En Estados Unidos
viven aproximadamente 11 millones de
personas sin documentos de estancia legal. Administraciones van y vienen y
republicanos y demócratas no han logrado ponerse de acuerdo en una reforma
migratoria que regularice su situación.
La acción ejecutiva
del presidente Barack Obama, que pretendía proteger de la deportación a casi
cinco millones de esos inmigrantes, está en el limbo desde que, en febrero, un
juez federal tejano ordenó congelarla a petición de 26 estados gobernados por
republicanos.
Mientras el gobierno
apela la decisión, surgen medidas draconianas que en vez de encontrar
soluciones plantean ridículos. Recientemente el Comité Judicial de la Cámara de
Representantes de Estados Unidos aprobó una medida que básicamente convertiría
en delincuentes a los 11 millones de indocumentados y, por supuesto, entre esos
potenciales delincuentes hay millones de niños.
Es la más dura
propuesta desde 2013, cuando se planteó el Acta de Reforzamiento y
Fortalecimiento de la Aplicación de la Ley, (SAFE ACT por sus siglas en inglés).
Ahora corregida y aumentada, incluye más
penalidades, más detenciones y fuertes
presiones a los estados para obligarlos a ejercer la ley, bajo amenaza de
cortarles algunos fondos federales, por ejemplo para emergencias. Defensores de
los inmigrantes ya han bautizado la propuesta como “el acta integral de deportación masiva”.
Por ahora no se sabe
qué pasara con la dictatorial propuesta, pero veamos los escenarios del
absurdo. Si los estados cumplen la ley llegaría al punto en que deberían deportar
o encarcelar a millones. Para darnos una
idea, el universo de personas sin documentos en Estados Unidos, que ya dijimos
es alrededor de 11 millones, rebasa la población de la ciudad de Nueva York, de
casi ocho millones y medio de personas, o del condado de Los Ángeles con poco más
de 10 millones. ¿En qué cárceles se les podría poner cuando ya los centros de
detención de inmigración están rebasados y las cárceles federales y estatales
en muchos casos están sobrepobladas?
¿Multarlos? Considerando
que no se les permitiría trabajar, obviamente no tendrían dinero con qué pagar,
entonces ¿cómo se les castigaría? Seguramente los caminos regresarían a la teoría
de la prisión o la deportación.
Como ya vimos, el
encarcelamiento no es viable a gran escala, así que analicemos la posibilidad
de las deportaciones masivas.
Humanamente sería una
tragedia, desgarrarían familias al separarlas, dejarían a niños prácticamente
huérfanos al arrancarlos de sus padres y convertirían en extranjeros a cientos
de miles al volver al país que les vio nacer, pero en el que no han vivido porque
crecieron y echaron raíces en Estados Unidos.
Económicamente es
inconcebible, costaría una fortuna, y deportar a 11 millones, se estima, tardaría
por los menos dos décadas.
Según un reciente
reporte del ‘American Action Forum’ (AAF), el proceso podría alcanzar los 300 000
millones de dólares, incluyendo el costo de los arrestos, y asegurar que otros
indocumentados no entren al país costaría otros 315 000 millones.
Pero eso no es todo:
deportar a los 11 millones de inmigrantes, afirma este estudio, reduciría en
6.4 por ciento la fuerza laboral y, en consecuencia, la economía se reduciría
un 6 por ciento.
Y sigamos sumando
porque, más allá de la inversión necesaria, miles de millones de dólares
terminarían prácticamente deportados. Aunque algunos critiquen las cifras, la
realidad es que los indocumentados también contribuyen a la economía de Estados
Unidos. Según el Congreso, más de la
mitad paga impuestos, y de acuerdo con el Instituto de Impuestos y Políticas Económicas
(ITEP), en el año 2010 pagaron más de 11 000 millones de dólares en impuestos
estatales y locales, incluyendo aquellos a la propiedad privada, ventas e
ingresos personales, por lo tanto, sacar a los indocumentados del país es sacar
esas jugosas cifras. Seguramente algunos intentarán hacer apresuradas matemáticas,
sobre lo que creen que el país se ahorraría en servicios ofrecidos por el
gobierno para esos indocumentados, pero no deben adelantarse porque por ley, los
programas federales, exigen prueba de estancia legal en el país para otorgar la
ayuda y, por ende, los indocumentados no son quienes los aprovechan.
Ni a la cárcel, ni
deportados, 11 millones de personas simplemente esperan a que se acaben las
sinrazones, y muy pronto los políticos de la nación más poderosa del mundo logren
ponerse de acuerdo para beneficio de todos.
