemex), y la central termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ambas ubicadas en Tula, además del combate al crimen organizado.

Las labores específicas del Ejército en Hidalgo son: “combatir integralmente el tráfico ilícito de drogas y la delincuencia organizada”, “garantizar la seguridad y operación de las instalaciones estratégicas y vitales del país”, y “aplicar con oportunidad el plan DNI-III-E en auxilio a la población civil”.

Según el informe de la Sedena, en 2006 fueron asignados al estado 772 elementos castrenses, y en 2007 aumentó a mil 122, cifra que se mantuvo hasta 2009.