La Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó la ejecución masiva de 81 personas en Arabia Saudita acusadas de terrorismo.

Entre las personas decapitadas el 12 de marzo, 41 pertenecían a la minoría chiíta y habían participado en las protestas antigubernamentales de 2011-2012 para pedir una mayor participación política. Otros siete eran yemeníes y uno era de nacionalidad siria.

Michelle Bachelet aseguró que algunas de las personas ejecutadas fueron condenadas a muerte tras juicios que no cumplían las garantías de un proceso justo.

“La ejecución de penas de muerte tras juicios que no ofrecen las garantías de un juicio justo está prohibida por el derecho internacional y el derecho humanitario. Y puede constituir un crimen de guerra”, sostuvo la Alta Comisionada.    

Las ejecuciones del sábado, solo en un día, superan el total de 67 ejecuciones que, según se informa Bachelet, tuvieron lugar en todo 2021. 

“Nuestra supervisión indica que algunos de los ejecutados fueron condenados a muerte después de juicios que no cumplían con las garantías de un juicio justo y del debido proceso. Y por delitos que no parecían cumplir con el umbral de delitos más grave, como exige el derecho internacional. 

“También me preocupa que algunas de las ejecuciones parezcan estar relacionadas con el conflicto armado en curso en Yemen”, dijo Bachelet. 

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“La pena de muerte es incompatible con los principios fundamentales de los derechos humanos y la dignidad, el derecho a la vida y la prohibición de la tortura. 

“No proporcionar a los familiares información sobre las circunstancias de las ejecuciones puede equivaler a tortura y malos tratos. Las autoridades deben devolver los cuerpos de los ejecutados a sus familias”.

Me preocupa, dijo Bachelet, que la legislación saudí contenga una definición extremadamente amplia de terrorismo. Incluidos los actos no violentos que supuestamente “peligen la unidad nacional” o “socavan la reputación del Estado”. 

“Esto corre el riesgo de criminalizar a las personas que ejercen sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica”.

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A pesar de un alejamiento mundial de la pena de muerte, Arabia Saudí se encuentra entre los 38 países que siguen aplicándola. 

“Pido a las autoridades saudíes que detengan todas las ejecuciones. Así como establecer inmediatamente una moratoria sobre el uso de la pena de muerte y conmuten las sentencias de muerte contra los condenados a muerte”.

Bachelet también instó a las autoridades saudíes a que armonizan plenamente las leyes antiterroristas del país con las normas internacionales. N

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